La Defensoría del Pueblo, además de lamentar el fallecimiento de una bebé de tres meses de nacida, que formaba parte de la comunidad Embera, asentada en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, en el oriente de Bogotá, les extiende un llamado a sus autoridades indígenas, con el fin de que “trabajen de forma articulada con los entes distritales y nacionales para que los derechos a la vida y salud de su etnia, además de otros derechos fundamentales, tengan la debida garantía constitucional”.
De igual manera, la institución colombiana de derechos humanos indicó que se requiere de la colaboración de los líderes durante las brigadas de salud que se programen en el asentamiento, porque de lo que se trata es de que los integrantes de esa comunidad indígena, incluidos niños, niñas y adolescentes, reciban una atención integral. Sobre todo, porque son sujetos de especial protección constitucional y sus derechos prevalecen sobre los de los demás.
Así mismo, la Defensoría instó también a la Fiscalía Seccional Bogotá a darle celeridad a la investigación, con el propósito de que sean esclarecidos los hechos que rodearon el deceso de la menor de edad, de tal manera que se puedan adoptar medidas que éstos no se repitan.
Igualmente, La entidad, a través de uno de los equipos especializados de su Regional Bogotá, ha venido acompañando y ofreciéndole sus ofertas de protección de derechos a la comunidad Embera asentada, no solo en el Parque Nacional, sino en las Unidades de Protección Integral (UPI) La Rioja y La Florida y en el albergue El Buen Samaritano.
Con base en el acompañamiento y los hallazgos identificados, elaboró el informe ‘Emberas desplazados en Bogotá’, publicado a comienzos del 2024.
Adicionalmente, en el seguimiento a la situación de derechos humanos, el Ministerio Público ha realizado reuniones internas de coordinación y adelantado visitas de verificación a los diferentes lugares de asentamiento.
De otra parte, la Defensoría del Pueblo ha participado activamente en los Puestos de Mando Unificado convocados por la Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Interior, escenarios donde ha hecho llamados especiales a la garantía de derechos de quienes buscan su integración local en Bogotá.
De igual forma, y teniendo como fin encontrarle una salida estructural a la problemática, la Defensoría le recomendó a la Agencia Nacional de Tierras, como máxima autoridad de tierras de la nación, priorizar los procesos de identificación, legalización y adjudicación de predios a favor de las comunidades Embera en la capital del país, con miras a que tengan una reubicación con plena garantía de derechos.
“A la ciudadanía en general, la exhortamos a acudir a la App Contigo, herramienta tecnológica que cuenta con la interfaz de infancia y adolescencia. Cualquier situación de riesgo o vulneración de derechos contra ese grupo etario puede ser reportado, lo que contribuye, según sea el caso, a realizar permanente monitoreo, advertencia y activación de rutas”, puntualizó la Defensoría.