El coordinador de la delegación del Gobierno nacional en la Mesa de Diálogos de Paz con el Estado Mayor de los bloques Jorge Suárez Briceño, Gentil Duarte y el frente Raúl Reyes de las FARC-EP, Camilo González Posso, destacó la Caravana Humanitaria que se inició en el Catatumbo y con la cual se busca que los actores armados cesen sus enfrentamientos y permitan aliviar la grave crisis de desplazamiento forzado que se viene presentando en la región.
Al respecto, González Posso, manifestó su solidaridad con miles de familias que han sido obligadas a salir del territorio e indicó que “pensamos que deben aplicarse mínimos humanitarios que alivien la situación de las comunidades; pero, sobre todo, propósitos de paz que los acompañen”.
Igualmente, el coordinador de la delegación del gobierno en esta Mesa de Paz, agregó que “esos mínimos humanitarios no solamente son una observancia estricta de las normas del Derecho Internacional Humanitario, DIH, hay que ponerle nombre: respetar la vida, no disparar contra una persona inerme”.
Además, González Posso pidió “que no se repita eso de que se busca a la gente en las casas, y por estar acusados de una adscripción o supuestamente una pertenencia a un grupo adversario, son objeto de fusilamiento, expropiación o desplazamiento”.
En tal sentido, el coordinador de la delegación del gobierno en esta Mesa de Paz expresó que “eso tiene que parar. Es muy importante que sobre ese tema se pronuncien las organizaciones armadas sin ninguna ambigüedad, buscando que se abran caminos de reconciliación y de construcción de paz en el Catatumbo y en el país”.
De igual manera, González Posso explicó que los mínimos humanitarios, incluyen una suspensión de toda hostilidad contra la población civil. Eso implica, la suspensión unilateral por parte de los grupos armados en el territorio de todas las acciones ofensivas que perjudiquen a la población o que signifiquen confrontaciones armadas con consecuencias de muerte y además de impactos en la ciudadanía.
“Se tiene que garantizar un retorno de la gente a sus actividades y un acompañamiento efectivo de la institucionalidad para que se reconstruya el tejido social, la economía, la inversión. Para que efectivamente el nombre de la paz no sea solamente acuerdos, ni acuerdos por arriba, ni cese de hostilidades, de cese al fuego, sino construcción de paz con la gente, en el territorio con la gente en su vida y con apuestas de bienestar”, enfatizó González Posso.
Atención prioritaria para niñas, niños, adolescentes y madres gestantes
Desde el inicio de la crisis humanitaria en el Catatumbo, el equipo regional y nacional de Bienestar Familiar (ICBF), en cabeza de su directora general, Astrid Cáceres, se ha desplegado en distintos municipios de la región para atender a las niñas, niños y adolescentes desplazados.
En total, 6.630 personas han sido atendidas por la entidad, de las cuales 3.525 son niños, niñas y adolescentes. Además, se ha atendido a 2.050 familias, 88 mujeres gestantes y 189 lactantes.
Así mismo, Psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales, antropólogos, junto con el equipo técnico y directivo, han hecho presencia en el territorio para brindarles atención a quienes más lo necesitan en medio de la emergencia provocada por el enfrentamiento de grupos armados al margen de la ley.
Igualmente, de las más de 40 mil personas han sido desplazadas forzadamente de sus hogares, solo en Cúcuta, Norte de Santander, a corte del 3 de febrero, fueron atendidos 3.324 personas, 1.102 familias y 2.084 niños, niñas y adolescentes; de los cuales 6 presentaban un cuadro de desnutrición aguda y 35 riesgo de desnutrición.
De igual manera, en la ciudad de Tibú, se han atendido a 1.419 personas, 376 familias y 528 niños, niñas y adolescentes; además a 10 madres lactantes y 17 mujeres gestantes. Bienestar Familiar ha prestado asistencia, además, a más de veinte adolescentes desvinculados de grupos armados ilegales que operan en la región.
Por su parte, a través del programa Hambre Cero, el Ministerio de Igualdad y Equidad también se ha hecho presente en el Catatumbo, desplegando un plan de respuesta que incluyó la distribución de 132 toneladas de alimentos, con entregas directas de provisiones en Teorama, Ábrego y Tibú, beneficiando a más de 3.000 familias afectadas.
“Estas son las primeras acciones de varias que implementaremos, porque en el Catatumbo la vida debe ser protegida y los derechos restablecidos’, destacó la vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad, Francia Márquez.
Adicionalmente, el Ministerio de Igualdad y Equidad, en coordinación con el ICBF, fortaleció 13 ollas comunitarias, mediante la entrega de menaje esencial para garantizar la preparación de alimentos en condiciones adecuadas y dignas.
Además, en alianza con el ICBF fueron instalados en Ocaña cuatro comedores provisionales para 450 niñas y niños, en donde diariamente se brinda desayuno, almuerzo y cena, con el objetivo de priorizar la atención nutricional de la población infantil en mayor situación de vulnerabilidad.
“Reiteró el llamado a la paz y al trabajo conjunto para garantizar que las comunidades desplazadas recuperen sus derechos y dignidad, y se den las condiciones para seguir avanzando en la construcción de un país más justo y equitativo”, puntualizó la vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad.