Con el respaldo unánime de la plenaria, la Cámara de Representantes aprobó en último debate el Proyecto de Ley 281 de 2024 Senado, una iniciativa liderada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.
Sobre el particular, se resalta que la propuesta legislativa tiene como objetivo transformar estructuralmente el sistema judicial colombiano y garantizar una justicia más ágil, eficaz y centrada en las víctimas.
Al finalizar la sesión, el ministro (e) de Justicia y del Derecho, Augusto Ocampo, manifestó que “quiero reconocer el trabajo mancomunado de quienes tuvieron esta iniciativa legislativa. Se ha aprobado y es un avance crucial para acercar la justicia en términos de equidad y para que sean los ciudadanos quienes sientan la administración de justicia más cerca. Hoy gana la administración y gana Colombia”.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro, indicó que “la Corte estima que este es un proyecto de gran importancia para el país; es un proyecto que implica acercar la justicia al ciudadano, acelerar los tiempos de justicia y mejorar el sentido de justicia para los ciudadanos de este país”.
Entre tanto, el magistrado Gerson Chaverra agregó que “hemos tenido reuniones constructivas. Creemos que este articulado, como está diseñado, representa realmente la concreción de una justicia cierta, concreta y real”.
Esta iniciativa busca recuperar el espíritu original del sistema penal acusatorio. Su objetivo principal es descongestionar el sistema judicial colombiano, reducir los tiempos de respuesta de los procesos penales y evitar la prescripción de miles de casos, que ya suman más de 43.000 en los últimos años.
Actualmente, los fallos judiciales pueden tardar más de una década; con esta reforma, se busca que las sentencias se emitan en plazos entre uno y doce meses, generando, además, ahorros significativos para el Estado.
Igualmente, la iniciativa propone medidas como la reparación integral, la ampliación de beneficios por aceptación de cargos, incluyendo casos de flagrancia, y rebajas de pena en ciertos delitos, bajo condiciones específicas. También introduce el uso de pruebas anticipadas y fortalece el principio de oportunidad, permitiendo suspender términos procesales para evitar la prescripción.
Con esta aprobación, el proyecto avanza a conciliación en Cámara y Senado, y posteriormente a sanción presidencial para convertirse en una herramienta efectiva que descongestione el sistema judicial colombiano y garantice una justicia más ágil, oportuna y eficaz.