En Bakú, Azerbaiyán, la ministra de Ambiente de Colombia y presidenta de la COP16, Susana Muhamad, destacó la urgencia de establecer un sistema financiero internacional que esté a la altura de la desafiante coyuntura climática.
Al respecto, la funcionaria colombiana recalcó la importancia de invertir en adaptación, especialmente en marcos críticos, como inundaciones y sequías extremas, que tienen un costo anual de alrededor de 400 millones de dólares fuera del presupuesto establecido para responder a estas emergencias.
De igual manera, en la presentación del Informe preliminar del Grupo de Expertos sobre Deuda, Naturaleza y Clima, establecido por los gobiernos de Colombia, Kenia, Francia y Alemania, se expusieron diferentes recomendaciones para poder hacer realidad la visión de reformar la estructura financiera global.
En tal sentido, se destacó la necesidad de reformar los sistemas financieros internacionales para integrar mejor los riesgos asociados al cambio climático y la biodiversidad; y que los países en desarrollo como Colombia deberían recibir mayores apoyos financieros, incluidas las condiciones de financiamiento preferenciales, para poder avanzar en proyectos de transición verde y aumentar las inversiones en resiliencia climática, entre otros.
“Es fundamental establecer soluciones audaces, incluyendo la creación de un pacto global que permita redirigir parte de las deudas soberanas hacia inversiones climáticas estratégicas. En ese sentido, no podemos permitir tener una crisis de deuda con una crisis climática juntas. Eso sería catastrófico para todos y muy difícil de recuperar”, afirmó la ministra Susana Muhamad.
Sobre el particular, Muhamad resaltó el impacto negativo que conlleva la deuda externa con altos servicios de deuda sobre la capacidad que tienen los países en desarrollo para abordar los desafíos que impone el cambio climático y la conservación de la biodiversidad.
Finalmente, durante su intervención, la ministra subrayó la importancia de repensar la arquitectura financiera internacional y de la calificación asociada a la sostenibilidad de los países emergentes y vulnerables climáticamente, con el propósito de que estos puedan financiar sus esfuerzos hacia un crecimiento verde y sostenible.