La Contraloría General de la República detectó un hallazgo con presunta incidencia fiscal por más de $1.466 millones, derivado del pago irregular de gastos de desplazamiento y permanencia a miembros de la Junta Directiva de la EPS Indígena Mallamás, financiados con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
En tal sentido, el órgano de control fiscal resaltó que la situación se descubrió en una auditoría de cumplimiento realizada en el primer semestre de 2025, como parte del Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal.
Según la CGR, dichos pagos fueron cubiertos con recursos del componente de parafiscalidad del SGSSS, sin que estuvieran justificados por funciones estatutarias o actividades propias del aseguramiento en salud, contraviniendo así la destinación específica de los fondos públicos.
Por ello, el hallazgo, que también tiene incidencia disciplinaria, fue trasladado a la Superintendencia Nacional de Salud y será objeto de seguimiento por parte de la CGR, en coordinación con los entes de control competentes, para garantizar el uso eficiente, legal y transparente de los recursos públicos destinados a la salud de las poblaciones más vulnerables del país.
Pagos sin justificación ni controles internos
La auditoría, realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Salud, evidenció que estos pagos fueron autorizados directamente por el Gerente General de la EPS-I, incluyendo viáticos de hasta 14 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) por día, incluso para actividades no relacionadas con sesiones de Junta Directiva.
Esto, de acuerdo con la CGR, a pesar de que los estatutos de la entidad prohíben expresamente cualquier tipo de remuneración a los miembros de su junta directiva, y que las funciones deben estar claramente relacionadas con el objeto social de la EPS-I. Los pagos realizados fueron verificados en documentos contables, resoluciones internas y comprobantes de ingreso.
Al respecto, el órgano de control fiscal resalta que no se aportaron soportes suficientes que acreditaran la necesidad, pertinencia y resultados de las comisiones de servicio financiadas con recursos públicos. También, se verificó que Mallamás EPS Indígena no estableció límites, políticas internas o mecanismos de control adecuados que garantizarán el uso eficiente y legal de los fondos públicos.
Autonomía indígena no implica excepción legal
La Contraloría reitera que, si bien reconoce la autonomía de los pueblos indígenas y el marco constitucional e internacional que respalda su derecho a la participación y a la autodeterminación, dicha autonomía no exime a las entidades indígenas habilitadas como EPS-I del cumplimiento estricto de la Constitución y la ley.
En tal sentido, resalta que “en especial cuando administran recursos de destinación específica, como los del SGSSS, los cuales deben orientarse exclusivamente a garantizar el acceso a los servicios de salud”.
Finalmente, el organismo de control también alertó que, según un reciente informe sobre el estado del sistema de salud por parte de las EPS, Mallamás EPS-I adeuda más de $302.035 millones a sus prestadores de servicios de salud y no cumple con el indicador de patrimonio adecuado, lo que compromete la sostenibilidad financiera de la entidad y pone en riesgo la atención de sus 410.833 afiliados.