En el marco del seguimiento a la política pública de seguridad vial, la Contraloría General de la República reitera su preocupación por la población afectada – víctimas y lesionados – en eventos de transporte. En los años 2022 y 2023 se tuvieron los registros más altos del siglo XXI, superando las 8.600 víctimas.
Al respecto, el órgano de control fiscal informó que esta causa ocupa el octavo lugar de muerte general en la población en Colombia y es la quinta para los hombres; en el caso de las mujeres, es el primer motivo de muerte violenta. Este fenómeno epidemiológico impacta cada vez más la salud de los colombianos.
De los análisis realizados se destaca la afectación a la población de especial cuidado:
– En el 2023 fallecieron 535 niñas, niños y adolescentes (NNA) en eventos de transporte, siendo la única causa de muerte violenta con una variación creciente del 9% respecto al año 2022; los homicidios, suicidios y accidentales en este grupo poblacional, decrecieron.
– Adicionalmente, los siniestros viales para el año 2023 fueron la primera causa de muerte violenta en la población de adultos mayores, en donde se perdieron 1.768 vidas, con un incrementaron de un 6% con relación al año 2022.
De igual manera, la CGR identificó que luego de más de diez años de creada la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, aún no se cuenta con indicadores para el seguimiento de los lesionados sobrevivientes.
Así mismo, en el estudio realizado por la entidad en el año 2023 “Evaluación del impacto fiscal de la siniestralidad vial en el sistema de salud” se determinó que las atenciones de víctimas en el año 2022 superaron el millón de casos en salud, incapacidad permanente, transporte, muerte y gastos funerarios, todo ello con un monto superior a $2.7 billones. Dichos pagos se hicieron con cargo al sistema SOAT, producto de las reclamaciones a las aseguradoras y a la ADRES.
Resultados distantes de las metas trazadas
La política pública tiene por meta “reducir las muertes y lesiones causadas por siniestros viales por lo menos en un 50% para el 2030”. En el seguimiento a la política pública de seguridad vial, la CGR evidenció que los resultados en los avances hacia el logro de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, están distantes de las metas trazadas.
Al respecto, la entidad destacó que, en los años 2022 y 2023, la meta en cantidad de personas fallecidas por año estaba definida en 7.015 y 6.675 respectivamente y, la realidad, según los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, es que hubo 8.469 y 8.546 personas fallecidas en eventos de transporte para estos períodos, respectivamente.
Igualmente, según la CGR, para el año 2024 está determinada una meta de reducción a 6.371 personas fallecidas. Lo anterior denota claramente que los resultados no son los esperados y que urgen acciones efectivas que reviertan la tendencia creciente de siniestralidad vial y que permitan alcanzar las metas propuestas, evitando así estas tragedias prevenibles.
“El problema público como consecuencia de los sinestros viales y sus efectos negativos por estas muertes prematuras y lesiones graves, tienen amplias consecuencias sociales y económicas reflejadas en la salud pública, la calidad de vida de las víctimas y sus familias, procesos administrativos, civiles y penales de las víctimas, el daño antijurídico, la equidad social por la concentración de costos en población vulnerable y afectaciones en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, sostiene el órgano de control fiscal.
Llamado de la CGR al Gobierno nacional
En esta oportunidad, la Contraloría General de la República reitera su preocupación por la numerosa población afectada en siniestros viales y sus impactos, los costos acarreados al sistema de seguridad social e impacto a la calidad de vida de las víctimas y sus familias.
Igualmente, hace un llamado al Gobierno nacional y a las entidades directamente responsables de diseñar e implementar las políticas públicas de salud y seguridad vial, para que mejoren su articulación y para que prioricen la adopción de las acciones necesarias y suficientes que garanticen la pronta disminución de la alta siniestralidad vial en el país.