Los predios corresponden a El Gorrón —hoy conocido como La Palmera—, con  84,4 hectáreas; El Pital, con 80,6 hectáreas; Hacienda La Milena, con 144,4 hectáreas; y La Peva, con 97,7 hectáreas. En conjunto suman más de 400 hectáreas que, durante décadas, estuvieron relacionadas con investigaciones sobre bienes presuntamente vinculados al narcotráfico en el Valle del Cauca.

Las verificaciones realizadas por la ANT permitieron establecer que varios de estos inmuebles estuvieron asociados a integrantes del núcleo familiar de José Orlando Henao Montoya, conocido como “El Hombre del Overol”, señalado en diferentes investigaciones y fuentes públicas como uno de los principales líderes del denominado Cartel del Norte del Valle.

También aparecen nombres como Piedad Vélez Rengifo, José Luis Henao Vélez, Juan Pablo Henao Vélez y Arcángel de Jesús Henao Montoya, personas que han sido mencionadas en investigaciones patrimoniales relacionadas con presuntos hechos de lavado de activos y ocultamiento de bienes.

La historia de estas tierras refleja una realidad que marcó profundamente a amplias zonas rurales del país. Durante años, extensiones agrícolas terminaron integradas a estructuras patrimoniales asociadas al narcotráfico, alejándose de su función social y productiva. Hoy, bajo la administración del Estado, se abre la posibilidad de que estos territorios contribuyan a generar oportunidades para las comunidades rurales.

Tierras marcadas por la historia del narcotráfico

José Orlando Henao Montoya fue identificado en diferentes investigaciones judiciales y periodísticas como uno de los máximos dirigentes del Cartel del Norte del Valle, organización criminal que ejerció una fuerte influencia en el Valle del Cauca durante las décadas de 1980 y 1990. Tras la muerte de Helmer Herrera Buitrago, alias “Pacho Herrera”, consolidó una estructura que controló rutas del narcotráfico y desarrolló mecanismos para ocultar recursos de origen ilícito a través de empresas y bienes rurales.

Las investigaciones adelantadas por las autoridades llevaron a que varios de estos predios pasaran a control del Estado dentro de procesos orientados a recuperar bienes relacionados con actividades ilícitas. Ese recorrido institucional es el que hoy permite que estas tierras hagan parte de los esfuerzos encaminados a fortalecer la Reforma Agraria y garantizar que la propiedad rural cumpla una función social.

Comunidades rurales y presencia territorial

La labor realizada por la Agencia Nacional de Tierras también permitió identificar las condiciones actuales de ocupación y uso de los predios.

En Hacienda La Milena se identificó la presencia de aproximadamente 30 familias y extensas áreas dedicadas al cultivo de caña de azúcar. De acuerdo con la información suministrada por la comunidad durante las visitas, parte de estas actividades estarían relacionadas con el Ingenio San Carlos, empresa que mantiene relaciones de convivencia con los ocupantes y ha contribuido con el suministro de agua potable en el sector.

En estos territorios también tienen presencia comunidades afrodescendientes con interés directo en los procesos que puedan desarrollarse sobre estas tierras. Entre ellas se encuentran el Consejo Comunitario de Buga y sus veredas, así como el Consejo Comunitario de Guavitas y el Consejo Comunitario de Guacarí junto a sus veredas, organizaciones que mantienen vínculos históricos con esta zona del Valle del Cauca.

En otros predios, como Hacienda San Luis y La Peva, las condiciones de acceso dificultaron el ingreso de los equipos técnicos, situación que evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo las labores de verificación territorial en zonas rurales de alta complejidad.

Recuperar tierras para construir oportunidades

La recuperación y administración de estos predios forma parte de una estrategia más amplia orientada a transformar territorios que durante años estuvieron asociados a economías ilícitas en escenarios de desarrollo rural, producción agropecuaria y fortalecimiento comunitario. Además, representa para las comunidades afrodescendientes el resultado de años de resistencia, organización y defensa de sus derechos.

Marco Antonio Mosquera Sánchez, coordinador zonal del Frente Nacional Afrocolombiano (FRENACOL), aseguró que la entrega de estas tierras representa el resultado de años de resistencia y organización comunitaria.

Agregó que “hoy vemos reflejada la lucha de nuestras comunidades en la entrega de estas tierras por parte de la ANT. Ha sido un camino difícil, en el que hemos tenido que sacrificar tiempo con nuestras familias, enfrentar amenazas y superar momentos muy duros, pero nunca dimos un paso atrás. Esta entrega representa una luz en el camino y nos demuestra que vale la pena seguir luchando por los derechos de nuestras comunidades”.

La identificación de más de 608 hectáreas con antecedentes relacionados con el narcotráfico representa una oportunidad para avanzar en la recuperación de tierras que durante años estuvieron alejadas de su función social. También permite fortalecer la capacidad del Estado para gestionar bienes que, en otro momento, hicieron parte de estructuras económicas ilegales.

En regiones como el Valle del Cauca, donde el narcotráfico dejó profundas huellas sobre la propiedad rural y las dinámicas territoriales, este tipo de acciones adquiere una relevancia especial. No solo contribuyen a esclarecer la situación de los predios, sino que también abren posibilidades para el fortalecimiento de las economías rurales, la producción de alimentos y la consolidación de proyectos colectivos en beneficio de las comunidades.

Por su parte, Laura Campo, asesora de la Dirección General de la ANT, destacó el valor histórico de la recuperación de estos predios para las comunidades étnicas del Valle del Cauca: “Hoy culminamos la recuperación de más de 400 hectáreas en Tuluá, Valle del Cauca. Estas tierras, que en el pasado estuvieron vinculadas a alias ‘El Hombre del Overol’ y al Cartel del Norte del Valle, pasan ahora a manos de comunidades étnicas del departamento para que vuelvan a cumplir la función social que nunca debieron perder y se conviertan en oportunidades de desarrollo para los territorios”.

La Agencia Nacional de Tierras continuará desarrollando las acciones técnicas, jurídicas y territoriales necesarias para contribuir a los objetivos de la Reforma Agraria y consolidar procesos que permitan que la tierra cumpla una función social, productiva y generadora de oportunidades para las comunidades rurales del país.

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En línea con ese propósito, el Servicio Geológico Colombiano (SGC), una de las entidades convocadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a aportar información técnica para la toma de decisiones en este caso, publicó un estudio que confirma la importancia de esta figura de protección ambiental y aporta información clave para responder preguntas como:

¿cuál es la proveniencia del agua que alimenta las quebradas, manantiales y acuíferos en Santurbán?; ¿cuáles son las alturas de infiltración del agua y la consiguiente recarga de acuíferos?; ¿cuáles son los caminos de circulación del agua bajo la montaña?; y ¿qué tan conectadas están el agua del páramo, la reserva temporal y las aguas que se manifiestan en túneles y galerías mineras?

El trabajo, titulado Determinación de la línea meteórica local y de las alturas de recarga en la cuenca de la quebrada La Baja (Santurbán) mediante análisis de isótopos estables deuterio (δ²H) y oxígeno-18 (δ¹⁸O), disponible para consulta pública aquí, analizó durante más de dos años (entre febrero de 2023 y julio de 2025) las zonas de recarga y las rutas de circulación del agua en la microcuenca de la quebrada La Baja, ubicada en el sistema páramo – reserva temporal de Santurbán, y estableció que el agua que emerge en los túneles y galerías mineras presentes en la zona de reserva temporal tiene la misma firma, es decir, las mismas características de huella química que el agua infiltrada en sectores altos del páramo.

“En otras palabras, las técnicas isotópicas que empleamos en nuestro estudio muestran que las actividades mineras que allí se realizan interceptan flujos de agua que originalmente alimentan manantiales y quebradas que hacen parte del sistema que abastece de agua a Santander”, explica Jimmy Muñoz, director de Asuntos Nucleares del SGC.

“Adicionalmente, confirma que la zona de reserva temporal delimita un territorio donde ocurren procesos activos de recarga, tránsito y descarga de aguas subterráneas esenciales para millones de colombianos”, añade Muñoz.

Para comprobarlo, el equipo interdisciplinario de la dirección de Asuntos Nucleares del SGC a cargo del estudio, aplicó una técnica de investigación nuclear avalada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que permite rastrear el origen y el recorrido del agua: la hidrología isotópica.

Esta metodología permite rastrear el origen y recorrido del agua a partir de su “huella digital” natural, una señal que cambia según el lugar donde se forma la lluvia, la altura a la que cae, las zonas donde se infiltra y recarga acuíferos, y el tiempo que permanece almacenada en el suelo o el subsuelo antes de volver a salir a la superficie.

En ese proceso, los investigadores del SGC instalaron estaciones de monitoreo de lluvia a diferentes alturas del sistema páramo – reserva temporal y realizaron seis campañas de campo en temporadas secas y húmedas. Durante estas actividades se recolectaron 81 muestras de agua de lluvia, quebradas, manantiales y manifestaciones subterráneas que ayudaron a establecer relaciones entre la señal isotópica de las lluvias (la precipitación) y la de las fuentes hídricas superficiales y subterráneas del territorio.

Ya en el laboratorio, mediante el uso de espectroscopía láser de alta precisión, las muestras revelaron que el macizo rocoso y el páramo funcionan como una gran esponja natural capaz de almacenar y regular el agua en el tiempo, liberándola de manera gradual hacia quebradas, manantiales y acuíferos. Los análisis isotópicos mostraron además señales de mezcla y almacenamiento subterráneo, evidenciando que parte del agua permanece circulando o retenida dentro del sistema antes de volver a emerger a la superficie.

Los acuíferos no solo se recargan en el páramo

Otro de los hallazgos relevantes del estudio del SGC fue que, aunque los sectores ubicados entre aproximadamente 3250 y 4000 m s. n. m. cumplen un papel predominante para la recarga de agua en el sistema páramo – reserva temporal de Santurbán, hay procesos de recarga de acuíferos (infiltración) adicionales desde cerca de 2300 m s. n. m. y hacia arriba, lo que evidencia que las laderas incluidas en la zona de reserva temporal son importantes en el funcionamiento del sistema hídrico regional.

Sobre esto, Muñoz explica que: “En el Servicio Geológico Colombiano determinamos que la microcuenca está conectada de principio a fin, desde la reserva hasta el páramo, pues la recarga de acuíferos no ocurre en un solo lugar, sino en distintos niveles del territorio. Los manantiales reflejan aportes que vienen de varias alturas, no de un único origen. En resumen, se trata de un sistema continuo donde el agua se integra a lo largo de todo su recorrido”.

De igual manera, los investigadores destacaron la necesidad de continuar el monitoreo isotópico del agua e integrar estos resultados con información geológica, hidrogeológica y de calidad del agua, con el fin de mejorar la identificación de las zonas más sensibles del sistema. Comprender esto es clave porque cualquier sustancia potencialmente peligrosa que entre al sistema podría movilizarse a través de los flujos de agua subterránea que abastecen quebradas, manantiales y acuíferos de la región.

Ciencia útil para la toma de decisiones

Los resultados constituyen un insumo científico contundente que ratifica la función de la zona de reserva temporal de proteger ecosistemas visibles de alta montaña, pero también otras áreas estratégicas por donde pasan rutas naturales del agua, tanto superficiales como subterráneas, fundamentales para la sostenibilidad del abastecimiento hídrico regional.

Por ello, la recomendación principal de los geocientíficos es que, debido a la complejidad del sistema hidrogeológico identificado y a la posibilidad de que intervenciones en el subsuelo alteren estas rutas naturales de circulación del agua, las entidades encargadas de tomar decisiones en pro de la seguridad hídrica regional, consideren los principios de prevención, precaución y progresividad en la gestión de actividades que puedan afectar las zonas de recarga.

Esto implica actuar anticipadamente para evitar posibles daños al sistema hídrico, tomar decisiones prudentes incluso cuando existan incertidumbres científicas y avanzar gradualmente hacia mayores niveles de protección del agua y de los ecosistemas asociados.

“La misión del Servicio Geológico Colombiano es generar evidencia científica que ayude a dilucidar conflictos socioambientales y a tomar decisiones informadas sobre el territorio. Al aportar conocimiento concreto sobre las zonas de recarga de acuíferos, la circulación subterránea del agua y la conectividad del sistema hidrogeológico de Santurbán, esta investigación es un ejemplo de la ciencia accionante que el país tanto necesita”, concluye Julio Fierro Morales, director general del SGC.

Tras la publicación y oficialización del estudio, el equipo técnico del Servicio Geológico Colombiano definirá espacios de socialización con las comunidades y actores del territorio para presentar y explicar los resultados de la investigación, como parte de un proceso transparente de divulgación científica y diálogo alrededor de la información generada sobre el sistema hídrico de Santurbán.

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Al respecto, se destaca que este espacio permitió dar a conocer a la comunidad los avances, estrategias y retos de la labor en el territorio, así como fortalecer el diálogo con las familias, organizaciones sociales y autoridades locales.

Igualmente, durante la jornada, los equipos del Bienestar Familiar socializaron los resultados de la gestión en áreas fundamentales como educación inicial, nutrición, salud, atención psicosocial, fortalecimiento familiar y prevención de la violencia contra niñas y niños.

Además, se presentaron los esfuerzos institucionales para cualificar los servicios de hogar comunitario y jardín comunitario, y se resaltó la importancia de la coordinación con las autoridades locales para garantizar la transición de los niñas, niños y adolescentes al sistema educativo.

También, se reafirmó el compromiso con la participación de las familias en procesos de control social y el reconocimiento de las niñas, niños y la adolescencia como sujetos de derechos, conforme a la Ley 1098 de 2006 y a la política nacional de primera infancia.

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Al respecto, se anunció que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, JICA Colombia y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, APC-Colombia, lanzaron el Proyecto de Cooperación Triangular Japón–Colombia–Caribe para la Restauración de Corales y la Gestión del Riesgo de Desastres, GRD.

Sobre el particular, se destaca que, durante los próximos tres años, expertos colombianos y japoneses trabajarán junto con las comunidades isleñas en la instalación de viveros marinos, la restauración ecológica de zonas degradadas, el monitoreo ambiental y la formación en gestión ambiental y reducción del riesgo.

Igualmente, la UNGRD subraya que el programa cuenta con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y entidades nacionales como Coralina y Parques Nacionales Naturales de Colombia, que aportarán su experiencia en conservación marina y manejo ambiental.

Según la UNGRD, en una primera etapa se realizará un diagnóstico ambiental para identificar las zonas degradadas del archipiélago donde se instalarán los viveros de coral.

Posteriormente, se aplicarán técnicas de restauración marina y monitoreo participativo con pescadores y líderes comunitarios, quienes recibirán formación en gestión ambiental y reducción del riesgo.

Los viveros marinos permitirán la reproducción y el trasplante de colonias coralinas a zonas afectadas, contribuyendo a la recuperación de hábitats para especies marinas, al fortalecimiento del turismo sostenible y al aumento de la capacidad natural de las islas para resistir eventos climáticos extremos.

Japón aportará su experiencia en restauración coralina con tecnologías desarrolladas en Okinawa, mientras que México, Honduras, Bahamas, Barbados y Cuba compartirán sus avances en resiliencia costera y mecanismos financieros para enfrentar los efectos del cambio climático.

“Con este proyecto, Colombia y Japón consolidan una alianza estratégica que combina ciencia, cooperación y conocimiento local en beneficio del Caribe colombiano y de la protección de sus ecosistemas más valiosos para enfrentar fenómenos naturales extremos”, enfatiza la UNGRD.

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En tal sentido, se indicó que, dentro de los principales anuncios realizados por el jefe de la cartera de Defensa, se encuentra el aumentar el pie de fuerza. Es por esto que para antes de finalizar este año llegarán más de 300 miembros de la Policía Nacional. Igualmente, 125 más del Ejército Nacional para un nuevo batallón.

De acuerdo con la cartera de Defensa, estos uniformados serán distribuidos de manera estratégica en zonas donde más se requiera según un plan integral diseñado con las sugerencias y necesidades de los alcaldes.

Así mismo, con el apoyo del Ministerio del Interior y con significativos aportes de las autoridades regionales y locales se hará una inversión de cerca de  14.600 millones de pesos para fortalecer y renovar el parque automotor, lo cual permitirá mejorar la movilidad de las autoridades y de esta manera mejorar la presencia institucional en los territorios.

De igual manera, se destinarán más de 45 mil millones de pesos para la estación de Policía del municipio de Arjona, Bolívar. Este lugar contará con todas las capacidades tecnológicas, logísticas y de seguridad para que los uniformados puedan brindar un servicio acorde a las necesidades de la población de esa zona del departamento y así contribuir a seguir mejorando los índices de seguridad.

Además, el Ejército Nacional desplegará cinco piezas de artillería y un pelotón de blindados para apoyar con contundencia y precisión las operaciones militares en contra del ELN, el Clan del Golfo y las disidencias, especialmente en el sur de Bolívar.

Al respecto, el titular de la cartera de Defensa destacó que la inteligencia militar y policial será fortalecida con mayores capacidades humanas y técnicas, con la implementación de tecnología de punta que les permita ser más efectivos para identificar y anticipar cualquier acción criminal que los grupos armados organizados pretendan realizar en contra de la población civil y la Fuerza Pública.

En cuanto a movilidad marítima y fluvial, en la tarde de este viernes 24 de octubre serán entregadas 3 patrulleras oceánicas las cuales, con su tripulación (equipada y entrenada) serán fundamentales para continuar la lucha contra el flagelo del narcotráfico en ríos y en el Mar Caribe. Estas embarcaciones fueron construidas en Colombia con el apoyo internacional.

También estará al servicio de la seguridad de los pobladores del departamento de Bolívar un buque logístico que será terminado en los primeros meses del 2026, así como un buque de guardacostas.

Según el MinDefensa, estos apoyos, se suman a los tres botes de bajo calado que fueron entregados hace unas semanas y que ya navegan las aguas de esta región en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados organizados. Se espera que en noviembre llegue uno más, el cual será destinado para protección y seguridad el río Magdalena.

En esta oportunidad, el Ministro Pedro Sánchez Suárez, también resaltó la reducción en varios delitos de alto impacto lo que ha permitido que este año se haya presentado un repunte del 22% en la ocupación hotelera y la llegada de turistas extranjeros a esta zona del país. Han disminuido las acciones terroristas en 16%, el secuestro en -20%, la trata de personas bajó en 63%, el hurto disminuyó en 30% y el reclutamiento forzado de menores en un -50%.

En cuanto a la ofensiva operacional en contra del narcotráfico desplegada por el Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, se ha logrado aumentar en al menos 35% la incautación de cargamentos de droga. En el mismo sentido más de 1.000 hectáreas han sido erradicadas, lo que representa un aumento de más del 97%. En cuanto a neutralización de laboratorios este año han sido ubicados y destruidos un 88% más que el año anterior.

En el sur de Bolívar – para combatir al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias – este año fue activada la Fuerza de Despliegue Rápido y otras capacidades humanas y tecnológicas que han permitido neutralizar a más de 300 miembros de esos grupos ilegales.

El ministro Sánchez Suárez confirmó el aumento de las recompensas por los principales cabecillas criminales que delinquen en el departamento. Estos criminales pueden ser denunciados, con absoluta reserva en la línea gratuita nacional contra el terrorismo 107.

Del ELN, alias ‘Omar’ o ‘Casinga’, hasta 3284 millones de pesos. Por alias ‘Mara’ y alias ‘Arbey’ hasta 1641 millones de pesos cada uno. Y por alias ‘Carrito’ o ‘Andrés’ hasta 640 millones de pesos; por alias ‘Piña’ o ‘Moisés’, alias ‘Bejuco’, alías ‘Bocachica’ y alias ‘Jefferson’ del Clan del Golfo hay un ofrecimiento de hasta 640 millones de pesos. Y por alias ‘Julián’ de la estructura 37 de las disidencias hasta 640 millones de pesos.

También fueron individualizados los cabecillas criminales de dos estructuras que delinquen en Cartagena. Ellos son alias ‘Pereira’ del grupo de delincuencia común organizado Salsa Nueva Generación, por quien se ofrecen hasta 100 millones de recompensa; y ‘Yeison’ o ‘Mbape’ del Clan de Golfo, hasta 50 millones de pesos.

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En esta ocasión, en un ambiente de esperanza y celebración entre campesinos y población étnica, las comunidades rurales aprobaron por unanimidad la creación de la ZRC, reconociendo este acontecimiento como un logro histórico en la defensa de su territorio y en la construcción de un campo más justo, sostenible y en paz.

Cabe destacar que esta ZRC comprende 119.569 hectáreas, donde habitan más de 11.000 personas articuladas en las organizaciones solicitantes: la Asociación Campesina del Norte y Nordeste de Antioquia (ASCNA), la Corporación para el Desarrollo y la Investigación Rural en Antioquia (CODEIR) y la Corporación Consejo Mayor Comunitario (AZA).

José David Hernández, líder campesino de la zona y beneficiario de la ZRC, resaltó que “después de más de 14 años, conformar nuestra propia Zona de Reserva Campesina es motivo de inmensa alegría para las organizaciones campesinas agrominero-ambientales. Hoy contamos con la presencia y el acompañamiento del gobierno de nuestro presidente Petro en la presentación y aprobación de nuestro Plan de Desarrollo Sostenible, construido desde las veredas y corregimientos. Este es un triunfo del campesinado organizado”.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras, ANT, la Zona fue diseñada como un modelo de gestión integral del territorio, donde confluyen la agricultura familia sostenible, la conservación ambiental y la minería artesanal y de subsistencia, en armonía con el entorno. Su zonificación productiva y ecológica refleja la diversidad natural, cultural y económica del norte y noreste antioqueño.

Al respecto, Lina María Salcedo, subdirectora de Administración de Tierras de la ANT, subrayó el trabajo colectivo y la articulación entre las comunidades y el Estado que permitieron llegar a este momento histórico.

“En este Gobierno destacamos la creación de esta Zona de Reserva Campesina, que beneficia más de 11.000 campesinos y campesinas de la población del norte y nordeste de Antioquia. Es el resultado de más de 14 años de lucha y gestión por parte de las comunidades, en un proceso comprometido que respetó la consulta previa y priorizó a los impulsores de esta iniciativa y a las comunidades beneficiadas. De esta manera, seguimos construyendo la Reforma Agraria y la paz en el país”, afirmó la funcionaria.

Igualmente, según la ANT, con la conformación de esta ZRC, las familias campesinas podrán acceder a programas de fomento productivo, líneas de crédito rural, asistencia técnica, mejoramiento de la infraestructura vial y proyectos de conservación ambiental, impulsando así el desarrollo integral y sostenible del territorio.

La Zona de Reserva Campesina Agrominero-Ambiental de los municipios de Anorí y Campamento es la más grande del departamento de Antioquía y se suma a las ya existentes en esta región, completando un total de tres.

En el municipio de Apartadó, la ZRC abarca 29.400 hectáreas y beneficia a 1.300 familias, mientras que, en Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, comprende 42.973 hectáreas y favorece a 811 familias campesinas que trabajan por un desarrollo rural sostenible y equitativo. En Colombia ya son 24 Zonas de Reserva Campesinas reconocidas durante el actual Gobierno.

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Al respecto, se destaca que esta es la primera fase de intervención forense dentro del Plan Regional de Búsqueda del Valle de Aburrá, el cual identificó en este cementerio un universo inicial de 126 sitios de interés y tres celdas de custodia de cuerpos, donde reposarían personas desaparecidas entre los años 1995 y 2016, siendo el periodo entre 2003 y 2011 el de mayor número de inhumaciones.

En tal sentido, en el marco de la investigación humanitaria y extrajudicial, la UBPD estableció que en este camposanto el 70 % de los cuerpos no identificados corresponden a personas de sexo masculino, el 24 % a sexo femenino, y el 6 % restante permanece sin determinar.

Cabe señalar que, según la UBPD, la mayoría de estos cuerpos fueron hallados por autoridades o comunidades en las aguas del río Porce, en alto estado de deterioro, o abandonados en lugares a campo abierto, principalmente en la vía que comunica a Medellín con la Costa Caribe y en la ruta hacia Puerto Berrío, en el Magdalena Medio antioqueño.

Igualmente, la investigación también indica que en el cementerio de Barbosa reposarían cuerpos de personas desaparecidas en hechos del conflicto armado ocurridos en los municipios del Valle de Aburrá, principalmente en Medellín, Bello, Copacabana y Girardota, así como en Caldas, Envigado, Sabaneta e Itagüí.

“Invitamos a las familias buscadoras que consideren que sus seres queridos desaparecidos podrían estar inhumados en este cementerio, a acercarse entre el 20 y el 24 de octubre, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., para presentar su solicitud de búsqueda y aportar su muestra de ADN. También pueden acudir a la oficina territorial en Medellín, ubicada en la carrera 50 # 50-14, edificio Banco Popular, piso 9, sector Parque de Berrío”, señala la UBPD.

Asimismo, se hace un llamado a quienes tengan información que pueda contribuir a la identificación de personas desaparecidas o a la localización de nuevos sitios de interés para la búsqueda, a acercarse al camposanto y compartirla con el equipo de la UBPD, que garantizará absoluta confidencialidad.

La intervención en el cementerio de Barbosa cuenta con el apoyo de la parroquia San Antonio de Padua y la Diócesis de Girardota, la Alcaldía de Barbosa, el Archivo Histórico de Barbosa, la Personería Municipal, el Hospital San Vicente de Paúl, la Registraduría Municipal, la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas y la Mesa Departamental de Desaparición Forzada en Antioquia.

El Plan Regional de Búsqueda del Valle de Aburrá registra un universo de 5.438 personas dadas por desaparecidas. En Antioquia, la cifra asciende a 25.548, y en Colombia, a 132.877.

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Al respecto, se destaca que en Boyacá fueron recuperados predios que estuvieron en manos de los esmeralderos Horacio Triana Romero y Gilberto Rincón, condenados y extraditados a los Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

“Llegó la hora de nosotros, los campesinos, con este gobierno”, expresó Marcos Díaz, habitante de la localidad Guasimal, en zona rural de Montería, tras recibir un predio que había pertenecido a los hermanos Castaño (Carlos, Fidel y Vicente).

Como Marcos, 375 familias campesinas fueron protagonistas de una jornada histórica, que permitió la aprehensión de 1.606 hectáreas en los tres departamentos.

“En esa tarea tan ardua de la recuperación de Tierras, no queremos otra cosa que seguir sembrando la Reforma Agraria en nuestro país, estamos contentos con los resultados”, aseguró el director de la ANT, Juan Felipe Harman Ortiz.

Igualmente, desde Córdoba, donde destacó que esta acción representa el retorno del Estado a zonas históricamente cooptadas por estructuras criminales, el funcionario agregó que el propósito principal es alcanzar las 100.000 hectáreas recuperadas en esta zona del país. Indicó que ” estamos trabajando para que la tierra que alguna vez simbolizó el poder paramilitar de los hermanos Castaño, se convierta en símbolo de reparación y paz”.

De acuerdo con la ANT, en total fueron recuperadas 1.069 hectáreas (ha) en Córdoba, 202 ha en Boyacá y 335 ha en Tolima, que ahora pasarán al Fondo de Tierras, una herramienta central de la Reforma Agraria impulsada por el Gobierno.

Cabe señalar que, según la ANT, los predios fueron administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo de Reparación para las Víctimas, y posteriormente fueron transferidos a la ANT. Con ello, se garantiza que los bienes producto del despojo y la guerra cumplan su verdadera función social: volver al servicio del campesinado y contribuir a la reparación colectiva.

Predios del Clan Castaño ahora son territorios de dignidad campesina

En Córdoba, la Agencia Nacional de Tierras recuperó 19 predios ubicados en los municipios de Valencia y Montería, que en total suman 1.069 hectáreas y 2.089 metros cuadrados. Estos terrenos, que inicialmente estuvieron en manos de las estructuras paramilitares de los hermanos Castaño, alias ‘Don Berna’ y alias ‘Gordo Lindo’, fueron destinados a seis asociaciones campesinas de la región, beneficiando aproximadamente a 160 familias.

Los terrenos formaban parte de un conjunto de haciendas, entre ellas San Pedro, Las Tangas, El Campano, Damasco y Santa Paula, que años atrás fueron epicentro de la llamada ‘contrarreforma agraria’, cuando a sangre y fuego fueron expulsadas miles de familias campesinas y se apropiaron de sus tierras mediante testaferros, falsos títulos y lavado de activos.

En esta oportunidad, mientras recorría la finca Damasco, su nuevo hogar, el líder campesino Marcos Díaz expresó con emoción que “tener tierra propia es un sueño cumplido. Vamos a aprovecharla para cultivar, vender nuestros productos y salir adelante. Ahora tenemos la convicción de que viene un mejor mañana y la esperanza de un futuro digno para nosotros y nuestras familias”.

Gobierno le cumple al Tolima

Entre tanto, al norte del Tolima, la jornada permitió recuperar ocho predios ubicados en los municipios de Armero Guayabal, Ambalema, San Sebastián de Mariquita y Líbano, que en total suman 335 hectáreas. Estas tierras fueron entregadas a diez asociaciones campesinas de esos municipios, conformadas por 53 familias que históricamente han vivido del trabajo agrícola y hoy ven reconocidos sus derechos sobre la tierra que cultivan.

Para Lisardo Caro, agricultor y representante legal de la Asociación Sueños Campesinos del Sumapaz, que agrupa a 220 afiliados, recibir tierra significa la oportunidad de comenzar una nueva vida y fortalecer la economía de sus hogares.

“Nací en el campo, me crie en el campo, y le pido a Dios que mis últimos días también sean trabajando en nuestra tierra. Para nosotros, recibir este predio significa ver hecho realidad el esfuerzo de tantos años de trabajo y de sudor que antes beneficiaron a otros”, relató Caro.

Además, agregó que “en estas tierras vamos a sembrar aguacate, maíz y café. También a desarrollar proyectos de piscicultura. Gracias a la Agencia de Tierras vemos cumplido el sueño de que el campesino recupere la tierra que históricamente le fue arrebatada. Este gobierno sí le cumple al campesinado”.

Recuperaciones en Boyacá

Por su parte, en el municipio de Maripí, Boyacá, fueron recuperadas 202 hectáreas que eran de los narcotraficantes Horacio Triana Romero y Gilberto Rincón, condenados por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Nueve predios, El Capotal, La Hacienda, La Belleza, La Laguna, Llano Grande, Barro Blanco, El Guadal, El Palmar y El Achote, que estaban bajo administración de la SAE por ser bienes de extinción de dominio, se convierten en símbolos de paz y un nuevo renacer para 162 familias de la Asociación Paz y Progreso de Mapirí y la Asociación Agropecuaria El Porvenir, campesinos cacaoteros y cultivadores de caña del occidente del Tolima.

“Cada hectárea recuperada representa una deuda saldada con los campesinos y víctimas del despojo, una respuesta concreta a la violencia y una garantía de no repetición. Con estas jornadas, la Agencia Nacional de Tierras sigue cumpliendo su compromiso de recuperar y proteger los bienes públicos de la nación, a fin de garantizar que ninguna estructura ilegal vuelva a apropiarse de los terrenos que le pertenecen al campesinado colombiano”, aseguró Harman.

De acuerdo con la ANT, este proceso de recuperación refuerza la presencia del Gobierno nacional en regiones donde, durante años, el Estado fue reemplazado por la violencia y el miedo.  De esta manera, con el compromiso decidido de la ANT, el Gobierno demuestra que la Reforma Agraria no es una promesa, sino una realidad que se construye con hechos. La tierra que alguna vez fue símbolo del terror, hoy florece como símbolo de reparación, memoria y dignidad para el campesinado colombiano.

La entrada Tierras del Clan Castaño y narcotraficantes regresan a manos de familias campesinas en tres departamentos se publicó primero en ANP Noticias.

“Ningún funcionario ni tercero está autorizado para cobrar por los servicios de La entidad, todos son gratuitos. Invitamos a denunciar cualquier intento de fraude o estafa ante las autoridades competentes para que se adelanten las acciones penales contra quienes buscan engañar a las víctimas del conflicto”, afirmó el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para las Víctimas, Carlos Arturo Vásquez Aldana.

Al respecto, para Katherine Santana, una víctima del conflicto que asistió a la capacitación, este tipo de jornadas son importantes porque “nos amplía el panorama frente a las modalidades de fraude y también nos permite conocer la normativa y las rutas que debemos tomar las víctimas para denunciar estafas”.

La Unidad para las Víctimas reporta 37 denuncias por presuntos casos de fraude y estafa en la Dirección Territorial Magdalena Medio: 31 en el departamento de Santander, 19 en la ciudad Barrancabermeja, 10 en Puerto Wilches y 2 en Sabana de Torres, 1 en Puerto Berrío, Antioquia, y 6 en Bolívar: 3 en Simití, 2 en Río Viejo y 1 en Santa Rosa.

De acuerdo con los registros oficiales, entre los delitos más denunciados se encuentran el fraude de subvenciones, fraude procesal, falso testimonio, y fraude de subvenciones en concurso heterogéneo y sucesivo con fraude procesal y falso testimonio.

En el marco de los procesos de exclusión, también se registran tres denuncias penales en el departamento de Santander, dos de estas denuncias son de Bucaramanga y una en Floridablanca, lo que evidencia el compromiso institucional por mantener la transparencia y garantizar la legalidad en todos los procedimientos.

Finalmente, se resalta que la Unidad para las Víctimas continuará fortaleciendo las estrategias de prevención, información y pedagogía en los territorios del país, con el fin de evitar que los sobrevivientes del conflicto sean objeto de engaños o manipulación por parte de personas inescrupulosas.

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Sobre el particular, se destaca que la oficina, que fue creada como parte de los compromisos adquiridos en las mesas de trabajo con la Federación de Parameros, estará ubicada en la Biblioteca Municipal de El Cocuy y servirá como punto clave para acercar los servicios de la ANT a las comunidades rurales, impulsando los procesos de titulación, formalización y saneamiento predial en esta estratégica zona del departamento.

Durante el evento de apertura, el director de la ANT Felipe Harman, anunció hallazgos trascendentales que marcan un punto de inicio en el acceso a la tierra para muchas familias campesinas:

“Traemos noticias importantes en el marco de la mesa de parameros que hemos construido en Boyacá. Hemos encontrado no solo 18 parcialidades indígenas de origen colonial y republicano, sino también cinco títulos coloniales. Esto nos permitirá, al reconstruir esos polígonos, avanzar en la titulación de tierras en toda esta región”, afirmó el director.

El funcionario enfatizó que este descubrimiento permitirá a la ANT iniciar un proceso de reconstrucción histórica de los títulos, lo que facilitará que campesinos y campesinas, especialmente en zonas de páramo, puedan acceder a la propiedad formal de la tierra que han trabajado por generaciones.

Al respecto, Javier Vargas, vocero de la Federación de Parameros de Boyacá, destacó el compromiso institucional e indicó que “hay que reconocer el esfuerzo de la Agencia en levantar la información necesaria para sanear falsas tradiciones donde no existe titular de derecho. Estos títulos históricos nos permitirán avanzar sin complicaciones legales ni declaratorias de baldíos”.

“Con la apertura de esta oficina y los avances en la identificación de títulos ancestrales, la Agencia Nacional de Tierras reafirma su compromiso con el reconocimiento de derechos históricos y la dignificación de las comunidades rurales, facilitando su acceso legítimo a la tierra y fortaleciendo la soberanía alimentaria en zonas de alta importancia ambiental y cultural”, puntualizó Harman.

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