La Contraloría General de la República tiene identificados en el departamento de Nariño un total de 63 proyectos considerados como elefantes blancos u obras inconclusas y proyectos críticos, por un valor de $253.505 millones.
De estos, el 51% de los proyectos corresponden a elefantes blancos u obras inconclusas, por $121.067 millones de pesos.
Los proyectos críticos identificados en el diagnóstico ascienden a $132.438 millones de pesos, equivalentes al 49% del total. Para el ente de control, resulta preocupante el reporte de elefantes blancos y proyectos críticos del Sector Salud. Se trata de proyectos por $42.828 millones, en inversiones que no garantizan este derecho a los nariñenses.
Dichos proyectos incluyen IPS indígenas en Barbacoas y Tumaco y proyectos sin viabilidad como el hospital de El Charco y la segunda etapa del hospital de Ipiales.
La CGR estableció que el 10% del total de proyectos identificados como elefantes blancos en Nariño se encuentran en el municipio Tumaco y que el valor reportado de recursos invertidos representa el mismo porcentaje.
Con una inversión de $7.772 millones, el proyecto de viviendas para la reubicación de familias de alto riesgo de las veredas Candelillas, San juan Acotal, Vuelta de Cajapi, el Guabo, Miras, Palmas y Chinguirito es el que reporta la mayor cantidad de recursos.
El diagnóstico en este municipio incluye 3 proyectos catalogados como elefantes blancos u obras inconclusas, por un valor de $11.172 millones, y 3 identificados como críticos, por $14.405 millones.
En el marco de la estrategia “Compromiso Colombia”, la Contraloría General, a través de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, realizó acompañamiento a la ciudadanía nariñense en el seguimiento de la ejecución de 10 instituciones educativas del Fondo de Financiamiento para Infraestructura Educativa – FFIE, hasta su puesta en funcionamiento.
A la fecha, la CGR acompaña a la ciudadanía e el seguimiento a la terminación de la vía Junín – Barbacoas, cuyo tramo cuatro se encuentra en proceso de contratación.
Gracias a la labor conjunta con las veedurías ciudadanas, la Gobernación aceleró la liquidación de los contratos anteriores, suscribió los contratos para resarcir los daños y afectaciones causados a propietarios de predios aledaños y obtuvo los recursos para finalización y entrega de obra
236 procesos de responsabilidad fiscal por $137.441 millones
La Contraloría General de la República adelanta actualmente en el departamento de Nariño 236 procesos de responsabilidad fiscal, por una cuantía total de $137.441 millones. Para destacar los siguientes procesos referidos a proyectos relevantes.
El ente de control destaca el proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de la salud por parte de la EPS EMSSANAR, al vulnerar la normatividad que regula el flujo de recursos en el Sistema de Seguridad Social en Salud, al acudir al mecanismo de factoring como medio de pago de la prestación de los servicios de salud, cuya fuente es el porcentaje de gastos de administración en salud asignados a través de la Unidad de Pago por Capitación a esta EPS.
El proceso tuvo su origen en una Auditoria de Cumplimiento adelantada por la Gerencia Departamental de la CGR en Nariño, en la cual se evidenció que EMSSANAR S.A.S. asumió gastos financieros como resultado de operaciones de factoring con cargo a gastos administrativos que paga la Unidad de Pago por Capitación y que tienen destinación específica (coadyuvar en la prestación del servicio de salud). En desarrollo de esta actuación se decretaron medias cautelares.
De igual manera, la Contraloría adelanta proceso ordinario de responsabilidad fiscal, por presuntas irregularidades en la ejecución del Convenio interadministrativo No. GN1737-2013, para el desarrollo del proyecto denominado “Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y Democrática en Ciencia y Tecnología a través de la Investigación como Estrategia Pedagógica apoyada en TICs en el Departamento de Nariño”, suscrito entre el Departamento de Nariño y la Universidad de Nariño, por valor de $10.599 millones.
El proceso se originó en un hallazgo fiscal, configurado en desarrollo de Actuación Especial adelantada por la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías de la Contraloría General de la República, en el cual se determinó que el software desarrollado en cumplimento del convenio interadministrativo se encuentra “en un continuo desuso” y “no se recibieron los beneficios del proyecto”, toda vez que, la plataforma tecnológica nunca se implementó en las 750 instituciones educativas del Departamento de Nariño beneficiarias del proyecto, debido a que la misma fue jaqueada y toda la información fue encriptada, haciendo imposible su recuperación.
Adicionalmente, ninguno de los establecimientos educativos tuvo conectividad a internet para acceder a los contenidos pedagógicos de la plataforma, al no haberse puesto en línea dicha herramienta por parte de la Gobernación de Nariño. En desarrollo de esta actuación se vinculó a la compañía aseguradora para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.
Además, adelanta proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de la salud por parte de la EPS EMSSANAR, por incumplir las regulaciones emitidas para la contratación de servicios de salud por el mecanismo de pago por capitación, al aplicarse para el suministro de medicamentos con establecimientos farmacéuticos, contrariando así las disposiciones normativas para optar por esta modalidad de contratación en la compra de servicios de salud.
Se evidenciaron diferencias considerables entre los pagos realizados por la EPS y el valor de los medicamentos suministrados por los contratistas a sus afiliados, pagos que no guardan relación con el valor de los medicamentos entregados.
El proceso tuvo su origen en una Auditoria de Cumplimiento adelantada por la Gerencia Departamental de la CGR en Nariño en la que se evidenció que la diferencia entre el valor de los suministros y el valor pagado, bajo la modalidad de capitación, vulnera el adecuado manejo de los recursos parafiscales que se otorga a la Entidad Promotora de Salud. En desarrollo de esta actuación se decretaron medidas cautelares.
Así mismo, adelanta proceso ordinario de responsabilidad fiscal, por presuntas irregularidades presentadas en la ejecución del contrato de obra No. 003–L.P.2013 de 2013, cuyo objeto fue la “Construcción Distrito de Riego Paz Verde, Imués – Nariño Occidente” suscrito entre el Municipio de Imués – Nariño y el Consorcio Paz Verde Trece y Sergio Bastidas Olarte, por valor de $7.854 millones, y el contrato de interventoría No. 01 de 2014, celebrado con el Consorcio Riegos de Nariño, por valor de $306 millones.
Tuvo su origen en el hallazgo fiscal configurado en desarrollo en la Actuación Especial adelantada por la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías de la Contraloría General de la República, en el cual se evidenció que la obra se encuentra suspendida desde febrero de 2017, debido a la falta de permisos y legalización de servidumbre para la instalación de tuberías y la construcción de la bocatoma y desarenador, situación que afecta a 137 usuarios como beneficiarios del proyecto. En desarrollo de esta actuación se vinculó a la compañía aseguradora para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.
La Contraloría General de la República, igualmente, adelanta proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del Municipio de La Tola, en el cual se estableció que la administración municipal ordenó retiros bancarios en el año 2018, correspondientes a los movimientos de crédito y destinados a pagos a terceros, por un valor total de $4.488 millones.
El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en una Auditoria de Cumplimiento en la que se evidenció que no existen comprobantes de pago con los soportes, como contratos, Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDO), Registro Presupuestal (RP), comprobantes de egreso, órdenes de pago y demás documentos contractuales que amparen esos retiros.
En desarrollo de esta actuación se vinculó a las compañías aseguradoras para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio y se decretaron medidas cautelares.
Además, adelanta proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades presentadas en la ejecución del contrato de construcción de viviendas No. CNT-2017-146, cuyo objeto fue “la construcción de 95 viviendas unifamiliares de interés prioritario (VIP) mediante régimen de propiedad horizontal, con su respectivo urbanismo y la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)”.
Este contrato fue suscrito entre COMFENALCO VALLE DE LA GENTE Y LA UNIÓN TEMPORAL CANAL ETERNIT, por valor de $4.799 millones, de los cuales so cancelaron $4.406 millones.
El proceso se originó en una denuncia ciudadana que dio lugar una visita especial por parte de los funcionarios de la Contraloría General de la República, en la que se evidenció la construcción de 6 Bloques, 5 pisos y 4 apartamentos por piso, para un total de 20 apartamentos por bloque y 100 apartamentos construidos.
Sin embargo, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) no se encuentra instalada, ni el descole a la quebrada La Fragua, motivo por el cual a la fecha no se ha realizado la entrega de las soluciones de vivienda a los beneficiarios y las torres de apartamentos construidas se encuentran en estado de abandono. En desarrollo de esta actuación se vinculó a las compañías aseguradoras para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.
Por otra parte, la Contraloría adelanta proceso ordinario de responsabilidad fiscal, por presuntas irregularidades encontradas en la gestión de recursos del Sistema de Salud por parte de la EPS-I MALLAMÁS.
El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en una Auditoría de Cumplimiento donde se evidenció que la EPS-I MALLAMÁS pagó anticipos para obtener servicios de salud para sus afiliados, sin realizar un seguimiento oportuno, adecuada conciliación y depuración al cierre de cada vigencia para solicitar su reintegro.
Así mismo, la Contraloría constató que se prestaran los servicios requeridos, lo que a la postre generó la imposibilidad de que estos dineros se amortizaran y legalizaran contablemente o en su defecto se accediera a las devoluciones por servicios que no se prestaron. En desarrollo de esta actuación se vinculó la compañía aseguradora con el fin de garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.
Otros tres procesos relevantes están relacionados con proceso de responsabilidad fiscal por $3.887 millones, por irregularidades en la construcción del Hospital ID IPS Municipal, en el municipio de Ipiales; proceso de responsabilidad fiscal por $3.157 millones, por irregularidades en la construcción del puente metálico colgante sobre el río Guaitara, en el municipio de Sandoná; y proceso de responsabilidad fiscal por $3.091 millones, por irregularidades en la construcción del Centro Cívico Municipal Turístico Piedra de Bolívar, corregimiento de Bomboná, municipio de Consacá