El presidente Gustavo Petro Urrego, al término de la reunión de trabajo que sostuvo con los 15 representantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el Salón Bolívar de la Casa de Nariño, se refirió, entre otros, al histórico incumplimiento entre el 2018 y el 2022 en la implementación del Acuerdo de Paz (2016)
Ante ello, señaló el mandatario colombiano, “esto conlleva hoy a la decisión de que todo el gobierno nacional completo, con todo el presupuesto del país, esté destinado a resolver el problema de la desigualdad social y territorial en Colombia y, por lo tanto, el gran coordinador de la implementación de la paz es el presidente de la República”.
En su declaración, junto a la presidenta del Consejo de Seguridad, el jefe de Estado entregó un balance de resultados del Acuerdo Final de Paz, que muestra incumplimientos en los grandes capítulos del acuerdo: reforma rural, verdad judicial, transformación del territorio y seguridad para los excombatientes firmantes de la paz.
Reforma rural
Al respecto, el jefe de Estado explicó que el acuerdo firmado en 2016 entre el Gobierno de Colombia y las Farc-EP se propuso entregar 3 millones de hectáreas de tierras y titular otros 7 millones de hectáreas a los campesinos y comunidades étnicas del país.
“Este primer punto tuvo 13 mil hectáreas compradas en el gobierno pasado y 200 mil en el presente. Deberíamos estar, aproximadamente, en un millón 200 mil hectáreas. A pesar de que hemos acelerado, aún el ritmo es insuficiente y perdimos cuatro años. En relación a los 7 millones de hectáreas tituladas, vamos en 1 millón 600 mil. Se perdieron cuatro años”, expuso el mandatario.
Verdad judicial
Sobre este particular, el jefe de Estado indicó que “lo que ha existido es que la verdad [judicial] se fragmentó en diversos tribunales de acuerdo al tipo de sujeto de violencia. Guerrilleros y militares fueron a parar a la JEP, paramilitares a la Justicia y Paz y civiles terceros, como se les llamó jurídicamente, que son quizás los que dieron las órdenes y las financiaron, están en la justicia ordinaria”.
Además, recalcó que los procesos en justicia ordinaria no se movieron durante todo el periodo, es decir, los terceros, los mayores responsables de la violencia.
“Esa fragmentación de la verdad, a veces sobre el mismo hecho, pero con actores diferentes en el mismo hecho, termina en tribunales diferentes. Por lo tanto, la verdad se fragmenta y lo que ocurre allí es que no aparece la verdad. Hay impunidad. El resultado hasta esta fecha alrededor del conflicto armado colombiano es que sigue existiendo la impunidad”, enfatizó.
Transformación del territorio
El presidente Petro señaló que, según la Contraloría, las inversiones en los territorios más olvidados del país ascenderían a 80 billones de pesos, desde la firma del Acuerdo de Paz.
“Yo vengo de recorrerlos con todo el gobierno en pleno y de contrastar el gobierno con las comunidades reunidas, sin intermediarios. Yo no veo esa inversión. Todos los indicadores, por ejemplo, de mortalidad infantil, mortalidad materna, agua potable y cobertura de educación en los territorios; es decir, las condiciones básicas de existencia, siguen siendo las mismas que antes de los acuerdos de paz, y profundamente ínfimas comparadas con las regiones más ricas de Colombia”.
Al respecto cuestionó: “¿Qué se hizo el dinero? Esa debería ser una pregunta a la Contraloría. ¿Qué pasó con el dinero que dicen se invirtió en estos territorios y que debió, por la magnitud del recurso que se dice, mover las agujas del desarrollo social y no las movió?. Yo creo que parcialmente se lo robaron y no hay una transformación del territorio”, dijo el mandatario.
Seguridad de firmantes de la paz
El mandatario, respecto al punto de la seguridad de los excombatientes que dejaron las armas y entraron al proceso de paz, preciso que “el balance es 419 muertos firmantes de la paz. De 4.485 solicitudes de amnistía tramitadas por la JEP se negaron 3.804, la inmensa mayoría. Y hoy, siete años después de firmado los acuerdos, hay 595 presos”.
Subrayó que con la política de Paz Total su gobierno busca contrarrestar las economías ilícitas y la violencia en los territorios del país.
“Este es el balance hasta el día de hoy. Nos queda un tiempo, lo que queda de este gobierno y el siguiente gobierno, para que, en próximas reuniones con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ante el cual se declaró el Acuerdo de Paz”, se puedan entregar mejores resultados, concluyó el presidente Petro.
Responsables de implementación del Acuerdo de Paz
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas inició su agenda de trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde sostuvo una reunión con los representantes de las instituciones encargadas de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, en la que abordaron los puntos que monitorea la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
Los miembros del Consejo, presidido este mes por Carolyn Rodrigues Birkett, de Guyana, fueron recibidos en el Palacio de San Carlos (sede de la Cancillería) por la viceministra de Asuntos Multilaterales, Elizabeth Taylor Jay, y la embajadora de Colombia en las Naciones Unidas, Leonor Zalabata.
“En esta visita esperamos que ustedes constaten de manera directa cómo el país, nuestro país, con sus instituciones, la sociedad civil, los firmantes de paz y los actores armados con voluntad de paz, avanzamos hacia un propósito común, identificando además los retos que aún permanecen”, expreso Taylor Jay al recibir a los embajadores en la Cancillería.
De igual manera, agregó que “la paz en Colombia ha pasado de ser un anhelo a ser un compromiso social e institucional de acción permanente”.
Esta tercera visita al país del Consejo de Seguridad en siete años, se extenderá hasta el próximo domingo.
Agenda
En la primera jornada, el Consejo tendrá encuentros con firmantes del Acuerdo, con directivos de la Jurisdicción Especial para la Paz y con miembros del Congreso de la República.
Según la Cancillería, este viernes, la delegación se trasladará al municipio de La Montañita (Caquetá), donde visitará el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Agua Bonita y conversará con firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 sobre la reincorporación.
De regreso a Bogotá, sostendrá un encuentro con organizaciones de mujeres.
El sábado 10 de febrero viajarán a Buenaventura (Valle del Cauca), donde tendrán la reunión con representantes de los pueblos étnicos y analizarán sus experiencias en cuanto al Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz, uno de los cinco puntos del Acuerdo.
En la ciudad portuaria del Pacífico se reunirán igualmente con representantes de las víctimas, la sociedad civil y otras instituciones.
Miembros del Consejo
El Consejo está formado actualmente por Argelia, Ecuador, Eslovenia, Guyana, Japón, Malta, Mozambique, República de Corea, Sierra Leona, Suiza, China, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia y Reino Unido. Los cinco últimos países son miembros permanentes.
La delegación que viajó a Colombia la conforman los embajadores Amar Bendjama (Argelia), Xiaoqiang Niu (China), Jose Javier De La Gasca Lopezdominguez (Ecuador), Nathalie Estival Broadhurst (Francia), Kazuyuki Yamazaki (Japón), Francesca Maria Gatt (Malta), Eufrasio Jose Maria Irachande Gouveia (Mozambique), Sangjin Kim (República de Corea), Vassily Nebenzia (Federación de Rusia), Amara Sheikh Mohammed Sowa (Sierra Leona), Samuel Žbogar (Eslovenia), Pascale Baeriswyl (Suiza), Dame Barbara Woodward (Reino Unido) y Elisabeth Inga Millard (Estados Unidos).