La Contraloría General de la República, CGR, realizó un estudio sobre la implementación de la ruta de protección para grupos y comunidades en riesgo, para el periodo comprendido entre 2019 y 2023, con el fin de determinar su integralidad eficacia y eficiencia.
En esta oportunidad, el órgano de control fiscal concluyó que, aunque se han alcanzado logros, se advierten algunas fallas y, al tiempo, oportunidades de mejora para las entidades que formulan e implementan esta política.
El estudio sectorial titulado “Análisis de la Implementación de la Ruta de Protección a Grupos y Comunidades en Riesgo” fue realizado por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad.
Además, fue socializado en un evento que reunió a entidades públicas, académicos, investigadores y entes de control, quienes participaron activamente aportando diversas perspectivas sobre la efectividad de este mecanismo.
Según el estudio, entre los hallazgos más relevantes se destaca que más de 1.300 grupos y comunidades, en su mayoría pueblos indígenas, afrocolombianos, campesinos y organizaciones sociales, solicitaron medidas de protección ante situaciones de alto riesgo derivadas de su labor en defensa del territorio, la vida y los derechos humanos.
Sin embargo, solo el 18% de estos casos accedió a medidas efectivas. El resto, o no cumplió con los requisitos exigidos o continúa a la espera de una evaluación de riesgo, proceso que, en promedio, tarda 203 días.
Asimismo, uno de los mayores obstáculos radica en la débil articulación interinstitucional y en la limitada accesibilidad a las comunidades ubicadas en zonas de difícil acceso. A esto se suma que, pese a que en 2023 se destinaron más de 1,29 billones de pesos a esquemas de protección administrados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), el 93% de estos recursos fue invertido en medidas individuales, dejando apenas un 7% para acciones colectivas, a pesar de su potencial de impacto más amplio y costo eficiente.
Igualmente, el análisis del presupuesto de la UNP muestra un crecimiento progresivo durante el periodo 2019-2024: de 1,3 billones en 2019 a 2,6 billones en 2024, con un gasto acumulado de 6,3 billones de pesos. No obstante, el destino de estos recursos refleja una baja inversión en medidas de fortalecimiento institucional y en proyectos de largo plazo.
Para el año 2022, la UNP destinó un presupuesto de $1,8 billones para coordinar y ejecutar servicios de protección. Del total, el 77,7% ($1,44 billones) se invirtió en la adquisición de bienes y servicios esenciales para operar las medidas de protección, como escoltas, vehículos, combustibles, chalecos antibalas y equipos de comunicación.
Además, el 10,2% ($162.838 millones) se destinó a convenios interinstitucionales para brindar seguridad a funcionarios públicos, mientras que el 6,5% ($103.211 millones) se usó para cubrir los gastos de personal, principalmente salarios del personal de protección.
El 4,3% ($68.358 millones) se asignó a transferencias corrientes, incluyendo auxilios de transporte, reubicación, blindaje de inmuebles y pagos judiciales.
Finalmente, solo el 0,4% del presupuesto ($6.998 millones) se destinó a proyectos de inversión orientados al fortalecimiento institucional y a la mejora administrativa de la entidad, como la modernización de la gestión documental y la aplicación del modelo integrado de planeación y gestión.
“Acciones de la UNP no son suficientes”
Durante la realización de este Estudio Sectorial se hicieron entrevistas a líderes sociales y comunitarios que manifiestan que las acciones de la UNP no son suficientes. Tal es el caso de un representante de la Comunidad Indígena del Cauca, cuya identidad no se revela por su protección a su integridad y humanidad, quien señaló que “nos dan un chaleco, pero no detienen a quienes nos amenazan”.
En tal sentido, las comunidades encuestadas tienen una percepción positiva de las medidas de protección, aunque critican la implementación y los procesos de la ruta. Se identifican deficiencias en la coordinación y aplicación del enfoque diferencial.
Dentro del estudio también se tuvieron en cuenta las cifras entregadas por la Defensoría del Pueblo, según las cuales entre 2019 y 2024, se registraron 1.068 asesinatos de líderes en Colombia, alcanzando su punto más alto en 2022 con 215 casos.
Las víctimas incluyen líderes comunales (63), indígenas (47), comunitarios (36), agrarios (18), afrodescendientes (12), sindicales (8) y defensores de derechos humanos (7).
Vale la pena señalar que históricamente los departamentos que registran mayor número de casos de violencia como Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Putumayo y Bogotá, también son aquellos territorios que concentran el mayor número de solicitudes de protección tanto colectivas como individuales, sin embargo, son regiones con mayor ausencia de una seguridad integral.
Finalmente, al dar a conocer el estudio “Análisis de la Implementación de la Ruta de Protección a Grupos y Comunidades en Riesgo”, la Contraloría General de la República hace un llamado urgente a las entidades responsables para reforzar la articulación institucional y optimizar la asignación de recursos hacia esquemas colectivos de protección.
Enfatizó que “invita a profundizar en mecanismos que permitan atender las necesidades reales de las comunidades en riesgo, garantizando su derecho a la vida y a la defensa del territorio”.