La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena impuesta a la ciudadana Daneidy Barrera Rojas, más conocida como “EPA Colombia”, por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas.
Al respecto, el alto tribunal señaló que el proceso está relacionado con hechos registrados el 22 de noviembre de 2019 cuando en medio de un paro nacional la procesada llegó a la estación Molinos del sistema Transmilenio y ocasionó daños al sistema con un martillo afectando las puertas de vidrio, el dispositivo de lectura de tarjetas, los equipos de recarga automática y la registradora de acceso a la estación. La procesada grabó sus acciones y las difundió en las redes sociales.
Cabe recordar que, en primera instancia, el juzgado segundo especializado de Bogotá la condenó por daño en bien ajeno agravado y perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial y la absolvió por instigación a delinquir con fines terroristas.
El despacho tuvo en cuenta la aceptación de cargos que hizo la procesada y la sentenció a 46,2 meses de prisión, multa de 25.42 salarios mensuales vigente y la inhabilitó para el ejercicio del oficio de influencer o youtuber.
Posteriormente, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá revocó parcialmente el fallo y la condenó por todos los delitos imputados a 63 meses y 15 días de prisión, multa de 492 salarios mínimos legales mensuales vigentes y mantuvo la restricción para el uso de sus redes sociales por el mismo término de la sanción principal. Además, negó la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria y dispuso su captura.
En esta oportunidad, la Sala Penal, al conocer el caso en impugnación especial resolvió mantener la condena y determinó la captura de la procesada. Señaló que la libertad de expresión “no es absoluta y deja de ser lícita cuando a través de ella se propaga la violencia destructiva de bienes jurídicos personales o de uso público, entre otros”.
Igualmente, consideró que con sus actuaciones instigó de manera consciente y voluntaria a sus seguidores para imitarla “en la ejecución de similares conductas (delictivas)” lo que es incompatible con la garantía de la protesta social.
“Se observa claro, entonces, que la difusión por redes de comunicación masiva de mensajes incitadores a la violencia y la destrucción del sistema de transporte público, por parte de la popular influencer “EPA Colombia”, a sus seguidores, ubicados en distintos lugares del país, en ese tiempo conmocionado por el “estallido social”, con la sugerencia de que actuaran de la misma manera que ella, tenía plena idoneidad para instigar a delinquir a través de conductas constitutivas de terrorismo”, se lee en la providencia.
Así mismo la Sala afirmó en su sentencia que “la instigación no sólo fue a vandalizar a cambio de nada, porque sí, ni como un propósito que se agotara en sí mismo. En lugar de ello, trascendió hasta los fines terroristas, porque incluyó que en los destinatarios pudiesen generar zozobra, intranquilidad, inquietud, aflicción, angustia, desazón, incertidumbre o desasosiego; y también aterrorizar, generar miedo, pánico, temor, pavor o susto”.
Y añadió que por la influencia que podía ejercer sobre otros ciudadanos la procesada tenía la obligación de “autorregular sus expresiones en las redes sociales y, a pesar de todo su conocimiento específico, dio rienda suelta a su comportamiento violento y, avanzó hasta la instigación a otros a que replicaran su designio destructivo, sobre bienes de uso público y afectación del trasporte masivo, siendo por entero previsible y altamente probable que otras personas hicieran lo mismo hasta acrecentar los niveles de zozobra y temor en la ciudadanía”.
La Sala mantuvo la condena por todos los delitos imputados a 63 meses y 15 días de prisión, multa de 492 salarios mínimos legales mensuales vigentes y mantuvo la restricción para el uso de sus redes sociales por el mismo término de la sanción. Inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, e inhabilitación para el ejercicio del oficio de influencer o youtuber.