La Corte Constitucional resolvió una acción de tutela de una mujer víctima de violencias basadas de género a quien la Alcaldía no quiso entregar el subsidio monetario que la Comisaría de Familia le había concedido con el objetivo de mitigar el riesgo en el que se encontraba.
El alto tribunal resaltó que la efectividad de las medidas que buscan atender de manera diligente y ágil en favor de las mujeres que son víctimas de violencias basadas en género es crucial para que puedan salir de esos entornos violentos y restablecer sus derechos.
En esta ocasión, la Corte también condenó la inacción y negligencia de las entidades encargadas de garantizar estas medidas y de vigilar su cumplimiento. Sentenció que “ninguna mujer debería verse obligada a iniciar un peregrinaje institucional para obtener las medidas de atención y protección a su favor”.
La Corte reconoció que, en Colombia, la violencia intrafamiliar afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Por ejemplo, ilustró que solo en el 2022 las mujeres representaron el 86,7 % de las víctimas de violencia intrafamiliar, según los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal.
Además, reiteró que la violencia intrafamiliar es una forma de violencia basada en género que encuentra un entorno de privacidad propicio para manifestarse, pues se dan en el marco de las relaciones familiares. Ante esta situación, la Corte recordó que el Estado colombiano tiene el deber de prevenir, mitigar y sancionar estos actos.
A pesar de que existe un marco jurídico robusto para garantizar estos deberes, los magistrados encontraron que la violencia institucional sigue siendo un obstáculo para garantizarle los derechos a las víctimas, pues persiste la falta de perspectiva de género en las decisiones judiciales y administrativas.
Además, el alto tribunal sostiene que “muchas mujeres enfrentan el llamado peregrinaje institucional, que las obliga a recorrer múltiples entidades en busca de protección sin recibir respuestas efectivas”.
Por ello, la Corte destacó la necesidad de que las autoridades actúen con debida diligencia y enfoque interseccional, con el fin de superar las múltiples formas de discriminación y barreras que enfrentan las víctimas.
El caso
Helena terminó su relación con su expareja después de que este la agredió físicamente frente a su hija y su primo, ambos menores de edad. La Policía llegó a su hogar, pero Helena, por temor a represalias, negó la agresión.
Más tarde, su expareja la amenazó y le advirtió que, si lo denunciaba, lucharía por la custodia de la niña y la dejaría sin apoyo. Al día siguiente, Helena acudió a las autoridades en busca de protección.
La Comisaría de Familia determinó que estaba en un riesgo alto y le concedió el subsidio monetario, como medida de atención para habitación, alimentación y asistencia médica, psicológica y psiquiátrica, a cargo de la Alcaldía.
Sin embargo, la entidad no le entregó dicho subsidio, pues afirmó que no le correspondía al municipio hacerlo. Ante la falta de apoyo institucional, Helena interpuso una acción de tutela para exigir la garantía de su derecho a una vida libre de violencias y a la dignidad humana.
Igualmente, solicitó el cumplimiento inmediato de la medida de atención que le concedió la Comisaría de Familia.
En esta ocasión, la Corte Constitucional concluyó que la Alcaldía y la Gobernación vulneraron los derechos de Helena a una vida libre de violencias y a la dignidad humana, tras negarle el subsidio monetario ordenado por la Comisaría de Familia, pues esto no sólo agravó su situación de riesgo, sino que también la forzó a ir a múltiples entidades en un intento fallido para obtener el subsidio.
Por esta razón, se ordenó a la Alcaldía entregarlo, agilizar la gestión de los recursos y eliminar las barreras administrativas. También se ordenó a la Gobernación implementar mecanismos efectivos para garantizar estas medidas en su jurisdicción.
Asimismo, consideró que la Defensoría del Pueblo, la Personería de Salvador y la Procuraduría Provincial de Instrucción del municipio incumplieron su deber de seguimiento a las medidas de atención otorgadas a Helena.
Por último, la Corte Constitucional concluyó que la Comisaría de Familia vulneró los derechos de Helena al restablecer las visitas del agresor con la niña y fijar como punto de recogida la nueva vivienda de la accionante. Esta decisión desconoció los antecedentes de violencia del agresor y puso nuevamente en riesgo a Helena y a su hija.
Por lo tanto, ordenó revisar el régimen de visitas con un equipo interdisciplinario, modificar el auto que restableció las visitas entre el agresor y la menor de edad, y evaluar la posibilidad de otorgar nuevas medidas de protección para Helena.