El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, expresó su preocupación por el hundimiento en el Congreso del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2025 y advirtió que una disminución del 17.4% en el presupuesto de inversión afecta a sectores claves como vivienda y agricultura, lo que incluso podría, de hecho, terminar comprometiendo las metas del Plan de Desarrollo 2022-2026.
En tal sentido, el jefe del órgano de control fiscal recordó que, en la presentación del proyecto general de presupuesto, lo primero que observó la Contraloría es que se estaba frente a un proyecto desequilibrado en más de $12 billones, cifra bastante considerable frente a la capacidad real de financiamiento que ostenta el actual gobierno, y que representa un significativo riesgo financiero que solo se puede manejar con el proyecto de Ley de Financiamiento
De igual manera, en el transcurso de este año, la CGR emitió una función de advertencia en relación con el manejo de la expedición del decreto de liquidación del presupuesto, hecho que generó incertidumbre y confusión y obligó al Gobierno nacional a revertir algunas decisiones adoptadas allí.
Por ello, el Contralor Rodríguez Becerra hizo un llamado a seguir de manera rigurosa los lineamientos del Estatuto Orgánico del Presupuesto, con el fin de contar en 2025 con un presupuesto que sea ejecutable en su totalidad, con un enfoque que permita una ejecución más fluida y evite la necesidad de que la Contraloría emita nuevas funciones de advertencia para solicitar correcciones que pudieron haberse evitado siguiendo la normativa vigente.
Cabe destacar que el Contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra presentó su posición sobre el manejo presupuestal al intervenir en la VII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, en Cartagena.
Empezó su intervención al respecto diciendo que no la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el 2025 por parte del Congreso, es un hecho que no tiene precedente en la historia reciente del país, y llamó la atención en el sentido de que esta situación no debe obstaculizar la disposición de un presupuesto que responda de manera adecuada a las necesidades actuales y cuente con los mecanismos necesarios para ser ejecutado de manera eficaz y eficiente, con el fin de cumplir con los objetivos para los cuales ha sido formulado.
“Es fundamental destacar la importancia de proponer un Presupuesto General que garantice un financiamiento responsable, permitiendo avanzar en áreas prioritarias como el desarrollo social, económico y ambiental”, subrayó.
Así mismo, señaló luego varias preocupaciones puntuales que tiene como Contralor General de la República sobre el tema presupuestal
- Me preocupa el déficit. El presupuesto proyectado para el 2025, presenta un desequilibrio de 12 billones. Esta situación representa un riesgo financiero significativo que debe abordarse mediante un proyecto de ley de financiamiento, enfocado en cubrir ese faltante con el fin de garantizar, la estabilidad del país.
- Me preocupa la reducción de la inversión. La Contraloría General de la República manifiesta su inquietud por la reducción del 17.4% en el presupuesto destinado a inversión para el 2025. Esta disminución afecta a sectores claves como vivienda y agricultura, lo que incluso podría, de hecho, terminar comprometiendo las metas del Plan de Desarrollo 2022- 2026.
- Adicionalmente está el impacto en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Es fundamental que el Gobierno defina cómo se financiarán las cuentas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, dado su papel crucial en la sostenibilidad fiscal y en la estabilidad de los precios de los combustibles en el país.
“Lamentablemente, lo que hemos podido evidenciar es que se vienen generando riesgos fiscales, de alguna magnitud al momento de hacer proyecciones o estimaciones de los ingresos que financian el Presupuesto General de la Nación. Los riesgos fiscales corresponden a las desviaciones que presentan las estimaciones de ingresos frente al recaudo efectivo”, advirtió.
De igual manera, sostuvo que “los riesgos fiscales empezamos a evidenciarlos en la vigencia actual, cuando el Gobierno se vio en la imperiosa necesidad de aplazar partidas presupuestales por $20 billones, como resultado de haber sobreestimado los ingresos del Presupuesto. Y considero, por lo que he venido observando, que deberá existir un nuevo aplazamiento antes que termine el año”.
Para el Contralor Rodríguez Becerra, las partidas aplazadas van a terminar reduciéndose porque definitivamente los recaudos no se van a dar y, sin lugar a duda, se termina afectando el cumplimiento de las metas trazadas en el Plan de Desarrollo, contraviniendo el principio presupuestal de planificación contemplado en el Estatuto Orgánico de Presupuesto.
“Lo que me llama poderosamente la atención es que las estimaciones erradas de los ingresos presupuestados en la vigencia de 2024 no fueron resultado de factores macroeconómicos externos. Simplemente fueron el resultado de incorporar ingresos con un alto nivel de incertidumbre, con una alta probabilidad de no recaudarse”, comentó.