El Tribunal Arbitral constituido bajo los auspicios del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, “CIADI”, puso fin al arbitraje iniciado por Montauk Metals Inc (Antes Galway Gold Inc) contra Colombia, en relación con la prohibición de llevar a cabo actividades de minería en los ecosistemas de páramos y particularmente, en el Páramo de Santurbán.
Al respecto, en el laudo arbitral, el Tribunal desestimó las reclamaciones de expropiación y de violación al estándar de Trato Justo y Equitativo. En relación con el reclamo de expropiación, el Tribunal encontró que las medidas adoptadas por Colombia se tomaron de buena fe y constituían un ejercicio legítimo del derecho del Estado de ejercer potestades regulatorias para proteger el ecosistema de páramos.
Con esta decisión, y gracias a la efectiva actuación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ANDJE, el país se salvó de pagarle más de $700.000 millones a la minera canadiense.
Por otro lado, el Tribunal encontró que el inversionista no tenía una expectativa legítima de que Colombia no iba a proteger los páramos ni que sus actuaciones pudieran ser calificadas manifiestamente de arbitrarias o injustas. De igual forma, el Tribunal consideró que las decisiones de Colombia para la protección de los páramos no fueron manifiestamente arbitrarias o injustas.
En tal sentido, el Tribunal acogió los argumentos de defensa presentados por el Estado colombiano y concluyó que la prohibición de actividades mineras en ecosistemas de páramos y su implementación en el páramo de Santurbán no constituyeron una expropiación de los derechos del inversionista.
Ce esta manera, se confirma que la decisión condenatoria contra Colombia en el caso Eco Oro Minerals no refleja el Estado del derecho internacional, ya que, contrario a lo señalado en Eco Oro, Colombia no generó incertidumbres excesivas ni arbitrariedades en el proceso de protección del páramo de Santurbán.
“Colombia celebra la decisión del Tribunal Arbitral que reconoce los esfuerzos y medidas legítimamente adoptas por Colombia para la protección del interés general y la protección del medio ambiente. El equipo de defensa de Colombia en este caso estuvo conformado por abogados de la ANDJE y de la firma Latham & Watkins”, enfatizó la ANDJE.