Luego de que el Gobierno Nacional y el ELN oficializaran el cese al fuego bilateral, temporal y nacional, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, valoró la decisión conjunta; no obstante, en aras de que a los colombianos les sean protegidos y garantizados sus derechos, de manera particular a quienes viven en los territorios.
“El ELN, ahora que se comprometió a cesar las hostilidades, debe mostrar verdaderos gestos de paz, renunciar a todas sus acciones violentas en contra de la población civil. De manera especial, que termine con la práctica del reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, como también con el secuestro, la tortura, la extorsión, la instalación de minas antipersona y los homicidios. No más infracciones al Derecho Internacional Humanitario y violaciones a los derechos de la población civil”, indicó el Defensor del Pueblo.
Entre el 2021 y abril de este año, la Defensoría conoció 199 casos de reclutamiento en todo el territorio nacional, 24 tienen como presunto responsable al ELN; 6 ocurrieron en 2020, 3 en 2021 y 15 en 2022. Arauca es el departamento en el que más casos se presentaron, con 9; le siguieron Nariño, con 5; Norte de Santander, 3; Antioquia, 2; Valle del Cauca, 2; Bolívar, 1; Boyacá, 1, y Caldas, 1.
Camargo agregó que desde la Defensoría del Pueblo, como órgano garante de los derechos humanos en Colombia, se espera conocer pronto los protocolos de lo pactado al final del tercer ciclo de conversaciones que se venía adelantando en Cuba.
“Los colombianos necesitamos tener claro cuáles van a ser las reglas acordadas. Además, seguiremos cumpliendo nuestro mandato constitucional, le haremos un seguimiento permanente al cese anunciado, como lo hemos venido haciendo desde el primero de enero de este año con los ceses acordados entre el Gobierno y otros grupos armados ilegales”.
El funcionario agregó que “el ELN y todos los grupos armados ilegales deben entender que la paciencia de la sociedad y del Estado tiene límites y que no pueden desaprovechar la oportunidad histórica que les ha ofrecido el Gobierno para dialogar sobre la ruta que permita dejar las armas y construir un país sin violencia y con mayor desarrollo social y económico”.
Desde el 2018 hasta abril del 2023, la Defensoría del Pueblo emitió 131 alertas tempranas que advertían sobre reclutamiento y disputa del control territorial, intimidaciones, amenazas, entre otras acciones delincuenciales; en la mayoría de ellas, el antagonista principal fue el ELN, grupo que representaba la mayor amenaza para las comunidades.
“Desde la Defensoría del Pueblo seguiremos exigiéndoles a los actores armados hechos concretos, actuaciones inmediatas, no más dilaciones. Lo he dicho en varios escenarios, súbanse al bus de la paz, den muestras de que sí es posible alcanzarla en Colombia”, puntualizó Carlos Camargo Assis.