La Contraloría General de la República avanza en la recuperación de activos que tienen en el exterior responsables fiscales en Colombia. Gracias a ello, en el último año, de junio de 2022 a mayo de 2023, 15 países han respondido Solicitudes de Asistencia Jurídica Recíproca, en busca de información patrimonial, para solicitar notificaciones e inscribir medidas cautelares sobre procesos ejecutados.
Así lo reveló el Vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, en la instalación del Foro “Grandes Desafíos de la Comunidad Internacional en la lucha global contra la corrupción”, evento que se realizó en el marco de la conmemoración de los 100 años de creación de la CGR y en el cual participaron reconocidos expertos en el tema como Robert Klitgaard y el Procurador ad hoc de la República del Perú y expresidente de Transparencia Internacional, José Carlos Ugaz Sánchez.
Cabe señalar que la búsqueda de información patrimonial encabeza el listado de solicitudes de la Contraloría en el exterior (66,67%), le siguen las referidas a notificaciones (26,67%) y luego la inscripción de medida cautelar sobre un proceso ejecutado (6,66%), estadísticas que denotan la importancia de la presencia internacional de la CGR en el cumplimiento de su misión constitucional de proteger el erario.
Igualmente, en su calidad de autoridad central de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), la Contraloría General de la Republica ha incrementado su relacionamiento externo, implementado las herramientas establecidas en esta, con lo cual se materializan acciones más eficaces internamente, destacó el funcionario.
De otro lado, recordó que cuando inició la administración del Contralor Carlos Hernán Rodríguez la CGR tenía 7 mil deudores en procesos de cobro coativo, con una deuda que llegaba a más de $10 billones. Se trata en buena parte de personas naturales y jurídicas que están insolventes, que, supuestamente, no tienen recursos ni bienes para ponerse al día con la Contraloría.
Por eso se decidió que, para evitar que los vinculados a procesos de responsabilidad fiscal se insolventen y no paguen, ahora se decretan embargos apenas se abren los procesos, de manera que cuando se llegue al fallo se puedan recuperar los recursos públicos perdidos.
Aparte de la recuperación efectiva de recursos, el Vicecontralor en funciones de Contralor destacó la cantidad de procesos de responsabilidad fiscal que se han abierto en estos 9 meses (469 por $4,2 billones) y el total de hallazgos fiscales que se han establecido en las auditorías realizadas en el primer semestre de 2023 (690 por $1,2 billones).
Papel de la Contraloría en la lucha contra la corrupción
Entre tanto, el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna, exaltó el papel fundamental que ha tenido la CGR en la lucha contra la corrupción. “Muchos elefantes blancos y obras inconclusas no se hubieran resuelto si no fuera por la acción de este organismo de control”, indicó.
Resaltó casos como la recuperación de $4,2 billones en Hidroituango, así como las 783 alertas que hizo la DIARI entre 2021 y 2022, evitando la pérdida de recursos por casi $20 billones.
Sostuvo el ministro que en Colombia hay una corrupción muy organizada, con grandes conglomerados en la ilegalidad que corrompen intereses de muchos servidores públicos, con marionetas y carruseles de la contratación, por lo que se requiere dotar a la Contraloría General de la República de más herramientas para enfrentar estos nuevos paradigmas de impunidad
Osuna consideró que la Contraloría puede tener un papel activo en la verificación del recaudo de impuestos, trabajando de la mano con la DIAN, y también poniendo su lupa en el recaudo de las multas de la rama judicial a personas condenadas penalmente.
El ministro de Justicia y del Derecho solicitó también a la Contraloría que le preste colaboración en su lucha contra la corrupción en el sistema carcelario. “Le he pedido al Contralor que nos ayude en esta empresa, que es de todos los colombianos, de tener un sistema carcelario en el que los recursos que son costosos sean exactamente para atender el problema penitenciario y no se desvíe ni un solo peso hacia la corrupción.