Con el propósito de fortalecer la relación entre la Contraloría General de la República y los actores sociales, el órgano de control fiscal realizó el II Encuentro Nacional de Veedores y Actores Sociales, un evento clave para promover una ciudadanía activa en la vigilancia y defensa de los recursos públicos.
Al respecto, se indicó que, durante el encuentro, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, se refirió a la importancia del trabajo de los veedores ciudadanos y de los resultados que se han alcanzado gracias a sus denuncias.
“Actualmente contamos con más de 26.700 veedores a nivel nacional, hemos gestionado entre los años 2023 y 2024, más de 2.257 denuncias fiscales, gracias a estas y al trabajo articulado con nuestras gerencias colegiadas, hemos podido identificar 1.468 elefantes blancos y proyectos críticos en todo el territorio nacional; logrando que 141 obras hayan sido puestas al servicio de la comunidad través de la estrategia Compromiso Colombia y de las Intervenciones de Control Fiscal Participativo por $1.9 billones”, señaló el Contralor General.
De igual manera, también resaltó la importancia de la labor del veedor ciudadano para la Contraloría General, pues las veedurías ciudadanas representan una de las herramientas más poderosas para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa contra la corrupción en las instituciones públicas.
“La gestión que ustedes realizan desde sus comunidades, acompañada del trabajo de la Contraloría General de la República, ha sido fundamental en el cumplimiento de nuestra misión de garantizar la buena gestión de los recursos públicos destinados a planes, programas y proyectos comunitarios”, dijo Rodríguez Becerra.
En tal sentido, se resalta que la articulación entre la Contraloría General y las veedurías ciudadanas es clave para generar un sistema de control social más robusto y cercano a la gente. A través de estrategias de Control Fiscal Participativo como Compromiso Colombia, se pretende destrabar la ejecución de proyectos que presentan complicaciones, sentando a la mesa a los diferentes actores involucrados en el desarrollo de proyectos que se encuentran paralizados.
Así mismo, según la CGR, el acompañamiento de la ciudadanía es el componente más importante de la estrategia, en la que actualmente se tienen en seguimiento 346 obras por $16.4 billones, que se esperan sean puestas en funcionamiento, logrado que estos proyectos respondan a las necesidades reales de las comunidades y que cada peso invertido sea utilizado con responsabilidad y eficiencia.
Así mismo, la Contraloría espera que antes de terminar esta vigencia, se dispongan a favor de la sociedad civil 49 obras por un valor de $ 1.198, billones de pesos.
Adicionalmente, como parte de esa articulación con la ciudadanía, la Contraloría puso al servicio de los ciudadanos la Línea 199, un canal directo y accesible que se habilitó para que todas las personas y veedores, tengan una vía directa para reportar cualquier irregularidad en el manejo de los recursos públicos.
Al respecto, se resaltó que, en el último año, esta línea ha recibido más de 36.413 llamadas, de las cuales 18.799 hicieron referencia a temas de competencia de la Contraloría, convirtiéndose, muchas de ellas, en el punto de partida para investigaciones y acciones preventivas que protegen el patrimonio público. Esta línea es una herramienta más para reforzar el control fiscal participativo, permitiendo que la ciudadanía sea una aliada clave en la lucha contra la corrupción.
El Contralor General hizo un llamado para que se siga involucrando a la ciudadanía en el seguimiento de las inversiones. Sostuvo que “aprovecho este espacio para hacer un llamado respetuoso al Gobierno Nacional y a las Entidades Territoriales para que continúen involucrando a la ciudadanía en la planificación, toma de decisiones y seguimiento a las inversiones públicas en las regiones. También, invito a los personeros municipales a que acompañen y garanticen la efectividad de estos procesos, promoviendo así la transparencia y el buen uso de los recursos públicos”.
Gracias a la vigilancia y monitoreo, los ciudadanos se convierten en actores directos en la toma de decisiones, en la fiscalización de recursos y en la protección de sus derechos fundamentales.
De igual manera, de acuerdo con el órgano de control fiscal, los veedores ciudadanos son la fuente y el sustento del control fiscal, en una tarea preventiva como posterior. Las denuncias recibidas y el seguimiento realizado tienen el potencial de transformar las realidades de las comunidades en Colombia, al evitar pérdidas, proteger recursos y asegurar que los proyectos de desarrollo lleguen a buen término.
En tal sentido, Rodríguez Becerra insistió en que las veedurías ciudadanas son cruciales para el control social y la transparencia en la gestión pública y dijo que debe buscarse que sean respetadas y vistas como lo que son: aliadas en la vigilancia de los recursos públicos.
Igualmente, anunció que, como resultado de las propuestas que ha recibido de varios veedores en sus visitas a distintas regiones del país, impulsará con su acompañamiento una reforma a la Ley 850 de 2003, que reglamenta las Veedurías Ciudadanas, con el fin de fortalecer las capacidades de las veedurías y garantizar su efectividad.
“Quiero invitarlos para que me acompañen en la construcción de una reforma a esta ley, para que las condiciones que ustedes presten tengan las garantías, se ajusten a sus necesidades y fortalezcan capacidades de beneficios a las comunidades”, expresó.