Frente a los últimos hechos ocurridos en los departamentos del Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, Otty Patiño, consejero Comisionado de Paz, informo a la opinión pública que “la declaración de paro armado por el Frente de Guerra Occidental del ELN es un deslealtad con los acuerdos celebrados en el sexto ciclo de conversaciones en La Habana, en tanto amenaza la vida, los derechos, las libertades de los pobladores del departamento, el ejercicio de los gobiernos democráticamente elegidos y el mandato de las autoridades comunitarias”.
De igual manera, el funcionario, a través de un comunicado, aseguró que “igualmente, en municipios del departamento del Cauca y en el municipio de Jamundí en el Valle del Cauca, el Estado Mayor Central ha venido realizando acciones, como la sucedida en el municipio de Piamonte, donde una estructura del EMC realizó un ataque armado a un vehículo de transporte escolar causando heridas a dos personas, entre ellas un menor de edad, acto que constituye un hecho claramente repudiable que viola los más elementales principios que rigen el Derecho Internacional Humanitario, DIH. En Jamundí, un Frente del EMC, mediante medidas como empadronamientos, extorsiones continuas y otros controles coercitivos pretenden ejercer un dominio total sobre la población y laceran la confianza en el proceso mismo de construcción de paz”.
Asimismo, el consejero Comisionado de Paz reiteró que “la incursión armada del Estado Mayor Central en el departamento de Nariño ha causado desplazamientos masivos y es una grave amenaza contra los derechos y libertades de la población y se convierte en un peligroso obstáculo al Pacto Territorial por la Vida y la Paz que el Gobernador Luis Alfonso Escobar, con pleno apoyo del presidente de la República, está desarrollando en este departamento”.
Además, indicó que “el objetivo de territorializar la paz es construir el Estado Social de Derecho en cada uno de los lugares del país donde las economías ilegales, el abandono del Estado y las violencias han estado presentes en la vida cotidiana. Las negociaciones y acuerdos con grupos armados, deben ser protegidos por la Fuerza Pública, y su plena implementación por las partes, debe evitar que estos territorios sean copados por otros grupos que persisten en la violencia y la ilegalidad, reciclando así el imperio del estado de cosas inconstitucional.
Igualmente, Patiño expresó que “en nuestro criterio, la esencia fundamental de los ceses al fuego radica en la protección de los derechos y libertades de las personas y el avance hacia la construcción de una paz sostenible y duradera en los territorios; su pleno cumplimiento debe alentar la seguridad y la esperanza en un fin del conflicto armado”.
En consecuencia, el consejero Comisionado de Paz enfatizo que “reiteramos que el cese al fuego no es un permiso para la comisión de delitos y menos aún contra la población. La Fuerza Pública tiene el deber de actuar de manera eficaz y pronta para prevenir y neutralizar este tipo de hechos”.
Finalmente, reiteró que “orientamos a las delegaciones del Gobierno Nacional en las mesas con el ELN y con el EMC para que avancen con rapidez y firmeza en la territorialización de la paz. Igualmente, exhortamos a las delegaciones de los grupos armados rebeldes para que sus frentes se comprometan con la transformación de los territorios agobiados por las inequidades y por las violencias.