La temporada de lluvias, que se ha sentido en todo el territorio nacional, prendió las alarmas en la Represa El Cercado, ubicada en el norte del departamento de La Guajira, por los niveles que han alcanzado las aguas allí almacenadas.
Por ello, con el fin de conocer de primera mano la real situación, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riego de Desastres, UNGRD, Olmedo López Martínez, y su equipo de trabajo, visitaron la presa.
“No ha alcanzado aun el vertedero. En el 2017, cuando la represa alcanzo el vertedero, de manera controlada, salieron 120 m3 adicionales a los 30 que están saliendo actualmente. Ese ha sido el año más crítico que ha tenido. Hoy está tranquila la represa”, comentó López Martínez.
Cebe señalar que la represa tiene una capacidad de almacenamiento de 198 millones de m3, la surte el río Ranchería, que nace en la Sierra Nevada. Fue construida con el objetivo de llevar agua a nueve municipios (Distracción, Fonseca, Manaure, Uribia, Maicao, Hato Nuevo, Barrancas, Albania y San Juan del Cesar); de generar energía; de surtir de agua los distritos de riego Rancherías y San Juan del Cesar; y para el riego de cultivos de la región, como arroz y palma.
“El proyecto fue trazado para llevar agua a nueve municipios. En el proyecto anterior, el de otros gobiernos, se priorizaba el manejo del agua en la Agencia de Desarrollo Rural, es decir, en el riego, en regar y el agua que sobrara, simplemente que se arrojara al mar, como se está haciendo hoy”, explica el director de la UNGRD.
Actualmente, la represa El cercado está bajo la administración de la Agencia de Desarrollo Rural, entidad adscrita el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. De manera contralada, libera 30 m3 de agua/s, que llegan al río y, por ende, al mar.
“Lo que sí lamentamos, realmente desde la UNGRD, es que estamos llevando agua potable en carrotanques a los territorios dispersos, a las rancherías dispersas del departamento de La Guajira, a las comunidades Wayuu, mientras aquí, la arrojamos al mar. Solamente el 10% que hoy se está arrojando al mar, resolvería el problema de agua potable en todo el departamento”, indicó López Martínez.
La otra cara de la moneda
Mientras en el norte de La Guajira, una gran cantidad de agua se arroja constantemente al mar, en el resto del departamento, especialmente en los territorios disperso, en las rancherías, en los territorios que habita el pueblo Wayuu, la situación es totalmente contraria. Por años, las comunidades indígenas han visito morir a sus hijos por desnutrición y sed.
“Hay mucha hambre, no hay cosechas, no hay agua, hay desnutrición. La súplica real, que no debería ser así, es de jóvenes, niños de 12 años, niñas de 13, 15 años, pidiendo por los niños, por sus hermanitos menores; es el olvido de un estado, que parece que no entendiera que la Guajira y que los Wayuu son Colombia”, agrega el director de la UNGRD.
Una crisis humanitaria que el pueblo guajiro ha vivido por años, y por la que, incluso, hoy es considerado uno de los departamentos con la tasa de mortalidad más alta del país. Situación que llevó a la Corte Constitucional, en el año 2017, a declarar el estado de cosas inconstitucionales, protegiendo el derecho a la salud, al agua y a la alimentación de los niños Wayuu.
“La sentencia T-302 le obliga al Estado colombiano a resolver las necesidades fundamentales del pueblo Wayuu, de cuatro municipios: Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia y luego se incorporó a Hato Nuevo. Ya vamos para siete años, sin las soluciones. No hay soluciones reales, lo que nosotros encontramos en la UNGRD, que nos corresponde cumplir con parte de la sentencia, es lamentable”, asegura López Martínez.
Revertir la realidad
Frente a este panorama, con la voluntad política se cumplir en su totalidad con la sentencia T-302 y brindarle ayuda integral al pueblo guajiro, a finales del mes de junio del presente año, el presidente Petro y el pleno de su gabinete se trasladaron a este departamento. Por una semana, La Guajira fue la sede del Gobierno Nacional.
Durante seis días, el Mandatario y todo su gabinete tuvieron encuentros con la comunidad en Riohacha, Uribia y Nazareth, Albania, Manaure y Maicao, entre otras localidades de esta región, organizada como departamento en 1965, y que tiene 15 municipios y más de un millón de habitantes.
En aquel entonces, el jefe de Estado anunció acciones para agilizar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó en 2017 proteger los derechos al agua, la alimentación y la salud de la población wayuu.
“Esta semana de gobierno en La Guajira mostrará qué instituciones se quedan en la retórica y en dónde están los obstáculos que deben ser removidos para cumplir con la sentencia constitucional. Seremos audaces para lograr que La Guajira entre en una dinámica diferente, siempre con la participación de su sociedad, mayoritariamente indígena”, sostuvo en su momento el jefe de Estado.
Concluida la extensa jornada gubernamental en La Guajira, el mandatario decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira, priorizando 11 sectores para enfrentar la crisis humanitaria, la situación de cosas inconstitucionales que vive este departamento y para mitigar los fenómenos climáticos de alto impacto que se esperan en la región.
“La orden del presidente es que el agua se utilice para el ser humano, para las comunidades, para el pueblo guajiro y las comunidades wayuu. Esta agua, que no se está utilizando para el riego, que se está botando al mar, es el agua que le hace falta a todo un pueblo que sufre de sed y muere de hambre. No podemos arrojar el agua al mar y dejar a un territorio sin su mínimo vital, el agua. Es devolverle un derecho fundamental a un pueblo, es corregir y atender esa prioridad y esa necesidad para todo el departamento de La Guajira y las comunidades”, manifiesta el director de la UNGRD.
De igual manera, cabe recordar que, al amparo de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, el Gobierno expidió el decreto que crea el Instituto de Aguas de La Guajira, con el objetivo, entre otros, de asumir la administración de la represa El Cercado y adelantar las obras necesarias para utilizar el agua, que hoy es arrojada al mar, para alimentar los nueve acueductos del departamento, beneficiando los 15 municipios.
“La instrucción del presidente es que esto pase a quien corresponde, que es el Ministerio de Vivienda, el Viceministerio de Aguas y de allí, al Instituto de Aguas del departamento. Ojalá todo el pueblo colombiano acompañara estas decisiones, independientemente de los fallos o de la revisión que realice la Corte. El pueblo guajiro y las comunidades wayuu, como todos los colombianos tienen derecho. Que cerca de 2 millones 2 mil guajiros tengan agua potable en sus casas, en sus viviendas, en sus rancherías y que los niños wayuu no sigan sufriendo y muriendo de sed en el departamento”, enfatiza el director de la UNGRD.
Además de la crisis humanitaria, el Gobierno enfrenta un nuevo tras píes. La Corte, que en 2017 declaró el estado de cosas inconstitucionales, sentenció la inconstitucionalidad de la Emergencia Económica, Social y Ecológica y de cada uno de los decretos expedidos bajo su amparo.
“Es una contradicción no entender y no acompañar la voluntad política del presidente Petro, que quiere ir más allá de la sentencia y resolver de manera definitiva las necesidades de este departamento, del pueblo wayuu, de los guajiros, como es el agua y el mínimo vital en cada una de sus casas y sus rancherías. Somos respetuosos de esos anuncios y sus fallos. Su prioridad, y el compromiso de que Colombia se convierta en una potencia de la vida, realmente tiene que ver con misiones dirigidas al ser humano, a las necesidades concretas de las comunidades por sus derechos fundamentales”, afirma López Martínez.
Ahora, el tiempo apremia, ya que este Alto Tribunal les dio un año de vida a los decretos expedidos por el Gobierno Nacional. Un tiempo que debe ser aprovechado por las diferentes entidades para hacer realidad los proyectos que brinden al pueblo guajiro una solución definitiva y así gozar plenamente del derecho fundamental al agua potable en sus hogares.
“Nosotros no podemos llevar una etnia, la etnia wayuu, la etnia indígena más grande de Colombia en su capital Uribia, al etnocidio, a condenar a más de un millón y medio de wayuu a su desaparición.
Por eso nuestra presencia intensa en el departamento, por eso, nuestro aporte de llevar con los métodos tradicionales como carrotanques, jagueyes, molinos y pozos, agua potable y agua a las rancherías dispersas y a las comunidades de estos territorios, fundamentalmente en cuatro municipios.
La solución, y eso abarca ir más allá, es llevar agua potable para todo el departamento, es entender, y que el país entienda, que el agua se esta arrojando al mar, que en el 10% de esa agua que se arroja al mar, está la solución de todo el departamento”, puntualizó el director de la UNGRD, Olmedo López Martínez.