El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, le solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y al Ministerio del Interior que determine medidas de protección con enfoques étnico, de género, territorial y diferencial en los esquemas de seguridad para población víctima del conflicto que se desempeña como defensora de derechos humanos o en liderazgo social.
En esta ocasión, el llamado lo hace teniendo en cuenta los más recientes hechos violentos que han dejado líderes asesinados, a pesar de contar con esquemas de seguridad, que no fueron suficientes para salvaguardar sus vidas.
Cabe destacar que, un hecho rechazado por la Defensoría, fue lo ocurrido con Ludivia Galindez Jiménez en Florencia (Caquetá) a finales de febrero pasado, a quien ultimaron dentro de su casa; el ataque armado, que además dejó herido a su hijo, sucedió cuando ya no estaba disponible el esquema de protección en su lugar de residencia.
“En el acompañamiento que hacemos en los territorios, a través del equipo de profesionales de nuestra delegada para la Orientación y Asesoría de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, recibimos constantemente solicitudes de lideresas y líderes sociales víctimas que tienen dificultades con sus medidas de protección”, aseguró el Defensor del Pueblo.
En tal sentido, se indicó que las medidas deben tener una perspectiva diferencial y territorial, como es el caso de los liderazgos indígenas, que solicitan personal de protección con enfoque étnico, ya que solo ellos tienen ingreso a algunos territorios, como son las zonas de difícil acceso del sur del país.
“Queremos reiterarles nuestro llamado a las entidades responsables en materia de protección: garanticen medidas eficaces e integrales en protección individual y colectiva, conforme a los estándares internacionales, como parte del reconocimiento que debemos hacerle a la labor de quienes luchan por los derechos de las comunidades”, llamó Carlos Camargo Assis.
Las denuncias por fallas mecánicas
Así mismo, otras denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo están relacionadas con las dificultades mecánicas de los vehículos asignados a sus esquemas de protección, puesto que algunos se varan en los trayectos y otros no son aptos para los territorios donde hacen su trabajo.
Igualmente, sobre demoras en la entrega de los vehículos cuando están en mantenimiento y los problemas con la entrega de vehículos sin el dispositivo activo para la dispensación del combustible, motivos por los cuales las víctimas han tenido que acudir a acciones de tutela, muchas coadyuvadas por la entidad nacional garante de los derechos humanos, para que sus derechos a la vida y seguridad no sean violentados.
El llamado a los entes territoriales
Las entidades territoriales, como llamado adicional del Defensor del Pueblo, “deben incorporar en sus planes de desarrollo acciones de prevención de riesgos contra la vida, libertad y seguridad con enfoque diferencial, garantizándoles atención a las víctimas del conflicto amenazadas y a personas defensoras de derechos humanos”.