La Defensoría del Pueblo dio a conocer su informe ‘El Catatumbo después de la crisis: desafíos en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario’, que documenta la más grave emergencia humanitaria presentada en el país desde que se cuenta con un registro oficial.
Al respecto, destaca un saldo de 64.783 personas desplazadas forzosamente, 12.913 confinadas, 117 homicidios y múltiples infracciones al derecho internacional humanitario (entre el 16 de enero y el 28 de abril de este 2025), de hechos derivados del accionar indiscriminado de grupos armados ilegales, principalmente.
Al comparar el número de personas desplazadas del periodo en mención en la subregión nortesantandereana con el mismo fenómeno ocurrido en todo el país durante el 2024 (25.611 personas), queda reflejada la magnitud de la crisis.
Igualmente, el informe revela que la confrontación bélica entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las extintas Farc derivó en un escalamiento sin precedentes del conflicto armado interno. La respuesta del Estado, incluida la declaratoria de conmoción interior, no ha logrado contener las agresiones ni garantizar plenamente los derechos de la población civil.
Tres escenarios de riesgo
Adicionalmente, la entidad nacional de los derechos humanos identificó en su informe tres escenarios de riesgo para quienes habitan en el Catatumbo:
- Intensificación de la disputa territorial: Los municipios de Tibú y El Tarra tienen el más alto nivel de violencias, que incluye uso de métodos de guerra no convencionales.
- Consolidación territorial del ELN: Consolidó su presencia en Ocaña, Convención y Sardinata para ejercer control social y limitar libertades básicas.
- Riesgo de ingreso a la zona del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC): Podría expandir su operación militar desde el sur del Cesar, Bolívar y el Magdalena Medio al Catatumbo.
Otros hallazgos alarmantes
- Uso de drones explosivos, minas antipersonal y armamento en inmediaciones de escuelas y zonas pobladas.
- Violencia sexual, trata de personas y trabajo forzado, con al menos 62 mujeres denunciantes, y la existencia de “campos de resocialización” usados por grupos armados no estatales.
- Persistencia del reclutamiento de menores de edad; 42 niñas, niños y adolescentes fueron desvinculados entre enero y febrero pasados.
- Desprotección de firmantes del Acuerdo de Paz, líderes y lideresas sociales.
- Ataques contra comunidades indígenas, particularmente al pueblo Barí, que enfrenta riesgos de exterminio físico y cultural.
Situación de las y los firmantes
Para diciembre del 2024, habría 464 firmantes de paz en la subregión Catatumbo. Sin embargo, para marzo del 2025 solamente 41 permanecían en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) Caño Indio.
Es decir, han sido desplazadas(os) junto con sus núcleos familiares un total de 223 firmantes, 172 están en condición de confinamiento y 18 han sido trasladados(as) por razones de seguridad. A esto se suman seis firmantes asesinados y dos desaparecidos.
Recomendaciones de la Defensoría del Pueblo
El informe incluye recomendaciones dirigidas a autoridades nacionales y territoriales, para que garanticen el retorno seguro de las comunidades desplazadas, protejan a lideresas y líderes sociales, pueblos étnicos y firmantes de paz, y fortalezcan la acción humanitaria con enfoque diferencial.
- La Unidad para las Víctimas debe avanzar en la caracterización de las víctimas, ubicación y necesidades de atención.
- Fortalecer la acción de la Fuerza Pública y garantizar el respeto integral del DIH y los DD. HH.
- Reforzar rutas de protección para firmantes e implementar medidas de protección efectivas para lideresas y líderes sociales.
- Fortalecer entornos escolares, poner en marcha medidas para garantizar la permanencia escolar de desplazados e implementar planes de protección para docentes.
- Formular planes integrales de retorno y reubicación bajo los principios de dignidad y sostenibilidad y asegurando las condiciones de seguridad.
- Aclarar la finalidad de la zona de ubicación temporal (ZUT) de los integrantes del F33 del Bloque Magdalena Medio del Estado Mayor de las extintas Farc, e identificar los riesgos para las comunidades y liderazgos sociales.
- Funcionarios del alto gobierno deben retractarse por las declaraciones que estigmatizan a organizaciones sociales y servidores(as) públicos.
- Implementar el Decreto 137 de 2025 y medidas de protección para líderes y lideresas sociales y personas defensoras de DD. HH. en riesgo.
- Formalizar e implementar efectivamente el Pacto Social del Catatumbo, alineado con el Plan Nacional de Desarrollo.
- Implementar medidas de protección y prevención frente al reclutamiento forzado de niñas, niños, jóvenes y adolescentes indígenas.
- Educación en riesgo contra minas y desminado.
- Rutas de protección, asistencia, denuncia y judicialización en casos de trata de personas.
- Apoyo a la Fiscalía General de la Nación en el marco de labores de investigación, con miras a la judicialización de los responsables por los hechos ocurridos.
- Garantías para las y los firmantes de paz, rutas de protección integral con enfoque diferencial y territorial.
“Estamos convencidos de que, si actuamos de manera coordinada y positiva entre todas las instituciones del Estado, no solo la fuerza pública, también las autoridades territoriales, las autoridades del Gobierno Nacional que tienen programas sociales, los organismos de control, y además de manera inteligente y asertiva y conociendo el contexto, podemos empezar a reversar esta situación; tenemos oportunidades y obligaciones como autoridades”, aseguró la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a todos los actores del Estado, a la cooperación internacional y a la sociedad civil, a fin de que redoblen esfuerzos para prevenir nuevas crisis y garantizar los derechos fundamentales de las comunidades del Catatumbo.