El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, manifestó, junto con la Procuraduría General de la Nación, su preocupación por la garantía en la prestación del servicio de energía y gas en el país, e hizo un llamado al Gobierno nacional para priorizar el pago de los subsidios tarifarios y contener el crecimiento de la deuda acumulada en 2025.
Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer el diálogo con las empresas del sector, mitigar los efectos del archivo de la Ley de Financiamiento y avanzar en soluciones para saldar las deudas de los usuarios asociadas a la opción tarifaria implementada durante la pandemia.
En esta ocasión, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación llevaron a cabo una Mesa Técnica con el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos, en la que se abordaron temas relacionados con el pago de subsidios, la gestión de la opción tarifaria y el impacto económico y la eficiencia de las intervenciones a empresas de servicios públicos.
En relación con la intervención de Air-e, la Superintendencia informó que el fondo empresarial destinado a estas acciones contaba, a marzo de 2025, con $416.500 millones, pero que actualmente solo dispone de $167.000 millones, mientras enfrenta deudas por $234.000 millones asociadas a ocho empresas intervenidas y pasivos por $2,2 billones correspondientes a tres empresas en liquidación, incluida Electricaribe.
También se indicó que se están gestionando nuevos recursos, incluida la posible creación de una renta parafiscal, aunque se advirtió que estas soluciones requieren tiempo y la deuda continúa en aumento.
Deuda por subsidios
De acuerdo con cifras del Comité Intergremial de Energía y Gas, a enero de 2025 la deuda del Gobierno Nacional y las entidades oficiales por servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas alcanza los $7,6 billones, distribuidos en $2,7 billones por subsidios de energía eléctrica; $ 3,3 billones por opción tarifaria; $1 billón de deuda de usuarios oficiales y $ 628 mil millones por subsidios de gas combustible.
En respuesta al requerimiento de la Contraloría General en marzo de 2025, el Ministerio de Minas y Energía informó que la deuda pendiente con las empresas comercializadoras de energía por subsidios correspondientes a 2024 asciende a $1,9 billones.
De ese total, $1 billón ya ha sido reconocido mediante resoluciones de pago, mientras que el valor restante está pendiente de asignación, conforme lo confirma el comunicado del Ministerio del 20 de mayo. Sin embargo, el Ministerio de Minas y Energía no remitió detalle de la deuda con los operadores de gas combustible; que también se requirió.
Aunque se anuncian apropiaciones de recursos para pagar los subsidios pendientes desde 2024 para el 96% de las empresas de energía y gas, el Contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra advirtió que la apropiación suficiente y la ejecución oportuna debe ser programada y ejecutada en la respectiva vigencia ya que estos recursos cubren necesidades periódicas y de valores predecibles.
Según el comunicado del Ministerio de Minas y Energía del 20 de mayo de 2025, el Gobierno nacional pagó la totalidad de las deudas por subsidios a empresas de energía y gas, por un valor cercano a $2,5 billones, cubriendo el rezago presupuestal de 2024 y las resoluciones expedidas entre enero y mayo de 2025. Asimismo, se giraron aproximadamente $564 mil millones a 76 empresas del sector gasífero.
Aunque el Ministerio señala que la deuda de subsidios de 2024 ya fue saldada, el Contralor General advierte sobre la necesidad de hacer seguimiento a las obligaciones del primer trimestre de 2025, aún en trámite y sin presupuesto asignado, lo que podría afectar la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras y poner en riesgo la continuidad de los subsidios para las poblaciones más vulnerables.
En el mismo sentido se estima necesario evaluar las fórmulas tarifarias y actualizarlas, incluyendo factores de eficiencia, como medida complementaria que podría llevar a su reducción, y a su vez, la disminución de las necesidades de subsidios.
En tal sentido, se advirtió que las principales fallas encontradas en los esquemas de subsidios comprometen los objetivos de calidad, acceso equitativo y sostenibilidad financiera, además de encontrarse riesgos asociados a la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
“La ausencia de sistemas adecuados y de un seguimiento efectivo comprometen la transparencia y la efectividad de los subsidios, aspectos esenciales para garantizar una correcta distribución de los recursos en los servicios eléctrico y de gas combustible”, finalizó el Contralor General.