Con el objetivo de proteger la fauna silvestre, que por estos días se ve amenazada en varias regiones del país, la Secretaría de Ambiente realiza jornadas de sensibilización en la terminal de transportes del Sur, Salitre y el aeropuerto El Dorado, para que la personas que salen e ingresan a Bogotá conozcan la normativa ambiental colombiana y no extraigan, transporten, consuman o compren especies de fauna silvestre durante la Semana Santa.
“Les recordamos a quienes viajan a las regiones que no traigan animales silvestres, esta práctica afecta gravemente a los ecosistemas y a las poblaciones de los especímenes que se trafican, es un delito y pueden acarrear multas. Aves, anfibios, reptiles, mamíferos… todos ellos son vida silvestre y no merecen ser traficados”, puntualizó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.
La Secretaría de Ambiente, en conjunto con la Policía Ambiental y Ecológica, estará realizando jornadas durante esta Semana Santa para que los ciudadanos tomen consciencia de la importancia de proteger las especies silvestres, no solo de Bogotá, sino de todas las regiones del país.
Semana Santa se ha convertido en una época de riesgo para la biodiversidad. En primer lugar, el consumo de carne de tortuga o iguana, por ser consideradas carne blanca, pone en riesgo a sus poblaciones, ya que son extraídas cruelmente de sus entornos naturales y; en segundo lugar, micos, loros, tortugas, aves, entre otros especímenes, son cazados para ser tenidos como mascotas.
La extracción de fauna silvestre trae consecuencias irreversibles en los ecosistemas: genera pérdida de biodiversidad, desequilibrio en las áreas naturales, afectación en el bienestar de los animales y, en ocasiones, extinción de las especies.
Por esto, la Secretaría de Ambiente hace un llamado especial a las personas que salen e ingresan a la ciudad durante esta Semana Santa se abstengan de extraer, comprar o tomar como mascota cualquier individuo de fauna silvestre.
La Ley 1333 de 2009 (proceso sancionatorio ambiental) contempla multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes y la restitución y/o la restauración del daño, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.