Los complejos hechos de violencia vividos en el corredor minero entre Cesar y La Guajira, tal como en la región de los Montes de María, en Bolívar y Sucre, son abordados de manera colaborativa entre la Unidad de Restitución de Tierras, URT, y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, a través de mesas bilaterales de investigación.
Al respecto, se informó que los grupos de investigadores unen esfuerzos para compartir acumulados investigativos y análisis frente a casos de violencia, abandono forzado y/o despojo de tierras.
En tal sentido, se destaca que esta labor articulada facilita el cumplimiento de la misionalidad para ambas partes: por un lado, permite a la JEP identificar a los responsables del conflicto armado; mientras que la URT, fortalece el acervo probatorio para presentar demandas de restitución en dichas regiones.
Como resultado de esta labor, la URT ha logrado contribuir con el diseño de preguntas a los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, respecto a hechos de desplazamiento y/o despojo de tierras en estas zonas, conformadas así:
El corredor minero por los municipios de Agustín Codazzi, Becerril, Chiriguaná, El Paso y La Jagua de Ibirico, en Cesar; tal como Albania, Barrancas y Hatonuevo, en La Guajira; y los Montes de María, por los municipios de San Juan Nepomuceno, María la Baja, El Guamo, San Jacinto, Carmen de Bolívar, Córdoba y Zambrano, en Bolívar. También, San Onofre, Toluviejo, Ovejas, Chalán, Colosó, Morroa, Los Palmitos y Palmito, en Sucre.
“En ningún otro escenario, la entidad hubiera podido aportar preguntas o avanzar en pesquisas a exmiembros de la Fuerza Pública, o a funcionarios que están siendo investigados por la JEP y que participaron en los hechos de violencia que afectaron estas regiones”, enfatizó Paula Villa, directora jurídica de la URT.
De igual manera, las partes resaltan que, como resultado del trabajo articulado con esta jurisdicción, la entidad ha logrado información respecto a posibles cadenas de testaferrato, cambios abruptos en el uso de suelo, posibles beneficiarios de despojos materiales y administrativos o titulación irregular de propiedades rurales.
De igual manera, se ha abordado conjuntamente el emblemático caso de la finca Bellacruz, al sur del Cesar.
Así mismo, respecto al Macro Caso 008, sub caso Montes de María, la URT pudo conocer de manera preliminar cómo se enfoca la investigación frente a la participación de agentes del Estado en casos de despojo, y ofrecer, por ejemplo, la caracterización de las negaciones de restitución que se dieron en la zona.
“El trabajo de la JEP fortalece el proceso de restitución de tierras, teniendo en cuenta que esta institución se creó en el marco del Acuerdo de Paz, cuenta con mayor peso constitucional y tiene alcance internacional”, destacó Paula Villa.