El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, se reunió con Juanita Gobertus, directora de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch, con el propósito de conocer de primera mano los pormenores de la investigación realizada por esta organización, durante los meses de enero y febrero del presente año.
En esta oportunidad, el encuentro fue un escenario propicio para compartir la visión de ambas partes sobre la crisis humanitaria y la situación de derechos humanos en El Catatumbo. El ministro de Defensa y la directora de la ONG, describieron en detalle la cruda situación por la que atravesaron los habitantes de esta región del país.
“Documentamos de manera muy grave violaciones cometidas tanto por el Frente 33 de las disidencias de las FARC como por el ELN en casos de homicidios, de secuestros, casos de reclutamiento forzado de menores, desapariciones, trabajo forzado y por supuesto, casos de confinamiento y desplazamiento forzado”, señaló Juanita Gobertus, al referirse a algunos detalles de la investigación testimonial:
Por su parte el ministro Sánchez abordó las cifras que arroja la situación de orden público e indicó que “una tragedia. Una crisis que jamás se había percibido en la historia. 57.000 desplazados, 23.000 confinados, casi un centenar de asesinados a causa de las confrontaciones por el dominio del narcotráfico y otras economías, muestran una tragedia que el Estado no pudo contener a tiempo”.
La estrategia integral: ‘Pacto por El Catatumbo’
El titular de la cartera de Defensa reveló detalles sobre la acción unificada del Estado para proteger vidas y explicó que, en la primera fase del plan trazado, durante el inició de la crisis, “casi mil personas fueron salvadas por nuestras Fuerzas Militares y de Policía”.
Según el funcionario, actualmente se está ejecutando la segunda fase, la cual consiste en recuperar el control territorial. En tal propósito, resaltó que ya han sido neutralizados cerca de 300 integrantes del Eln y del GAO residual estructura 33.
Finalmente, el ministro Sánchez advirtió que “el informe que nos compartió Human Rights Watch se basa en datos recolectados prácticamente hace un mes, es decir, no contempla lo que ya viene haciendo el Gobierno Nacional, con una decisión absoluta de todo el Estado por recuperar el territorio”.
Al respecto, la directora de la ONG Human Rights Watch, Juanita Gobertus, señaló que “nos alegrada mucho oír de parte del ministro el compromiso del despliegue de una nueva estrategia de seguridad y justicia para el territorio y de una presencia integral del Estado en el territorio. Por supuesto, seguiremos vigilantes a el desarrollo de la implementación de esta política”.