La directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, ADJE, Marta Lucía Zamora, anunció que en un mes Colombia tendría las sentencias y decisiones de las autoridades de Estados Unidos contra el Grupo Aval y Corficolombiana, en el caso de sobornos de Odebrecht, para dar trámite a un proceso sancionatorio en el país.
“Dada la gravedad de las conductas y la afectación económica al país, se hace la solicitud formal, a través de los canales diplomáticos, para iniciar el trámite ante las Cámaras de Comercio y la Superintendencia de Sociedades”, aseguró la funcionaria, quien recordó su pedido al canciller Álvaro Leyva de pedir dichas pruebas.
De igual manera, la funcionaria reiteró que “si la Superintendencia de Sociedades aplica un procedimiento sancionatorio esto llevaría a la suspensión y pérdida permanente de los contratos de estas empresas con el Estado”.
Así mismo, la directora de la ADJE manifestó que “Colombia tiene una legislación muy importante para el seguimiento de este tipo de decisiones proferidas en el exterior. Y es una función de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por disposición del Decreto 1358 de 2020, solicitar la inhabilidad sobreviniente que pueda llevar a terminar los contratos de esas empresas con el Estado por corrupción”.
Cabe recordar que la justicia estadounidense, a través de la Securities and Exchange Commission (SEC, por sus siglas en inglés) multó a las empresas colombianas Grupo Aval y Corficolombiana tras el reconocimiento en ese país de dichos grupos de haber pagado sobornos en Colombia, para obtener la adjudicación de obras de infraestructura vial Ruta del Sol II.
“En materia de lucha contra la corrupción el soborno transnacional genera inhabilidades, en este caso administrativas, y por esta razón se solicita formalmente el fallo para poder dar inicio al trámite ante las Cámaras de Comercio y la Superintendencia de Sociedades”, enfatizó Zamora.
Igualmente, Zamora recordó que, en caso de ser sancionadas, estas compañías estarían inhabilitadas de manera permanente para contratar con el Estado. “Es una inhabilidad permanente, recordemos cómo en la comunidad internacional, especialmente el soborno transnacional y los actos de corrupción tienen sanciones muy fuertes e inhabilidades permanentes”.
La directora de la entidad que protege a Colombia en materia jurídica también destacó que la legislación interna permite que toda prueba judicial que proviene de autoridades extranjeras pueda ser consideradas como tales por la justicia del país.
“Toda nuestra legislación trae artículos especiales en las cuales se consagra la validez de una prueba proveniente del exterior. Si bien la Fiscalía tiene toda la competencia para realizar el intercambio probatorio, en materia administrativa nuestra legislación también”, puntualizó.
Además, la directora Zamora explicó que por los casos de conglomerado económico Aval y Corficolombiana, su despacho tramita la solicitud de fallos relacionados con la empresa extractora de carbón Drummond, por acciones que afectaron los recursos del Estado colombiano.
Vale recordar que tanto Corficolombiana como el Grupo Aval fueron acusadas y sancionadas en Estados Unidos de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). La SEC determinó que Corficolombiana, a través de su expresidente, José Elías Melo, y con el socio de la empresa conjunta, sobornó a funcionarios del gobierno de Colombia para obtener una extensión del contrato en la Ruta del Sol II.
En Colombia, el entonces Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, imputó cargos a Corficolombiana y al Grupo Aval por soborno, tráfico de influencias y acceso a información indebida, en septiembre de 2018.
En diciembre de 2016, Odebrecht, hasta entonces una firma de infraestructura en toda la región, firmó un acuerdo de culpabilidad con las autoridades judiciales de Estados Unidos, en el que confesó los sobornos.