El Ejército Nacional ha intensificado su ofensiva en el suroriente del país mediante la Operación Themis 2.0, cuyo objetivo principal es neutralizar a los cabecillas de los grupos armados organizados responsables de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo de paz.
Como parte de esta estrategia, la Cuarta División del Ejército, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, presentó el cartel de los más buscados en los departamentos de Meta, Guaviare y Vaupés.
Este cartel ofrece importantes recompensas por información que conduzca a la captura de los principales líderes de estas estructuras criminales.
En tal sentido, la autoridad castrense indicó que entre los delincuentes más buscados se encuentra alias Iván Mordisco, máximo cabecilla, por quien se ofrecen más de 3000 millones de pesos. Reitera que “este criminal tiene siete órdenes de captura y es señalado como autor de los asesinatos de 16 líderes indígenas, un líder campesino y 10 firmantes de paz”.
Además, el cartel incluye a otros cabecillas por quienes se ofrecen recompensas significativas: Alias Alirio Mata Vaca, alias Vivi Puñaleto, alias Cristian, alias Carlos o Checho y alias Puñaleto. Los montos de las recompensas se establecen con base en el nivel de importancia y peligrosidad de cada cabecilla.
“Es de resaltar que las personas que deseen suministrar información pueden comunicarse a los números oficiales del cartel (línea telefónica 107 contra el terrorismo y celulares 3178965777 y 3143587212). El Ejército garantiza absoluta reserva a quienes denuncien. El Ejército invita a la población a contribuir con información que permita dar con el paradero de estos delincuentes, garantizando absoluta reserva”, enfatiza la autoridad castrense.
Finalmente, el Ejército Nacional sostiene que la Operación Themis 2.0 busca afectar el mando, control, finanzas y logística de los grupos armados organizados que generan violencia en esta región del país. Las autoridades castrenses reafirman su compromiso con la protección de los derechos humanos, la seguridad de la población y la construcción de paz en el territorio.