Los ministerios de Justicia y del Derecho y de Salud y Protección Social de Colombia lideraron en Bogotá el encuentro “Presentación de los resultados del proceso de asistencia técnica para el diagnóstico y fortalecimiento de la Reducción de Riesgos y Daños, en el marco de la Política Nacional de Drogas de Colombia”.
Al respecto, se destacó que, en esta oportunidad, la asistencia técnica se ha realizado con el apoyo del programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe para el fortalecimiento de las políticas de drogas COPOLAD III, liderado por la FIIAPP/Cooperación Española, y Episteme Social.
En tal sentido, cabe señalar que una comisión de expertas de la Unión Europea presentó los resultados del diagnóstico de reducción de daños realizado por el Programa COPOLAD III, con lo cual se busca fortalecer la Estrategia de Reducción de Riesgos y Daños de Colombia para minimizar el impacto negativo del consumo de drogas.
De igual manera, se destaca que el Programa de la Unión Europea también impulsa en Cali laboratorios de innovación social para intervenir territorios donde concurren complejidades sociales, uso de sustancias psicoactivas, mercados de drogas, entre otras situaciones.
Actualmente, Colombia se encuentra elaborando el plan de acción de la política, que incluye la reducción de riesgos y daños dentro de sus énfasis, y busca reforzar las acciones para disminuir el impacto negativo del uso de drogas, facilitar el acceso a servicios de atención y tratamiento, así como promover la inclusión social de quienes las consumen.
Diagnóstico y recomendaciones
La colaboración entre Colombia y la Unión Europea ha sido clave para reunir a autoridades locales y nacionales y organizaciones de la sociedad civil e identificar, de manera conjunta, posibles rutas de articulación, oportunidades de diálogo entre políticas públicas.
Igualmente, integración en las políticas públicas territoriales y mecanismos de financiamiento y sostenibilidad a acciones de alta relevancia en el cuidado de la salud pública, la reducción de vulnerabilidades en territorio y la mejora del bienestar, la seguridad y la convivencia.
Durante la presentación, José Ferreira, de la Delegación de la Unión Europea en Colombia, destacó que “la reducción de daños es un pilar de la Unión Europea, estamos en sintonía con Colombia. Este diagnóstico, realizado junto a la sociedad civil, es un paso fundamental para garantizar la sostenibilidad de las acciones”.
Por su parte, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa de Colombia, Camilo Umaña Hernández, en la inauguración del encuentro, aseguró que “el problema de las drogas está lejos de poder responderse desde una estrategia policial, debe responderse desde estrategias sociales suficientemente coherentes”. Además, anunció la publicación del Estudio de mortalidad asociada a consumo de sustancias psicoactivas 2013-2022.
También, el viceministro de Salud Pública de Colombia, Jaime Urrego, añadió que “estamos trabajando en lineamientos técnicos para el diseño, implementación y evaluación de espacios de consumo de menor riesgo. Además, actualizaremos las pautas para la atención integral a personas que se inyectan drogas, incluyendo la dispensación de material higiénico, programas de mantenimiento con metadona y la prevención de sobredosis en la comunidad”.
Vale mencionar que COPOLAD III contribuye prestando asistencia técnica para el levantamiento de un diagnóstico de la situación de la reducción de daños y riesgos en los territorios de Cúcuta, Armenia, Pereira, Dosquebradas y Medellín.
Este análisis incluye el mapeo de actores institucionales y comunitarios relacionados con reducción de daños, la identificación de la situación político-institucional, de financiamiento y los mecanismos de gobernanza de las acciones. Estos insumos servirán para el Plan de Acción de Reducción de Daños.
Además, en mayo de este año, COPOLAD III organizó una visita de estudios a Barcelona de una delegación de especialistas de Colombia y México para conocer la experiencia catalana en reducción del daño por consumo de drogas e intercambiar buenas prácticas.
Durante el evento, organizado también en el marco de la preparación de Colombia para la próxima Conferencia Internacional de Reducción de Daños (abril de 2025) en Bogotá (Harm Reduction International HRI 2025), el director de COPOLAD III en la FIIAPP, Borja Díaz, resaltó que “no se pueden diseñar las políticas de drogas sin contar con las personas y la sociedad civil organizada que trabaja en las comunidades y que tienen un contacto muy directo con las problemáticas. Necesitamos lograr complementariedades entre los procesos construidos desde la propia comunidad y los que promueven las instituciones públicas”.
Este trabajo ha sido realizado a través de la coordinación entre Metzinères – entornos de cobijo para mujeres que usan drogas- de Barcelona, FIP (Fundación de Ideas para la Paz) y Episteme Social, con el respaldo de COPOLAD III.
De igual forma, ha contado con la participación de organizaciones de la sociedad civil en territorio como Corporación Viviendo, Teméride, Surgir, Alpharero y Consentidos, así como con Dejusticia, entidad a cargo del impulso a la implementación de las Directrices Internacionales de Derechos Humanos y Políticas de Drogas lideradas, entre otros organismos, por el PNUD, ONUSIDA y la OMS.
La innovación social en política de drogas: Cali y Santander de Quilichao
Además del apoyo a la estrategia de reducción del daño, el programa europeo COPOLAD III, con el Agirre Lehendakaria Center, lleva un año impulsando los laboratorios de innovación social en los barrios de Sucre (Cali) y El Porvenir (Santander de Quilichao) para abordar el consumo de sustancias psicoactivas e impulsar la inclusión social en el marco de la Política Nacional de Drogas de Colombia, poniendo en el centro la salud y los derechos de las personas.
En este sentido, una delegación de COPOLAD III, Agirre Center y el Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia visitaron Cali para seguir trabajando junto a los equipos locales y la sociedad civil e impulsar prototipos culturales y gastronómicos, entre ellos un restaurante comunitario, uno de los proyectos de inclusión social propuestos por la comunidad para abordar la inseguridad alimentaria y la exclusión social.