A través de la estrategia “Turismo para una cultura de paz”, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo promueve las unidades productivas de turismo puestas en marcha por las víctimas del conflicto armado. Unas 90 unidades productivas de la cadena de valor del turismo, que incluyen víctimas del conflicto armado, han sido beneficiadas con el sello “Colombia: Destinos de Paz”.
Al respecto, el viceministro de Turismo, Arturo Bravo, destacó que “la participación de la población víctima en la cadena de valor ampliada del turismo impulsa la transformación social y la justicia económica en los destinos turísticos emergentes, así como la diversificación de los productos turísticos de Colombia, el País de la Belleza”.
Cabe señalar que, a través de la estrategia “Turismo para una cultura de paz”, el MinComercio promueve las unidades productivas de turismo puestas en marcha por las víctimas del conflicto armado y los prestadores de servicios turísticos que compran sus bienes y servicios, o los contratan en su planta laboral.
Por esto, se creó el sello “Colombia: Destinos de Paz”, que visibiliza y dignifica la memoria histórica y promueve mejores escenarios de oportunidades económicas para los actores beneficiarios del sello. Ya son 38 prestadores de servicios turísticos compuestos por población víctima del conflicto armado.
Sobre el particular, se destaca que 31 emprendimientos de esta población que elaboran, comercializan o transforman bienes y servicios como artesanías, productos ancestrales, confecciones, productos agrícolas, alimentos y bebidas; y otros 21 prestadores de servicios turísticos que comercializan dichos productos o servicios, han sido beneficiarios del sello.
De igual manera, resaltar que este mecanismo permitió que 20 empresarios provenientes de los territorios turísticos de paz participaran en la pasada Vitrina Turística de Anato 2024, gracias a la financiación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de Fontur.
Así mismo, se anunció que en este mes de abril inicia el proceso de internacionalización del sello “Colombia: Destinos de Paz”, con la socialización de la iniciativa y la participación de dos empresas de víctimas en la Macrorrueda 100 de ProColombia, con empresarios de República Dominicana.
Igualmente, se llevarán a cabo otras acciones que permiten el encadenamiento productivo y facilitan la inserción en los diferentes mercados de empresas, emprendimientos y organizaciones de base comunitaria de la población víctima.
Ejemplo de ello son las asistencias técnicas y capacitaciones realizadas a través del programa “EnCadena Mejores Proveedores en Territorios Turísticos de Paz” de Colombia Productiva, que se propone fomentar la inserción de 300 unidades productivas de los municipios PDET en la cadena de valor.
Portafolio institucional
Desde esta cartera, el Gobierno del presidente Petro ha consolidado un portafolio de instrumentos para impulsar la Economía Popular con un enfoque de sostenibilidad, de género y diferencial para la población víctima del conflicto armado, y articulado con la Política de Reindustrialización y el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final – PMI”, enfatizó la cartera de Comercio.
Cabe señalar que el PMI tiene compromisos relacionados con el fortalecimiento de proyectos productivos de grupos étnicos mediante la asistencia técnica para la comercialización, apoyar la participación de estos proyectos en espacios comerciales y el desarrollo de alianzas productivas y acuerdos comerciales locales priorizando iniciativas de víctimas del conflicto y municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-.
En tal sentido, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de sus Patrimonios Autónomos Colombia Productiva, iNNpulsa y Fontur, ha implementado acciones para fortalecer iniciativas productivas con validación de mercado, potencial productivo y con procesos de transformación y agregación de valor, las cuales, en algunos casos, cuentan también con el apoyo del sector privado.
Sobre esta particular, la viceministra de Desarrollo Empresarial, Soraya Caro Vargas resaltó que “buscamos contribuir con la inclusión productiva de población víctima, a través del impulso de sus iniciativas, asociaciones o microempresas, principalmente de los sectores agroindustrial, manufactura y de la economía popular”.
Igualmente, la funcionaria afirmó que “buscamos que puedan insertarse sostenidamente en las cadenas de valor locales para apoyar la construcción de una economía dinámica e incluyente, que facilite la generación de ingresos y el crecimiento económico en diversos contextos territoriales”.
Igualmente, la viceministra destacó que se ha trabajado con cerca de 1.200 unidades productivas asistidas y 2.260 personas víctimas de la violencia. Uno de los proyectos más destacados es “Mujeres más Productivas”, que apoya a 5.000 tenderas víctimas del conflicto armado, cuenta con un presupuesto de $6.348 millones y se desarrolla en apoyo con la Fundación Bavaria.
Por otra parte, con “Mujeres y Comercios más Productivos”, programa al cual se destinan cerca de $3.100 millones, en colaboración con Promigas y Fundación Capital, se trabaja actualmente con 206 unidades para promover el empoderamiento económico de las mujeres víctimas del conflicto que lideren establecimientos comerciales en las zonas priorizadas.
También se destacan los programas de Comercializadoras Agroindustriales ($3.320 millones en presupuesto); Fibras Naturales ($2.200 millones), y Minicadenas Agroindustriales ($6.250 millones), que trabajan con población víctima de manera asociativa y en línea con la política de reindustrialización.
Es importante resaltar que el Ministerio cuenta con una oferta específica para población étnica víctima del conflicto, entre las que se encuentran el “Programa de Desarrollo Comercial para Pueblos Indígenas y Afrocolombianos”, con una inversión de $1.097 millones, beneficiando 20 negocios colectivos pertenecientes a comunidades étnicas de población víctima en los departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca y Valle del Cauca.
Así mismo, “Artesanos Productivos para la Paz”, que cuenta con una inversión de $3.000 millones y en el que participan de 1.511 víctimas del conflicto que se encuentran en 36 municipios de 16 departamentos.