Frente a más de 100 víctimas en Cali, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP presentó oficialmente la fase nacional del Caso 03: ‘asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado’.
Al respecto, en esta etapa procesal, la magistratura se concentra en analizar las máximas responsabilidades en la cadena de mando militar, enfocándose en zonas que no fueron incluidas en la primera etapa de la investigación.
Cabe destacar que, en la fase nacional, el Caso 03 verifica si los patrones macrocriminales ya determinados por la JEP en Antioquia, Norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare, Meta y Huila fueron replicados en otros territorios y si respondieron a factores comunes de alcance nacional.
Precisamente, como parte de esta etapa, las víctimas que no están en los seis territorios donde comenzó la investigación se podrán acreditar para participar en el proceso judicial.
Durante un encuentro dialógico restaurativo, el magistrado Óscar Parra Vera y el despacho del magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, correlatores del Caso 03 en el Valle del Cauca, se refirieron al impacto que ha tenido la verdad hallada por la JEP en el marco de esta investigación.
En tal sentido, detallaron, por ejemplo, cómo el proceso ha permitido esclarecer las circunstancias que rodearon los hechos, las características y el modus operandi de los crímenes cometidos por miembros de la III División y la III Brigada del Ejército Nacional que operó en el Valle del Cauca.
Acreditarse para participar en la fase nacional del Caso 03, les otorga a las víctimas del Valle del Cauca garantías en los procesos judiciales de la JEP. Judicialmente se les reconoce su estatus de víctimas y esto les permite participar de las audiencias, interponer recursos y presentar observaciones a lo que digan los comparecientes de la Fuerza Pública.
De acuerdo con el Grupo de Análisis de la Información (GRAI), entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016, en el Valle del Cauca se registraron 307 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. De ese total, 223 ocurrieron en Cali, El Cerrito, Buenaventura, Cartago, El Dovio, Tuluá, Riofrío y Zarzal.
Los informes presentados ante la JEP mencionan numerosos hechos presuntamente cometidos por la Fuerza Pública de manera directa o a través de alianza con grupos paramilitares.
Por los crímenes documentados por la JEP en este departamento del suroccidente del país, este año la Sala de Reconocimiento llamó a versión a 12 exintegrantes de la Fuerza Pública, incluyendo a excomandantes de la III División y de la III Brigada del Ejército Nacional, así como del Gaula del Ejército que operaron allí.
Entre los llamados a versión está: el General (r) Hernando Pérez Molina, excomandante de la III División; el mayor (r) Juan Carlos Rodríguez Agudelo, conocido como ‘Zeus’; el coronel (r) Bayron Gabriel Carvajal Osorio, excomandante del Batallón de Alta Montaña en Cali; el coronel (r) Jorge Enrique Florián Díaz, exoficial operativo del Gaula – Valle; el mayor (r) Alirio Antonio Ureña Jaramillo; el mayor (r) Mauricio Ordóñez Galindo, exoficial del Gaula en el Valle del Cauca.
Así mismo, para hacer un estudio integral de los hechos, la investigación se realiza de manera coordinada con los Casos 05 que priorizó los hechos del conflicto armado ocurridos en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca y el Caso 09 que investiga los relacionados con comunidades étnicas en los municipios de Buenaventura, Dagua y Pacífico Medio
De acuerdo con las organizaciones de víctimas que presentaron informes ante la JEP, los casos de violaciones de derechos humanos presentados en el norte del Valle del Cauca pueden guardar una relación con los grupos criminales locales, como el Cartel del Norte del Valle, quienes, según los relatos, en algunas ocasiones suministraban los cuerpos de las víctimas asesinadas, como personas dadas de baja en combate por la Fuerza Pública.
Sobre la fase de investigación nacional
En los últimos meses, el magistrado Óscar Parra Vera, correlator del Caso 03, ha recibido las versiones de tres mayores generales que tuvieron, entre otros, el cargo de Inspectores Generales tanto del Ejército como del Comando General de las Fuerzas Militares.
Además, el magistrado ha realizado las declaraciones juradas de seis testigos que podrían tener información valiosa para la investigación, incluyendo las del ex viceministro de Defensa Andrés Mauricio Peñate Giraldo, tres exdirectores de derechos humanos del Ministerio de Defensa, el exdirector del Programa Presidencial para los Derechos humanos, Carlos Franco y el exrepresentante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Cristian Salazar Volkmann.
Aquellos miembros de la Fuerza Pública respecto de quienes la Sala ha recibido información de su posible involucramiento o que puedan tener información sobre estos crímenes y no hayan sido llamados ante la JEP, pueden ser citados a comparecer ante la Jurisdicción en esta fase nacional.