El proyecto de Acto Legislativo de Autonomía Territorial, que le devuelve la independencia fiscal y económica a las regiones, fue aprobado con 124 votos en la Plenaria de la Cámara de Representantes.
Según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se convierte en un paso histórico para cumplir con la promesa de la Constitución de 1991 y un avance importante para reducir las brechas económicas y sociales del país.
Cabe destacar que, esta reforma constitucional, que ha sido producto de una ardua búsqueda de consensos entre el Gobierno nacional, el Congreso de la República, y las alcaldías y gobernaciones del país.
Además, resaltar que busca fortalecer la autonomía fiscal de los municipios, distritos y departamentos, asegurando que los recursos se destinen de manera eficiente en servicios básicos como educación, salud, agua potable, saneamiento básico e infraestructura, entre otros.
“Esta es la reforma constitucional, tal vez, si no la más importante, de las más importantes que se han aprobado desde la Constitución de 1991. Durante los ocho debates se fue ajustando, se fue mejorando, se fueron superando diferencias y temores de quienes, legítimamente y siendo amigos de la descentralización, tenían preocupaciones desde el punto de vista fiscal”, mencionó el ministro Cristo.
Vale recordar que actualmente la Nación transfiere a los entes territoriales poco más del 20% de sus ingresos corrientes, un porcentaje mínimo que promueve un Estado centralista que concentra sus decisiones en Bogotá.
Ahora, con la entrada en vigencia de Acto Legislativo, los entes territoriales pasarán a recibir el 39,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación, un cambio que se hará de manera gradual mientras se les asignan nuevas responsabilidades.
“La noticia hoy es que Colombia da un paso hacia la autonomía territorial con sostenibilidad fiscal, cumpliendo la regla fiscal, condicionando la aprobación de este acto legislativo a la Ley de Competencias, que va a ser la gran discusión que vamos a dar en el país y, sobre todo, lo más importante, que podamos cerrar brechas territoriales”, señaló el ministro Cristo.
De igual manera, agregó que “con esta aprobación daremos un salto cualitativo en materia de educación, de salud, de saneamiento y de agua potable, que es lo mínimo que merecen nuestros compatriotas en los territorios y que este centralismo no les ha permitido tener durante las décadas”.
Finalmente, se indicó que la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) entrará en vigor cuando el Congreso apruebe, entre 2025 y 2026, la Ley de Competencias, que asignará mayores responsabilidades a las entidades territoriales.
Con este Acto Legislativo, además de recibir más recursos, los territorios deberán fortalecer su capacidad de autogestión y asumir un rol más activo en la administración, ejecución y supervisión de los programas y proyectos.
Por esta razón, el Ministerio del Interior ha propuesto que la construcción de la Ley de Competencias se realice a través de una mesa técnica que incluya todas las voces posibles, con el apoyo y acompañamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Una vez aprobada la Ley de Competencias, la Nación comenzará a transferir, de manera gradual y durante un plazo de hasta 12 años, el 39,5 % de los Ingresos Corrientes de la Nación, tal como lo establece la legislación.
Avanza la Reforma Política
Entre tanto, la Reforma Política y Electoral, propuesta por el Gobierno nacional, dio un importante paso en el Congreso de la República este lunes, al ser aprobada en tercer debate.
Al respecto, se destaca que este Proyecto de Acto Legislativo tiene como objetivo enfrentar la corrupción en el sistema electoral colombiano, para garantizar un sistema confiable, imparcial, transparente y garantista.
Además, busca consolidar a los partidos políticos como verdaderos instrumentos de participación y representación ciudadana.
Durante la sesión de la Comisión Primera del Senado, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, destacó que la aprobación de esta reforma constitucional representa un avance significativo para la democracia colombiana, en tanto que permitirá restaurar y profundizar la confianza ciudadana en las instituciones y el proceso electoral del país.
“Yo quiero insistir en esto: las reglas de juego que acordemos en financiación de campañas, en la autoridad electoral y en el cambio del voto preferente no se aplicarán en el 2026. Y la única manera de que podamos pensar en sacar adelante una Reforma Política es como un régimen de transición”, destacó Cristo.
Así mismo, el funcionario recordó que la Reforma Política está siendo tramitada como respuesta a la necesidad de poner a la vanguardia a las instituciones de la democracia colombiana y, a su vez, avanzar en el cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de Paz de 2016, y materializar las recomendaciones que hizo, fruto de ese Acuerdo, la Misión Especial Electoral de 2017 frente a la apertura y funcionamiento del sistema político.
En tal sentido, se subraya que este Proyecto de Acto Legislativo se enfoca en tres asuntos principales: la financiación preponderantemente estatal de las campañas políticas, las listas cerradas con equidad de género y una autoridad electoral independiente.
Frente a la financiación de las campañas a corporaciones públicas se definió que será predominantemente estatal. Por otra parte, se acordó implementar listas cerradas con garantía de equidad de género para aspirantes al Congreso, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, una medida que ayudará a garantizar una representación colectiva de los partidos.
Otro aspecto fundamental de esta reforma es la modificación en el proceso de elección de los magistrados de la autoridad electoral, que fortalecerá su independencia frente a los partidos políticos. En el articulado se estableció que las altas cortes presentarán dos ternas y el Congreso una, y será el Legislativo el que elegirá a los nueve magistrados.
Ahora, este Proyecto de Acto Legislativo avanzará al cuarto debate en la plenaria del Senado de la República, donde continuará su trámite y se fortalecerá su articulado, teniendo en cuenta las observaciones y aportes de los congresistas, academia y expertos.