
El Grupo de Seguimiento al Auto 620 de 2017 de la Corte Constitucional, junto con el Grupo de Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) de la Consejería Comisionada para la Paz, lideraron la firma del Protocolo de Ingreso para Actividades de Desminado Humanitario con autoridades Indígenas del Pueblo Awá.
La iniciativa se da en cumplimiento de la misión de coordinación interinstitucional para la implementación y seguimiento del Plan Urgente de Reacción y Contingencia del Auto 620 de 2017 (PURC) a cargo de la Vicepresidenta de la República, Francia Elena Márquez Mina, para la garantía de derechos y la protección inmediata de los pueblos étnicos del Pacífico Nariñense.
La firma de este protocolo constituye un avance importante en la protección de los pueblos étnicos del pacífico nariñense, ya que por primera vez se llevará a cabo en Zonas con Factores de Inestabilidad (ZFI).
Asimismo, representa un paso significativo en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y en la recuperación de territorios afectados por la violencia en esta región del país.
“El día de hoy estamos generando una medida de protección fundamental para el pueblo Awá, haciendo posible la realización de tareas de desminado humanitario en zonas donde no están garantizadas todas las condiciones de seguridad, territorios donde precisamente se necesita más el desminado humanitario”, dijo Oscar Espitia, coordinador del Grupo de Seguimiento del Auto 620.
Igualmente, el funcionario aseguró que “esto ha sido posible por el trabajo del Grupo de Acción Integral contra Minas, la Instancia Institucional de desminado humanitario, por la voluntad de organizaciones de desminado como CCCM y DRC, y especialmente por la determinación del pueblo Awá en este caso particular, en un ejercicio de gobierno a gobierno”.
Inicialmente, este protocolo se aplicará en ocho resguardos priorizados del departamento de Nariño: Resguardo Sangulpi Palmar; Resguardo Piedra Sellada Quebrada Tronqueria CCCM; Resguardo Gran Rosario DRC; Resguardo Indígena Gran Sábalo; Resguardo Cuayquer de Alto Albí DRC; Resguardos Hojal la Turbia; Resguardo Santa Rosita; Resguardo Kejuambi Feliciana.
Al respecto, Andrés Goyeneche, coordinador del Grupo AICMA, manifestó que “el desminado humanitario comienza en los territorios del pueblo indígena Awá como parte de la implementación del estándar Nacional de desminado humanitario en zonas con factores de inestabilidad en materia de seguridad y atención de eventos puntuales relacionados con artefactos explosivos, como parte de la estrategia del Grupo AICMA de la Consejería Comisionada de Paz para atender a las comunidades más afectadas por esta problemática”.
El documento firmado en el municipio nariñense de Llorente, junto con autoridades indígenas del Pueblo Awá, establece directrices claras para asegurar que las operaciones de desminado humanitario respeten la cosmovisión, tradiciones y autonomía de esta comunidad indígena.
El proceso se desarrolló con la participación activa de las comunidades, en coordinación con la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA) y las organizaciones de desminado humanitario (ODH): la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM) y el Danish Refugee Council (DRC).
“Con el permiso de la Madre Tierra y el consejo de los mayores, se dará inicio al desminado humanitario en zonas puntuales del territorio Awá, no solo para retirar explosivos, sino para sembrar vida donde antes hubo miedo”, sostuvo Claudia Cardozo, Asesora del grupo AICMA – componente de enfoques transversales.
Las actividades se realizarán bajo los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, incorporando además el respeto por la autonomía indígena, el derecho a la vida y el consentimiento informado.
El protocolo contempla:
➢ Participación directa del pueblo Awá, líderes y lideresas, para integrar los equipos de desminado humanitario.
➢ Incorporación de prácticas de armonización y medicina ancestral, fundamentales para el equilibrio espiritual del territorio.
➢ Educación en el riesgo de minas en lengua Awapit, con materiales pedagógicos diseñados con enfoque diferencial y de género.
➢ Acceso a información, transparencia y veeduría comunitaria, con un rol destacado para la Guardia Indígena.
➢ Coordinación logística y contratación de servicios locales, promoviendo el desarrollo económico en los resguardos.
En tal sentido, se anunció que la Vicepresidencia de la República, a través del Grupo de Seguimiento al Auto 620 de 2017, y el Grupo AICMA de la Consejería Comisionada para la Paz, realizarán seguimiento a la implementación del Protocolo en el marco del cumplimiento de las órdenes del Auto 620 de 2017 de la Corte Constitucional.
Así, el proceso de Paz Territorial hoy en Nariño, avanza de manera integral con acciones claras y concretas que permita la transformación del territorio, con condiciones para la vida, la seguridad y el desarrollo como pilares fundamentales del camino hacia la Paz Total.