El Gobierno nacional, con el acompañamiento técnico del Programa de Cooperación sobre Drogas entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, Copolad III, presentó una propuesta para fortalecer el modelo de aprovechamiento social y comunitario de los bienes incautados al crimen organizado en Colombia.
Este proceso, en el que participan el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), junto con la sociedad civil -liderada por el Comité Permanente para los Derechos Humanos (CPDH)-, inició hace dos años, en el marco de la implementación de la Política Nacional de Drogas 2023-2033 ‘Sembrado vida, desterramos el narcotráfico’.
A lo largo de estos dos años se realizaron mesas que contaron con la participación de representantes gubernamentales, comunidades locales, organizaciones civiles, así como de diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil, logrando recoger insumos para la propuesta de fortalecimiento del modelo y consolidar estrategias para el aprovechamiento de los bienes bajo principios de legalidad, inclusión y sostenibilidad.
Asimismo, se realizaron seis encuentros en los departamentos de Bolívar (Cartagena), Antioquia (Medellín), Valle del Cauca (Cali), Norte de Santander (Cúcuta), Risaralda (Pereira), y en la capital del país, Bogotá, para el Distrito Capital y Cundinamarca.
En dichas oportunidades se contó con la participación de 72 organizaciones que cuentan con activos de la SAE, y en los que se promovió el diálogo comunitario para construir propuestas que garanticen el aprovechamiento efectivo de estos activos.
Estas experiencias sirvieron para estructurar una propuesta de modelo integral de uso comunitario que responda a las realidades de cada territorio.
“Fuimos los primeros en recibir el cumplimiento de la promesa del Gobierno sobre los predios de la SAE. Con su apoyo, accedimos a 170 hectáreas en las que hoy consolidamos un proyecto agrario real y efectivo. Esta tierra hoy cumple una función social, produce comida para el pueblo y fortalece el tejido de 42 familias campesinas. Por eso, hacemos autogestiones para continuar trabajando la tierra que ahora nos pertenece”, resaltó William Antonio Ortega, beneficiario líder de A 100 % Agroparaiso, de Montería (Córdoba).
Al hacer la presentación de su proyecto productivo, añadió que “en 2024, logramos producir 307 toneladas de arroz, generando utilidades económicas para cada familia. Esto nos ha permitido invertir en mejoras del predio, fortaleciendo la sostenibilidad y garantizando el desarrollo comunitario”.
“El programa Copolad III contribuye a la Política Nacional de Drogas 2023-2033 ‘Sembrando vida, desterramos el narcotráfico’, y comparte la aspiración del Gobierno colombiano de proteger la salud y el bienestar de su población. El narcotráfico es, sin duda, un problema de seguridad, pero también, social y de derechos humanos”, manifestó el jefe de Misión Adjunto Delegación de la Unión Europea en Colombia, Jörg Schreiber.
Igualmente, sostuvo que “en esta perspectiva, la reutilización social de los bienes decomisados tiene un impacto positivo en la lucha contra el crimen organizado y la dimensión política y social de los territorios. Cuando el Estado logra recrear un vínculo con la ciudadanía, en zonas urbanas o rurales que han sufrido la presencia de la criminalidad, restituyéndole directamente los recursos sustraídos ilegalmente, estos se reconfiguran como un bien común”.
Por su parte, la ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago, destacó la importancia del acompañamiento técnico recibido para el desarrollo de los proyectos y de la participación comunitaria.
“Sin lugar a dudas los principales avances y desafíos han sido los cambios de paradigma, que no son fáciles, y están transitando desde un enfoque de la administración de los bienes a uno que prioriza su aprovechamiento social y comunitario, con el propósito de reformar los territorios afectados por el narcotráfico, lo cual no es sencillo porque tiene una cantidad de complejidades desde lo jurídico y práctico”, señaló la titular de la cartera de Justicia.
“Colopad junto al Ministerio de Justicia y del Derecho, nos han estado colaborando para el apoyo a 72 organizaciones con el fin de hacerles llegar los bienes con los que cuenta la SAE. Hay comunidades afro, indígenas, campesinos, miembros LGBTIQ+, incluso llegamos a conocer actividades piscícolas de mujeres que llegaron a producir 10 mil toneladas de peces que se venderán en Semana Santa, además de la exportación de plátanos por parte de la comunidad que se encuentra en Sucre y producción masiva de arroz, que van a contribuir a la canasta familiar colombiana”, expresó la presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra.
Además, agregó que “nosotros desde la SAE, vamos a continuar con el apoyo que se les da en diferentes modalidades a través de comodatos, arrendamientos, pero lo más importante algunos de estos predios de manera definitiva, que es en lo que esta administración quiere y estamos propendiendo por ello”.
“El trabajo articulado permitió consolidar propuestas para fortalecer un modelo que transforme los bienes incautados al crimen organizado en proyectos productivos que fortalecen la economía popular, contribuyendo al cumplimiento del Acuerdo de Paz y la Paz Total. De esta manera, el Gobierno nacional sigue avanzando en la consolidación de estrategias que promuevan la justicia social, el desarrollo económico y la reparación integral de comunidades históricamente afectadas”, enfatizó la ministra de Justicia.