Ante la crítica situación de vulneración de derechos humanos que se viene presentando en zona rural del municipio de Cáceres, Antioquia, en la que el Clan del Golfo, la guerrilla del ELN y las disidencias de las Farc se disputan metro a metro el control del territorio, la Defensoría del Pueblo hizo un enérgico llamado a estos grupos armados al margen de la ley, para que respeten los derechos de la comunidad y lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario, DIH.
En tal sentido, la entidad, además, rechazó las acciones que están afectando a quienes habitan esa zona del nororiente del departamento, como la siembra de minas antipersona, los desplazamientos individuales, la restricción a la movilidad y la prohibición del ingreso de alimentos y combustibles.
Así mismo, les exigió no instrumentalizar a los campesinos, personas trabajadoras y humildes que se ven obligadas a realizar manifestaciones contra la fuerza pública, que ejerce su labor constitucional en la subregión del Bajo Cauca antioqueño.
También, rechazó de manera categórica el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes. Los menores de edad no tienen que estar integrando las filas ilegales, bajo ninguna circunstancia, práctica cruel que contraría la normativa del DIH.
De la misma manera, la Defensoría repudió que esas estructuras criminales no permiten a las personas trasladar el cuerpo sin vida de su familiar a los cascos urbanos ni reportar su fallecimiento. Los obligan a enterrarlos en zonas rurales, para evitar el registro del hecho criminal.
La Defensoría del Pueblo llamó la atención, ya que esta subregión, la del Bajo Cauca antioqueño, es una de las zonas donde más se ha agudizado el conflicto armado en los últimos años, para que los entes nacionales y territoriales y las fuerzas del orden, brinden las debidas condiciones de seguridad a todos los habitantes de Cáceres y sus alrededores.
Por último, la entidad les exigió a estas organizaciones criminales no afectar a la población civil, respetar sus derechos a la vida, a la integridad, a la libre movilidad, a la alimentación; igualmente, sus derechos económicos y sociales.
Igualmente, invitó a propiciar escenarios de diálogo en los territorios, sumar esfuerzos reales de voluntad para sentarse a conversar, en los que participen todos los actores armados, es el verdadero camino que debe ser recorrido para encontrar la anhelada paz que claman los colombianos.