La Defensoría del Pueblo ha emitido varias Alertas Tempranas entre el 2018 y este 2023 para 27 de los 31 municipios con los que cuenta ese departamento del Pacífico colombiano, ya que durante el último cuatrienio se han incrementado las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario.
En tal sentido, aseguró el Defensor del Pueblo que “los homicidios, amenazas, señalamientos, desaparición forzada y estigmatización contra líderes sociales y comunitarios, defensores de derechos humanos y víctimas han ido, desafortunadamente, en aumento”.
A ello se suman, según la entidad, las pocas denuncias realizadas de manera formal, debido a la falta de confianza en la institucionalidad, la tardanza en las respuestas, la carencia en la valoración para la adopción de medidas de protección y la intimidación ejercida por los grupos ilegales hacen que el silencio reine entre quienes están amenazados, sus familias y las comunidades.
Igualmente, la defensoría llama la atención sobre la disputa territorial entre la Guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), que ha generado desplazamientos y confinamientos masivos, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, extorsiones, problemas medioambientales (minería ilegal y aprovechamiento indiscriminado forestal) y mandatarios locales despachando desde otras jurisdicciones, entre otros.
En tal sentido, se indicó que entre enero y junio de este año fueron registrados 71 eventos, alrededor de 14.000 personas confinadas en 11 municipios; es decir, 71 comunidades resultaron afectadas.
Además, el actual paro armado del ELN tiene confinadas a 52 comunidades en cinco municipios de la subregión del San Juan, aproximadamente 9000 personas. Un total de 123 comunidades, unas 23.000 personas, mayoritariamente afro e indígenas, han padecido el rigor del conflicto armado en lo que va de este 2023.
“Las graves afectaciones a sus derechos a la vida, libertad, seguridad, alimentación, salud, libre movilidad, por mencionar algunos, tienen que llegar a su fin. Llamo a los entes competentes a establecer planes de acción, rutas efectivas de atención, para favorecer a las comunidades del Chocó”, expresó el Defensor del Pueblo.
Unión Panamericana, Carmen de Atrato, Belén de Bajirá y Atrato son los cuatro municipios que no han sido advertidos por la Defensoría del Pueblo; sin embargo, está haciéndoles seguimiento porque ha habido manifestaciones de violencia de los actores armados ilegales en contra de sus habitantes.
Carlos Camargo puntualizó en que el Estado debe volver la mirada hacia el Chocó, ya que la respuesta estatal ha sido precaria, agudizando la crisis humanitaria que padece la población civil.
El Defensor del Pueblo resaltó que s un departamento que, pese a la violencia generalizada, ha resistido los embates de la indiferencia de las instituciones nacionales, que deben pasar cuanto antes por el departamento, establecer campamento permanente y adoptar medidas de fondo.
El funcionario enfatizó en que “¿Hasta cuándo se hará realidad un trabajo conjunto y eficaz de toda la institucionalidad que permita mitigar lo que viven los habitantes del Chocó? Si bien valoramos lo esfuerzos de los entes nacionales y territoriales y reconocemos que las problemáticas son de vieja data, no puede ser que la población del departamento tenga que seguir siendo víctima de toda clase de vulneración de los derechos humanos”.