El superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, y la superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro Muñoz, dieron a conocer nuevos hallazgos relacionados con recursos de la salud de la EPS Coosalud y anunciaron una alianza estratégica con los organismos de control para investigar el destino y los movimientos contables por 434.000 millones de pesos.
Al respecto, en lo que denominó el segundo capítulo en el caso Coosalud, el superintendente Rubiano dijo que los contadores de la EPS intervenida evidenciaron nuevas deudas por 229.750 millones de pesos entre Coosalud Inversa y la EPS, y que comprometerían recursos de la salud.
En tal sentido, aseguró que esta cifra se suma a la ya revelada hace 15 días por la propia Supersalud, por 206.000 millones, con lo cual el monto de cuentas por investigar en este caso asciende a 434.000 millones de pesos.
Sobre el particular, Rubiano dijo que este monto de recursos hubiera alcanzado para pagar la diálisis o terapia de reemplazo renal a 30.000 personas; las cirugías de mediana complejidad a 60.000 personas; los tratamientos de quimioterapia para 50.000 niños y adultos. También, la atención anual de 5.000 pacientes con VIH; y, 500.000 consultas por especialistas. “Todo esto hace la diferencia entre la vida y la muerte”.
En ese sentido, reiteró al agente interventor de la EPS Coosalud para buscar la recuperación de recursos que deberían ser para el beneficio de los afiliados, así como compulsar copias de los hallazgos a los órganos de control que tienen que ver con la ruta de estos recursos y cerrar esa llave para evitar que sigan saliendo.
Durante su presentación Rubiano subrayó que uno de los casos más indignantes tiene que ver con un préstamo hecho este año por la EPS a Coosalud Inversa para la compra de una casa por 10.000 millones de pesos, con el fin de usarla en un proyecto coworking. El hallazgo documentado es que este inmueble se terminó arrendando a la misma EPS por un canon mensual de 1.000 millones de pesos.
“Parece que esta pesadilla no termina y que las circunstancias adversas en el sector salud no tuvieran final. Resulta inadmisible e incomprensible que una EPS compre una casa con recursos de la salud y luego pague arriendo mensual a una empresa de su propio Grupo empresarial. Esto causa gran indignación y genera que hoy se unan estas superintendencias para investigar el destino de los recursos de la salud”, agregó Rubiano García.
A su juicio, se trata de un episodio lamentable del manejo de los recursos de la salud, particularmente cuando las EPS hablan de que no les alcanza la UPC que les da el Gobierno. Añadió que “nunca hablamos de la suficiencia y de la gestión de la UPC y de lo que significan esos recursos de la salud y de cómo impactan nuestra vida cotidiana”.
Por su parte, la superintendente Navarro se refirió a lo que denominó presuntas inconsistencias en los estados financieros y de pasivos por parte de la EPS Coosalud, de la cooperativa Coosalud y de las demás filiales de este grupo empresarial.
En ese sentido, señaló que la alianza estratégica entre las dos superintendencias buscará hacer un seguimiento riguroso a los recursos públicos manejados por esta EPS y llegar a conocer cuál es la realidad frente a los diferentes reportes presentados por estas empresas.
Navarro afirmó también que la información reportada por parte de la cooperativa a la Supersolidaria no es la misma que aparece reportada ante la Supersalud.
Otro aspecto alarmante es, según Navarro, el “posible riesgo de lavado de activos en la cooperativa Coosalud por más de 3.000 millones e inconsistencias en los reportes correspondientes”
Finalmente, los superintendentes afirmaron que están trabajando en conjunto con la red de controladores conformada por organismos de control como la Fiscalía General de la Nación para iniciar las investigaciones a que haya lugar.