El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, llamó la atención al Gobierno Nacional sobre la necesidad de precisar de manera clara el costo real de la Reforma a la Salud, a fin de garantizar su implementación, como la sostenibilidad de la misma, en el mediano y largo plazo.
En este sentido, el jefe del organismo de control advirtió sobre la necesidad de depurar y aclarar las deudas entre los diferentes actores del sistema, como requisito previo a la implementación de los nuevos mecanismos de financiación y flujo de recursos, con un proceso de saneamiento efectivo, en los tiempos de transición de un modelo a otro.
“Esta Contraloría hace un llamado urgente al gobierno nacional para que nos reporte la estructura de costos y los estudios previos en que se ha basado para la proyección de los mismos, habida cuenta de la necesidad y de la preocupación que nos asiste para llevar a cabo lo de nuestra competencia, en el seguimiento y la vigilancia debida a los recursos públicos, con el fin de que se garantice el derecho fundamental a la salud de la población”, expresó al instalar el Foro “Protección del Derecho a la Salud desde el Control Fiscal”, evento realizado en el marco de la celebración de 100 años de existencia de la Contraloría General de la República.
Para el Contralor, un aspecto crítico evidenciado en el actual modelo de salud es el tema de las deudas de las EPS con los prestadores que, según lo anunciado por la Superintendencia de Salud, estarían en el orden de los $23,3 billones, y conforme los análisis realizados por la CGR con información del más reciente reporte de la Circular 030, con corte a septiembre de 2022, podría ascender a los $26,1 billones.
Advirtió el Contralor que las deudas con los prestadores, a cargo de las EPS que están bajo medidas especiales, corren el riesgo de no ser canceladas, pues lo que normalmente se observa es que las entidades que entran en estas medidas, terminan en procesos de liquidación, con el riesgo de pérdida de los recursos comprometidos en estas carteras, toda vez que los activos resultan insuficientes para cubrir sus acreencias.
El Contralor Rodríguez Becerra manifestó también “gran preocupación” acerca del riesgo de pérdida de recursos del sistema, de no llevarse a cabo los ajustes pertinentes sobre los procesos de la ADRES, de acuerdo con lo que la CGR ha podido verificar en diversas actuaciones que ha realizado sobre esta entidad, que con la Reforma a la Salud centralizaría el manejo directo de los recursos del sector.
“Surge para esta Contraloría el interrogante acerca de cómo serán los procesos de auditoría y seguimiento al giro de recursos del sistema, por parte de la ADRES, de ahora en adelante, ante el nuevo panorama de riesgos implícito en la reforma, el cual debe ser sopesado, evaluado y mitigado al máximo, para evitar la posible pérdida de recursos del sector, pues esta administradora, además del manejo de los mismos, se propone tenga a cargo los procesos de contratación de los servicios de salud”, anotó el Contralor.
“Debo agregar con el mayor énfasis que esta Contraloría, a partir de la reforma que se propone, adecuará y dirigirá su foco de atención mayoritariamente hacia la ADRES y sus procesos internos de manejo, uso, destinación y flujo de los recursos, sin descuidar los otros actores del Sistema, mediante las diferentes herramientas que poseemos, con el fin de prevenir, mitigar al máximo y evitar las posibles pérdidas de recursos del sistema o detrimentos al patrimonio público”, advirtió.