La Sala Plena de la Corte Constitucional, por unanimidad, decidió devolver a la presidencia de la plenaria de la Cámara de Representantes la Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de Origen Común, y se dictan otras disposiciones”, con el propósito de subsanar el vicio de procedimiento en el que se incurrió en el trámite de dicha iniciativa.
En tal sentido, el alto tribunal advirtió que de nuevo someta a discusión y votación de la Plenaria de la Cámara de Representantes la proposición sustitutiva presentada por María del Mar Pizarro, Cristóbal Caicedo y otros representantes durante la sesión ordinaria del 14 de junio de 2024, por medio de la cual se propuso acoger el texto aprobado por la plenaria del Senado y publicado en la Gaceta del Congreso 497 de 2024.
La Corte sostiene que, para cumplir con lo anterior, la Plenaria de la Cámara de Representantes tendrá un plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la comunicación de esta providencia, cuyo trámite solo correrá cuando el Congreso de la República se encuentre en sesiones ordinarias, a menos que sea convocado para ello en sesiones extraordinarias.
Este término no cobija el trámite de conciliación ante las dos cámaras legislativas, en caso de que sea necesario recurrir a dicha instancia legislativa. De ser el caso, el trámite de la conciliación deberá surtirse en el término máximo de una legislatura.
Además, el alto tribunal ordenó al presidente de la Cámara de Representantes que, “vencido el término de que trata el numeral anterior, rinda informe a la Corte Constitucional sobre el cumplimiento de la presente providencia y remita copia de las respectivas actas de Plenaria, para que la Corte Constitucional se pronuncie definitivamente sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024”.
Igualmente, la Sala Plena decidió suspender, a partir de la fecha, la entrada en vigencia de las normas de la Ley 2381 de 2024 hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Sala Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley, salvo lo que se refiere a lo dispuesto en los artículos 12, parágrafo transitorio y 76 de la citada ley. El Congreso de la República, en el marco del trámite legislativo correspondiente, podrá definir un nuevo término de entrada en vigencia integral de la Ley.
Finalmente, la Corte ordenó suspender los términos para la tramitación de los procesos que cursen o llegaren a cursar ante la Corte Constitucional, por demandas instauradas en contra de la Ley 2381 de 2024, total o parcialmente, hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Sala Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley dentro del expediente de la referencia. La Secretaría General de la Corte Constitucional realizará las anotaciones que correspondan en los expedientes respectivos.
“Reforma Pensional se salvó”: presidente Petro
Como un triunfo del pueblo y de las reformas sociales del Gobierno calificó el presidente Gustavo Petro la decisión tomada por la Corte Constitucional, en el sentido de devolver al Congreso la ley de reforma pensional para subsanar un error de procedimiento en su aprobación.
En su cuenta de X, el mandatario indicó que “la reforma pensional se ha salvado. Le solicito a la Cámara de representantes discutir a fondo el artículo que aprueba el texto del senado y aprobarlo. La Cámara ha sacado la cara por las reformas sociales del gobierno y del pueblo, y el Senado, con leve mayoría, comienza a reaccionar a favor”.
Entre tanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, en declaraciones a la prensa anunció que el Gobierno convocará al Congreso a sesiones extras, para surtir el trámite respectivo, como lo solicitó la Corte Constitucional.
Benedetti añadió que “es importante que no se haya hundido la reforma pensional en la Corte Constitucional y que la hayan enviado nuevamente a la Cámara, lo que significa que habrá más debates. Por lo tanto, se convocará a extras a la Cámara para que se discuta y se le dé el respectivo debate para que sea Ley de la República, porque debe empezar a regir el 1 de julio”.