La ubicación geoestratégica de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el mar Caribe, que comparte frontera con siete naciones, facilitan la circulación legal e ilegal a través de corredores marítimos, razones por las que el Archipiélago está siendo utilizado para el tráfico de migrantes.
“En lo que va de este año, en 10 interdicciones, han sido rescatadas 158 personas por la Armada Nacional en las rutas del mar Caribe hacia Nicaragua y otros lugares de Centroamérica, situación que motiva nuestro llamado a las entidades gubernamentales a que garanticen condiciones migratorias seguras, legales y respetuosas de los derechos humanos”, indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Vale la pena resaltar que este departamento insular no es considerado una ruta migratoria regulada; por lo que su dinámica es particular y se debe mirar de manera diferencial, pues existe dificultad para ser identificada la intención de incurrir en el delito, ya que los migrantes ingresan al Archipiélago en calidad de turistas, con toda la documentación legal, tiquete aéreo y tarjeta de turismo vigente.
“La irregularidad se constituye al abordar una embarcación que no reúne las condiciones de seguridad para la travesía, no contar con la documentación ni permisos; posteriormente, los migrantes manifiestan que el servicio fue comprado a bordo de una embarcación tipo yate o crucero y zarpan sin las autorizaciones correspondientes”, señaló el Defensor del Pueblo.
En consecuencia, añadió el funcionario, “como medida para frenar los llamados trayectos ‘VIP’ de migración irregular, insto a las entidades estatales y autoridades competentes a redoblar esfuerzos para la detección y sanción de la venta de actividades no autorizadas por la ley. Y a Migración Colombia, diseñar estrategias de mayor control en los aeropuertos del país para evitar el tránsito irregular de migrantes”.
En ese sentido, la entidad recordó que durante el 2022 fue reportada la desaparición de cuatro embarcaciones con 59 migrantes y tripulantes, por lo que llamó la atención de la población migrante para que no ponga en riesgo su vida. “En una embarcación insegura, estas personas se exponen a un naufragio o desaparición”, aseguró el Defensor.
De igual manera, subrayó que la semana pasada, un equipo de la Regional San Andrés de la Defensoría del Pueblo acompañó, para que fueran garantizados sus derechos, a 23 migrantes; 14 de ellos, venezolanos; seis, vietnamitas; y tres, peruanos.
Según se indicó, los migrantes fueron hallados por la Armada Nacional en condición de abandonado y privados de sus pertenencias en el cayo Alburquerque (San Andrés). Entre los rescatados había seis menores de edad. Todos fueron puestos a disposición de Migración Colombia para que sean retornados a sus lugares de origen.
“Desde la Defensoría del Pueblo continuaremos con el seguimiento, en las mesas de trabajo con las autoridades del departamento, al fenómeno migratorio y sus dinámicas para que verdaderamente sean construidos planes sólidos que protejan a los migrantes de los abusos a los que se enfrentan”, finalizó el Defensor del Pueblo de los colombianos.