En el marco del ‘Foro sobre la Política Pública del Modo Ferroviario en Colombia’, realizado en la Universidad Área Andina de Valledupar, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, celebró el impulso a la reactivación del modo ferroviario en Colombia, destacando la necesidad que este proceso se lleve a cabo de manera planificada, garantizando su integración con otros modos de transporte y su sostenibilidad a largo plazo.
En tal sentido, el Contralor enfatizó la importancia que tanto la Nación como los concesionarios cumplan rigurosamente los compromisos legales, financieros, técnicos, ambientales y sociales asumidos en los contratos de concesión.
Además, Rodríguez Becerra celebró la reciente adjudicación de la primera asociación público-privada de quinta generación (APP 5G) para el mejoramiento del corredor férreo La Dorada (Caldas) – Chiriguaná (Cesar), con una longitud de 526 kilómetros y una inversión estimada de $3,4 billones, calificándolo como un hito en la consolidación del modo ferroviario.
No obstante, señaló como tarea pendiente la actualización tecnológica de los sistemas ferroviarios, incluyendo el cambio de carrilera a trocha estándar, fundamental para la integración de la red ferroviaria nacional a estándares modernos.
El Contralor también advirtió sobre la preocupante disminución del transporte ferroviario: la carga movilizada por tren en 2024 cayó 34% respecto a 2019, y el transporte de pasajeros disminuyó de 700.000 en 2019 a 585.000 en 2024. Hoy, la movilización de pasajeros se concentra principalmente en los modos carretero (55%) y aéreo (43%).
Respecto a la política de reactivación ferroviaria establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Rodríguez Becerra informó que se programó la estructuración y adjudicación de proyectos por un total de 1.817 km. A la fecha, solo se ha alcanzado un 28,9% de esta meta, representado en la adjudicación del contrato APP 5G del corredor La Dorada–Chiriguaná.
Adicionalmente, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) está estructurando 1.492 km de proyectos, que incluyen:
– APP Red Férrea del Pacífico – Conexión Corredor Férreo Central (560 km), que conecta Buenaventura, Loboguerrero, Yumbo, Palmira, Zarzal, La Tebaida y Alvarado.
– APP Corredor Bogotá – Conexión Corredor Férreo Central (413 km), conectando Bogotá, Zipaquirá, Ubaté, Fúquene, Saboyá, Barbosa y Barrancabermeja (Tren del Carare).
– Proyecto de obra pública de los corredores Bogotá–Belencito (308 km) y Yumbo–Caimalito (211 km).
También, se adelantan estudios de prefactibilidad para nuevas conexiones ferroviarias como Villavicencio–Puerto Gaitán, la Conexión Interoceánica Chocó–Urabá y el Tren del Catatumbo, liderados por la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
El Contralor General instó al Gobierno Nacional a redoblar esfuerzos para alcanzar la ambiciosa meta de 1.817 km de proyectos estructurados y/o adjudicados, consolidando así el modo ferroviario como motor de competitividad, desarrollo logístico y progreso sostenible para el país.
Rodríguez Becerra fue enfático en reiterar la importancia de que tanto la Nación como sus concesionarios cumplan cabalmente con todos los compromisos legales, financieros, técnicos, ambientales y sociales pactados al momento de suscribir cada contrato de concesión.
El jefe del organismo de control está de acuerdo con que el Gobierno Nacional sea muy riguroso en la exigencia de que sus concesionarios cumplan cabalmente sus obligaciones, pero al mismo tiempo considera que la Nación, como contratante, también tiene la obligación de cumplir lo pactado, especialmente en lo que tiene que ver con el aporte adecuado y oportuno de vigencias futuras y el pago, también adecuado y oportuno, de la contraprestación al concesionario, una vez recibidas a satisfacción las obras, servicios y/o unidades funcionales.
Finalmente, durante su intervención en el ´Foro sobre la Política Pública del Modo Ferroviario en Colombia´, el Contralor General reiteró su posición en el sentido de que no se pueden tocar los recursos públicos de vigencias futuras de las concesiones viales 4G y 5G, con fines distintos, dado que tienen una destinación específica debidamente pactada en el contrato de concesión.
“Tocar esos recursos exige el cumplimiento de unos requisitos desde el punto de vista constitucional y legal, que deben ser analizados y mirados con superlativo cuidado a fin de evitar que se cause algún tipo de perjuicio presupuestal”, subrayó.
Igualmente, advirtió que, si se no cumple con esta obligación, se podría generar un posible incumplimiento contractual y generación de pago de intereses moratorios y remuneratorios no previstos en la estructuración financiera de los proyectos.