Un equipo forense conformado por 14 profesionales de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UBPD; el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y el Grupo de Apoyo Técnico Forense, GATEF, de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, exhumaron 16 cuerpos que estaban en bóvedas del Cementerio Religioso Municipal de Apartadó.
Al respecto, se destacó que estos hallazgos podrían corresponder a habitantes de Córdoba, Chocó y Antioquia, desaparecidos entre 2007 y 2016.
De igual manera, se informó que la intervención forense en este cementerio, fue ordenada por la magistrada Nadiezhda Henríquez de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, quien, en terreno, contrastó los aportes a la verdad de los comparecientes, las piezas procesales y la documentación médico-forense recabada en el marco de la investigación del Caso 04, que priorizó la situación territorial de la región de Urabá.
En tal sentido, se aseguró que la evidencia indica que en este lugar están inhumados cuerpos de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.
Cabe mencionar que, en esta oportunidad, simultáneamente, la UBPD adelantó una investigación humanitaria para practicar una intervención forense en el cementerio; mientras que el INMLCF, contaba con documentación medicolegal sobre cuerpos no identificados inhumados en este lugar.
Es decir, el procedimiento forense ordenado por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP respondió a la abundante información recolectada por las tres instituciones y a la necesidad de trabajar conjuntamente para dar una respuesta articulada y pronta a las familias buscadoras.
Antes de la intervención, profesionales de la JEP, la UBPD y el INMLCF contrastaron la información recolectada en sus respectivas indagaciones para concertar el alcance del procedimiento. A partir de esto, decidieron intervenir las bóvedas del pabellón Ángel de Mi Guarda 1.
Asimismo, ajustaron las metodologías y la documentación institucional para estudiar los hallazgos forenses y los cuerpos recuperados con el objetivo de establecer conjuntamente su identidad plena.
En ese procedimiento de alistamiento, además, los expertos de estas instituciones concluyeron que algunos de los cuerpos recuperados ya estaban plenamente identificados, pero nunca fueron reclamados por sus familias debido a que no tuvieron conocimiento de la suerte de sus seres queridos o nunca se acercaron a las autoridades por el temor que sentían en el contexto del conflicto armado.
De igual manera, a partir de documentación médico-forense y de sus respectivos procesos investigativos, establecieron hipótesis sobre la identidad de otros cuerpos.
Al respecto, se informó que, como resultado de la diligencia, los equipos forenses pudieron establecer que 14 de los 16 cuerpos exhumados tenían expediente médico-legal en el INMLCF. Por esta razón, a estos se les aplicó una metodología que se conoce como Verificación de correspondencia de información post mortem in situ. El método consiste en contrastar los cuerpos exhumados y hallazgos forenses con protocolos de necropsias practicadas en el momento de la muerte. En total, los forenses lograron orientar la identidad de nueve personas.
Es la primera vez que estas tres instituciones aplican en conjunto esta metodología, la cual puede agilizar la identificación de los cuerpos, así como la entrega digna a sus familiares. En el transcurso de la diligencia, cerca de 100 habitantes de Chocó, Córdoba y Antioquia se acercaron al cementerio para reportar la desaparición de sus seres queridos.
Igualmente, los familiares de las víctimas fueron atendidos por funcionarios de la JEP, Unidad de Búsqueda y de INMLCF, quienes recibieron los testimonios y se tomaron 15 muestras de sangre para hacer pruebas genéticas tendientes a la identificación de los cuerpos exhumados.
Finalmente, se destacó que la intervención técnico-forense fue apoyada por la Alcaldía de Apartadó, la Gobernación de Antioquia, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y por la Fundación Diocesana Funadpas de la Diócesis de Apartadó, que administra el camposanto.
Igualmente, fue acompañada por organizaciones buscadoras de víctimas de desaparición forzada de Urabá, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad de Víctimas y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.