Abogado, especialista en Derechos Humanos, miembro del Consejo Comunitario de Cuevita, experto en trabajo comunitario y derechos étnico-territoriales en el marco del conflicto armado interno

En una corrida que provoca reacciones entro lo personal, lo político y lo jurídico, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por más de 13 años, ha estado vinculado y de hecho, fue hallado culpable en primera instancia, por la Jueza 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, a 144 meses (12 años) de prisión, multa equivalente a 2.420,5 salarios mínimos e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 100 meses y 20 días, por ser penalmente responsable del delito de Soborno en actuación penal (1), en concurso heterogéneo con Fraude procesal. (2)

El proceso con radicado 11001600010220200027600 que, inicialmente tuvo sus orígenes en la Corte Suprema de Justicia, por una denuncia que en febrero de 2012, el expresidente Álvaro Uribe Vélez impetró contra el senador Iván Cepeda, por presunto abuso de función pública, calumnia agravada y fraude procesal, fue concluido por la misma Corte, tras considerar que el senador Cepeda, no cometió tales delitos, razón por la cual resolvió dar un giro a la investigación contra el denunciante, que en su momento, también ostentaba calidad de congresista del partido Centro Democrático. (3)

El 19 de agosto de 2025, Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, resolvió la acción de tutela, interpuesta por la defensa del exresidente Uribe, recovando el numeral que ordenó la privación inmediata del condenado, en sentencia de primera instancia y amparó su derecho fundamental a la libertad.

El martes 21 de octubre de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá, a través de su sala especializada, esta vez por los(as) magistrados Alexandra Ossa, Leonor Oviedo y Manuel Antonio Merchán, quién actuó en calidad de ponente de la providencia, a través de diligencia virtual, de las que ordena la Ley 2213 de 2022 (4) y el Decreto el Decreto 806 de 2020 (5), resolvió ABSOLVER al expresidente Uribe, por los supuestos sobornos a Juan Guillermo Monsalve, Eurídice Cortés y Carlos Enrique Vélez, con el argumento de que “no” se acreditó por parte de la Fiscalía que Cadena y Uribe hayan intentado comprar sus declaraciones ofreciéndoles dádivas.

Durante la lectura del fallo, también el Tribunal indicó que, “no” se había extinguido el término de prescripción del caso, teniendo en cuenta que el (10) de octubre de 2025, presuntamente, se había estudiado al interior de la Sala Penal, en igual sentido, se refirió a las solicitudes de nulidad, exclusiones presentadas por la defensa, y finalmente, al estudio de culpabilidad o no del expresidente.

Para el suscrito, resulta interesante observar que, tratándose de un caso que debe acoger un absoluto apego a la constitución y la Ley, sobre todo lo indicado partir del artículo 29 de nuestra Carta Magna, no se hubiere reprochado ni por el Ministerio Publico (Procuraduría y Defensorías delegadas),en calidad de garantes del proceso, ni por la Fiscalía General de la Nación, ni mucho menos por la bancada de las víctimas, el hecho de que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo PCSJA25-12326 del (06) de agosto de 2025 (6), crearan un tribunal ad hoc, con magistrados(as) adjuntos de manera transitoria, a solicitud de los Despachos 004, 011 y 013, que conforman la Sala de decisión Penal 19 del Tribunal Superior de Bogotá D.C, con el pretexto de dedicarse exclusivamente a decidir el recurso de alzada, esbozado por la defensa del condenado, sin refutar su idoneidad, permanencia y estricto apego a la carrera judicial.

En igual sentido, el hecho de que dicho tribunal, para este caso en concreto, teniendo en cuenta su impacto en la decisión a tomar, mantuviera solo (03) y no (05) togados, que enriquecieran el sano debate y la votación de la ponencia al interior de la sala, puesto que deja mucho que decir, una decisión que efectivamente “NO” es mayoritaria, al haberse separado de un precedente judicial que la misma Corte Suprema de Justicia, ya había fijado al respecto y que tendrá que revisar al momento de examinar el recurso extraordinario de casación que llegare a presentarse. De esta manera, deberán compulsarse las respectivas copias tanto la comisión de disciplina judicial, como al órgano investigador, por presuntas conductas en materia disciplinaria y penal a los encargados de este caso.

Por su parte, debe tenerse en cuenta que, en tránsito del fallo absolutorio, la Magistrada Leonor Oviedo, se separó de la decisión tomada por sus (2) compañeros, al considerar que dicha decisión no se sometía al imperio de la Ley, pues para ella, el papel de determinador del expresidente Uribe, en el delito de delito de soborno en actuación penal, quedó lo suficientemente motivado, el acervo probatorio tramitado por la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda en más de 1114 páginas.

Textualmente, la magistrada afirmó que:

“La interceptación se realizó bajo la Ley 600 de 2000, con orden de autoridad competente, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que verificó legalidad, competencia, necesidad y proporcionalidad. De manera que esa Sala negó la exclusión y mantuvo la decisión”. Pero esto no invalidaba lo actuado “Rige aquí el principio de conservación de la validez y eficacia de las actuaciones judiciales que impone la incorporación de ese material al debate probatorio y su valoración conforme con las reglas de la jurisdicción”. (…) Por eso, corresponde incorporar esas comunicaciones al debate para su valoración con las reglas establecidas”.

Los caminos y posibles escenarios donde terminará Alvarito.

Escenario local:

Como bien es sabido, a sus 73 años, el expresidente Álvaro Uribe, tiene 28 procesos abiertos en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y más de 180 denuncias en la Comisión de Acusaciones del Congreso, en total, se ha informado de más de 200 casos en su contra, que abarcan desde acusaciones de nexos con grupos paramilitares, responsabilidad en homicidios y masacres, hasta espionaje y manipulación de testigos. La mayoría de estas denuncias fueron presentadas durante sus años como presidente (2002–2010) y senador (2014–2020), pero pocas han prosperado. De hecho, un informe reveló que el 94% de las investigaciones en la Comisión de Acusaciones quedaron en etapa preliminar sin resultados concretos. (7)

En cuanto al proceso donde recientemente fue absuelto por el Tribunal de Bogotá, se espera como había indicado líneas atrás, que tanto la bancada de víctimas, representada por el senador Cepeda en coadyuvancia con la el Ministerio Público, presenten ante la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria en Colombia, el “recurso extraordinario de casación”, que nos es otra instancia, sino una herramienta extraordinaria, que no puede ser empleada en cualquier situación, que se debe tener en cuenta las situaciones particulares en las que tiene validez, cuya finalidad radica en defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasión de la providencia recurrida (8), razón por la cual deberá acudirse a lo contemplado, en los artículos 180 y 181 de la Ley 906 de 2004, como en los artículos 333 y 334 del Código General, para su presentación entre los (05) días y su admisión entre los (60) días a cargo del Despacho Judicial.

Así las cosas, el expresidente Uribe, volverá donde inicialmente no quiso estar, cuando ejercía como congresista de la República de Colombia y cuando inició el referido proceso, con la diferencia de que a la fecha, al interior de la Corte Suprema de Justicia y su Sala Penal Especializada, aparecen nuevos miembros, entre ellos el actual presidente Gerson Chaverra Castro, quien ya se pronunció en trámite de la acción de tutela presentada por la defensa de Uribe, proponiendo su improcedencia, por considerar la existencia de otros mecanismos de defensa, manteniendo su postura, ligada a la Sentencia Unificada SU-220 de 2024 de la Corte Constitucional.

Escenario internacional:

Si bien es cierto, que el Estatuto de Roma, no consagra taxativamente la posibilidad de asumir competencia frente al caso que deberá llevarse a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, recordemos que dicho Estatuto indica que la Corte Penal Internacional (CPI), si tiene competencia respecto de asuntos relacionados con (I) crímenes(ii) El crimen de genocidio;(iii) Los crímenes de lesa humanidad;(iv) Los crímenes de guerra; (v) El crimen de agresión, así como asumir dicha competencia bajo principios como el de jurisdicción universal.

Bajo esta premisa, se abre una puerta por fuera del ámbito nacional, toda vez que en noviembre de 2023, (3) organizaciones de derechos humanos colombianas, presentaron una denuncia en Argentina, contra el exmandatario colombiano, el principio de jurisdicción universal, por presuntas violaciones a los derechos humanos, el cual le fue asignado al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 2 de Buenos Aires, dirigido por el juez Sebastián Ramos y por el fiscal Carlos Stornelli ya que este instrumento, responde a una doctrina legal que permite a los tribunales nacionales, procesar violaciones graves de derechos humanos sin importar dónde se hayan cometido ni la nacionalidad de los perpetradores o las víctimas. (9)

Por lo anterior, el expresidente colombiano, seguirá atado la justicia, no solo en el ámbito nacional, sino también internacional, sumado a la estrategia e instancias que puedan acudir las nuevas víctimas del proceso por el cual recientemente fue absuelto en Colombia.

1 Código penal colombiano, Articulo 444: El que entregue o prometa dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la calle total o parcialmente en su testimonio, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de cien (100) a mil (1.000) salarios.

2 Código Penal, Artículo 453. Fraude procesal: El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.

3 Según registros oficiales de la Rama Judicial e información institucional, Álvaro Uribe Vélez, es hasta ahora, el primer Expresidente de la República de Colombia, en ser declarado culpable en desarrollo de un proceso judicial.

4 Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones.

5 Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

7. https://360radio.com.co/una-a-una-cuantas-investigaciones-tiene-alvaro-uribe-y-cuales-son-las-mas-importantes/189710/
8. https://www.conceptosjuridicos.com/co/recurso-de-casacion/
9. https://www.infobae.com/opinion/2025/03/08/jurisdiccion-universal-y-el-caso-de-alvaro-uribe-velez/

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Vicepresidenta de la República de Colombia

Instalación del Encuentro Internacional Juntas por la restauración de nuestra dignidad”

Los Desafíos de las Niñas y las Mujeres Afrodescendientes en las Democracias Contemporáneas

Estamos hoy aquí para conmemorar en este 25 de Julio el Día Internacional de las Niñas y las Mujeres Afrodescendientes.

Hoy no vengo a hablar solo de mí. Vengo a hablar desde un cuerpo afrodescendiente, un cuerpo de mujer negra que ha sido celebrado, instrumentalizado, desgastado y desechado.

Porque sí, esta historia empezó con una celebración. El día que ganamos la segunda vuelta fue un día que se nos permitió la presencia, pero no se nos reconoció.

Hace algunos años fui la voz que recorrió el país, fui la cara de la esperanza. la mujer afrodescendiente que traía el eco de los ríos, de las casas humildes, de los saberes populares, de las manos callosas, de las mujeres que limpian las casas ajenas mientras sueñan con una vida digna.

Pero pronto pasé de ser el fenómeno político, la heroína, a ser la “traidora”.

Porque en este país, cuando una mujer negra asciende, la sospecha la persigue. El sistema no se pregunta por sus capacidades, sino por si está en el lugar que se merece. Si se sale del margen asignado, entonces es “arrogante”, “desleal”, “torpe”, “incapaz” y “peligrosa”.

Estamos viendo a líderes afrodescendientes participar en las dinámicas del poder, en gobiernos que se llaman progresistas, pero que aún cargan las marcas de un Estado racial.

Como decía James Baldwin, no todo lo que se enfrenta se puede cambiar, pero nada puede cambiar hasta que se enfrenta. Y eso estamos haciendo hoy: enfrentando.

Quiero ser clara: no estoy aquí para quedarme callada. No voy a fingir que no duele, que no cansa, que no desgasta. Tengo ganas de gritar, tengo ganas de contarles cómo este país nos arrastra en sus narrativas de exclusión, nos asfixia en su desconfianza, y luego nos culpa por no respirar.

¿Cómo se elimina a una mujer negra del poder en una democracia contemporánea?

Con narrativas que sirven de antesala para los explosivos o las balas. Narrativas que repiten: “torpe”, “incapaz”, “desconfiable”, “desleal”, “traidora” crean el terreno perfecto para que alguien considere que eliminándonos hace patria.

Para hacer evidente las consecuencias que tiene cultivar el odio racial en contra de quienes nos atrevemos a ocupar estos espacios, quiero mencionar dos casos que fueron conocidos por el país, en los que unas personas terminaron enfrentados a la justicia por haberse dejado cegar por el odio. Un odio cultivado por otros que, con intereses mezquinos y desde tarimas políticas, sembraron en ellos expresiones racistas en contra mía y en contra de todos los negros de este país.

El país aún no olvida cuando una mujer de avanzada edad, quien en Bogotá y desde la plaza de Bolívar, animada por las arengas que políticos hacían en medio de una marcha contra el Gobierno, terminó negando la condición de ser humano a los negros y nos equiparó con un animal, al tiempo que gritaba que era inconcebible que una negra pudiera hacer parte del gobierno. Claro que eso es racismo y claro que el racismo es delito, tanto que una Juez de la República así lo decidió y la condenó por hostigamiento y actos de discriminación.

Esta fue una pena simbólica pero poderosa por el mensaje que dejó: ¡odiar por el color de piel no es una opinión, es un delito!

También recordamos el caso de un joven, paradójicamente víctima de la violencia en este país, quien embriagado del odio que se destilaba en las redes sociales, resultó deseando que a la sede de la Vicepresidencia le pusieran una bomba y de esa forma acabar con mi vida. Esa rabia no le pertenecía, era la rabia de quienes buscaban borrar del espectro político a una negra que, para ellos, no merecía estar usando las herramientas que el Estado dispone para proteger a sus funcionarios.

Es valioso recordar este caso, porque la amenaza nos demuestra cómo el racismo y la discriminación les hace creer a quienes lo practican que no merecemos ni la dignidad, ni la vida.

No debemos olvidar a Patrice Lumumba. Él nos recuerda que a los pueblos se les destruye no solo con armas, sino con narrativas de odio, con discursos que despojan la humanidad. A él lo asesinaron, lo enterraron, lo desenterraron y pulverizaron hasta el último de sus huesos.

Desde la campaña hasta hoy, he vivido muchos episodios de deslegitimación, sabotaje y exclusión. Les cuento solo algunos:

Me dieron la misión de crear una institución sin estructura, sin recursos, sin apoyo. Me dijeron: “Hazlo tú”. Y cuando argumenté que tres viceministerios eran muchos, me exigieron cinco. Lo hice, a pesar del bloqueo sistemático.

Me acusaron de no ejecutar, cuando jamás me entregaron el instrumento para hacerlo. Se promovió la idea de que como soy negra, seguro robo. Sin haber tocado un peso, me trataron como criminal. Porque el color de mi piel, tristemente, para muchos, “me hace culpable”.

Me exigieron ser sumisa. Cuando exigí respeto, me llamaron arrogante. Poco a poco, lo que se me dijo en privado se va haciendo público.

Ahora que guardo prudencia, se me acusa de complicidad por guardar silencio. Esto no es solo personal. Esto es estructural.

La narrativa que justificó la esclavitud, esa que decía que las personas africanas no eran humanas sino animales de carga, no ha desaparecido. Solo ha mutado. Hoy se manifiesta en argumentos que indican qué puede o no decir una persona afrodescendiente.

Hoy, la carga es simbólica: somos útiles para ganar elecciones, pero no para gobernar. Así como en el período republicano nuestras ancestras y ancestros fueron útiles para participar, en primera línea, en la gesta de la Independencia, pero no para obtener su libertad y participar en la naciente República.

Se nos quiere en la foto, pero no en la toma de decisiones. Se nos quiere como símbolo, pero no como un pueblo con voz. Se nos quiere obedientes. Y si no obedecemos, entonces viene el castigo: la violencia política, la cancelación y la deshumanización pública.

Hoy entiendo por qué tantas personas afrodescendientes que han llegado al poder se silencian. No porque no tengan ideas y capacidad para gobernar, sino porque el precio de hablar es alto. No se nos permite la irreverencia, y nuestros errores se magnifican.

¡Pero aquí seguimos!

Cito a Ángela Davis, a quién agradezco su presencia hoy para recordarnos que tenemos la obligación de, además de no ser racistas, ser antirracistas. Muchas gracias Ángela Davis por ser referente, por inspirarnos y darme la fuerza para continuar alzando la voz.

Sé que no estoy sola. No estamos solas. Y doy las gracias a todas ustedes por estar hoy aquí para preguntarnos cuál es el rol de las mujeres afrodescendientes en las democracias contemporáneas.

Y hoy respondemos al mundo que estamos aquí para resistir, para proponer, para sanar y para construir nuevas formas de poder que no repitan las lógicas coloniales.

En estos años de Gobierno hemos creado una institucionalidad para la equidad: pusimos en marcha el Sistema Nacional de Atención, Prevención, Registro y

Monitoreo de las Violencias Basadas en Género, SALVIA. Una estrategia para proteger a las mujeres.

Logré para mi pueblo lo que en 30 años no había sido posible, avanzar en la reglamentación de la Ley 70 de 1993, que reconoce los derechos del Pueblo Negro en Colombia. Ya hemos expedido tres decretos sobre recursos naturales, recursos mineros y ampliación y saneamiento de los territorios ocupados por las comunidades negras (Decretos 1396 y 1384 de 2023, y el Decreto 0129 de 2024).

Hoy, cuando la vida se pone en riesgo, una civilización del cuidado es necesaria. Por esta razón, avanzamos en la construcción de una sociedad que reconoce el cuidado como un pilar esencial para el sostenimiento de la vida, a través del CONPES de la Política Nacional de Cuidado.

Pusimos en marcha la Comisión Nacional Intersectorial de Reparación Histórica (CINRH) para el avance en la restauración de la dignidad y la superación los efectos del racismo, la discriminación racial y el colonialismo que continúa afectando a los pueblos étnicos.

Con la Estrategia África estamos impulsando el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Colombia y el continente africano.

Con nuestro liderazgo, avanzamos en saldar una deuda histórica, creamos el CONPES para la garantía de los derechos de la población LGBTIQ+.

Disentir en el Gobierno que ayudé a elegir, y del que hago parte, no es traicionar. Ejercer la dignidad no es conspirar. Sirvo a mi pueblo con lealtad.

Pedir respeto no es arrogancia. Ser mujeres negras no debería hacernos sospechosas.

Ser mujer afrodescendiente en el poder no es un error. Este país necesita mirarse al espejo. Y ese espejo tiene mi rostro, el rostro de ustedes mujeres afrodescendientes, raizales, palenqueras, indígenas, Rrom, campesinas, lesbianas, trans y mujeres diversas en toda su belleza y su poder.

Tiene el rostro de aquellas que todos los días trabajan de manera incansable por hacer sus sueños realidad y sacar este país adelante. Porque somos mucho más que el racismo de Estado que hoy vivimos. Y no vamos a retroceder.

Es por todas las mujeres y niñas de Colombia que hoy sigo firme con el corazón bien puesto.

Hasta que la dignidad se haga costumbre.

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Directora Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz

Directora (E) Unidad para las Víctimas

Rendirse no es una opción para el Gobierno del Cambio. La paz es la causa más noble de nuestra historia y la decisión más valiente de nuestro presente. En tiempos de incertidumbre, liderarla con firmeza es una genuina expresión de esperanza.

Construir la paz en Colombia exige liderazgos que sepan sostener el rumbo en medio de la adversidad, no para la vanidad del poder, sino por la responsabilidad ética de no traicionar la historia ni las esperanzas de un pueblo que nos demanda vivir en dignidad.

He caminado buena parte de mi vida entre territorios donde la violencia se sentía como un destino inevitable. En ellos aprendí que liderar no es un acto de fuerza: es un acto de compromiso profundo con la gente y con el país que queremos construir, porque es el futuro de todos como nación lo que está en juego.

Hoy, como directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y directora (E) de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ese compromiso no ha cambiado: seguimos haciendo, juntando, creando todos los días opciones reales para que la vida, la dignidad y la esperanza ocupen el lugar que durante décadas fue usurpado por la muerte.

Implementar la paz no es fácil. No lo fue firmarla, no lo es cumplirla. Pero rendirse tampoco es una opción. El Acuerdo de 2016 sigue siendo el compromiso más grande que hemos hecho como sociedad para cerrar por fin las heridas de la guerra.

Para materializarlo es vital reactivar la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (CSIVI). Fue creada para garantizar, desde la bilateralidad entre el gobierno nacional y el Componente Comunes, que lo firmado no se quedara en el papel de las buenas intenciones, sino que se tradujera en cambios concretos y sostenibles. Necesitamos que ese espacio político vuelva a funcionar; es preciso que convoque, que impulse, que decida.

El Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) debe ponerse en el corazón de la política de seguridad. La democracia no se mide solo en elecciones; se mide en la posibilidad de que cada líder, cada firmante, cada ciudadano pueda alzar su voz sin miedo y actuar con responsabilidad ética en función del bienestar de todos. En el país que anhelamos todos somos protagonistas.

Hacer la paz y persistir en las negociaciones es nuestro mayor desafío. El país no puede quedar atrapado nuevamente en el sufrimiento de no poder detener tanto dolor. Hacer la paz es revolucionario cuando el mundo entero pareciera caminar inconsciente hacia el vértice de la muerte. No podemos renunciar a la opción del diálogo para la vida digna.

Es prioritario reconstruir la arquitectura institucional para la paz. Una Consejería para la implementación del Acuerdo de Paz robusta y con el poder suficiente para coordinar y articular las múltiples entidades del Estado con responsabilidades en él. La paz debe trasladarse al centro de todas las entidades públicas del país. Su fortalecimiento no es una elección técnica, sino una necesidad estratégica para garantizar que los avances logrados hasta ahora no se reviertan por falta de soporte jurídico, operativo o financiero.

Es perentorio garantizar que la reincorporación no dependa exclusivamente de subsidios temporales sino de condiciones estructurales de desarrollo, seguridad y acceso a derechos. Somos conscientes de que, pese a los esfuerzos, es necesario acelerar la instalación efectiva del Sistema Nacional de Reincorporación y fortalecer la articulación interinstitucional que concrete el impacto en los territorios.

Necesitamos entender como nación que el ordenamiento territorial para la paz no es exclusivo de quienes hoy habitan un territorio. Los pueblos indígenas y afrodescendientes, los firmantes del Acuerdo, los más de diez millones de víctimas deben poder habitar y construir allí también su proyecto de vida. La paz se concreta en el territorio, en la tierra donde se siembra, se sueña y se cosecha nuestro futuro.

Y allí, es preciso un liderazgo que comprenda las tensiones político-militares que persisten en los territorios, pero que al mismo tiempo trabaje con decisión para dar visibilidad a los acumulados sociales, a las resistencias comunitarias y a las iniciativas de paz construidas desde hace décadas. La defensa de la vida en los territorios incluye acompañar a quienes los protegen, a quienes conocen sus potencialidades económicas, sociales y culturales, a quienes han decidido construir relaciones comunitarias para cuidar el ambiente y sanar las heridas del dolor.

Es necesario consolidar una gobernanza para la paz territorial, un sistema sólido y robusto de implementación que combine liderazgo institucional, capacidad operativa y protagonismo de las comunidades. Debemos aprender de la fuerza social que persiste con tenacidad en los territorios: la capacidad de las mujeres, los sueños de los niños y niñas, la riqueza de la diversidad étnica y cultural, el tesón del campesinado, el fértil trabajo comunitario. Todos ellos constituyen la geografía de la esperanza.

No basta con que los compromisos estén descritos en planes y proyectos, hay que ponerlos en práctica, hay que materializarlos en todos los rincones del país donde las poblaciones han resistido con enorme valentía las arremetidas violentas de los actores armados que hoy insisten en violar sus derechos fundamentales e ignorar el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Hoy, en varios territorios la persistencia de dinámicas violentas y el accionar de grupos armados ilegales nos recuerdan que la implementación de la paz no admite demoras ni excusas.

Proteger a quienes firmaron la paz es un imperativo democrático. El asesinato de firmantes y su estigmatización deben ser repudiados sin ambages. Su reincorporación efectiva es parte del compromiso que el Estado adquirió con toda la sociedad y hacer de la paz una política irreversible.

Este camino nos exige la acción y la reflexión autocrítica, así como la suma de todas las manos y las voluntades. Por eso hago un llamado al Presidente y sus Ministros, al Congreso, a los Gobernadores y Alcaldes, necesitamos que asuman con toda la fuerza de su responsabilidad institucional la tarea de acompañar esta implementación como prioridad del Gobierno.

A quienes hoy están en la función pública les exhorto a que vivan la ética de lo público y la mística por la paz. No se trata solo de cumplir funciones, se trata de encarnar un compromiso histórico con la vida, con la dignidad y con el porvenir del país.

Hoy, Colombia necesita recordar que la paz no se decreta. Se lidera individual y colectivamente, se implementa y se defiende. En esa tarea está la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, y en esta tarea continuaremos sin pausa quienes creemos que la vida, la dignidad y la esperanza son razones por las que siempre vale la pena luchar.

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Directora general Unidad para las Víctimas

La situación en la región del Catatumbo, que llevó al gobierno nacional a declarar el estado de conmoción interior, exige que la información a la que tienen derecho las ciudadanías que conforman la sociedad colombiana sea veraz y esté sustentada firmemente en datos verificables. A fin de contribuir con información pertinente, relevante y debidamente sustentada, desde la Unidad para las Víctimas compartimos a continuación datos más detallados que dan cuenta de los alcances de nuestra presencia en la zona en cumplimiento de nuestro mandato misional.

Desde antes que se desencadenaran las acciones armadas que hoy tienen a la región en primer lugar de las preocupaciones urgentes del país, la Unidad para las Víctimas ya venía atendiendo a la población víctima del conflicto armada según aparecen en el Registro Único de Víctimas.

Es necesario precisar que la Ley 1448 del 2011, que «dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno», dispone que el Registro Único de Víctimas es una herramienta que recae bajo la competencia de la Unidad para las Víctimas.

Siguiendo esa misma norma, le corresponde al ministerio público la orientación y asesoría a las víctimas en la atención inmediata de emergencia. Con tal fin, las solicitudes de atención siguen un proceso que normalmente dura 60 días hábiles contados a partir de la radicación de las declaraciones. Sin embargo, debido a la emergencia del Catatumbo este proceso se inició de manera inmediata.

La Unidad para las Víctimas ha actuado de manera oportuna de tal manera que los derechos de las víctimas en la región del Catatumbo estén protegidos en todo momento. A tono con su mandato misional, la Unidad desempeña su papel desde el territorio mismo donde se presenta esta situación que afecta a la población civil.

La atención a la población civil que ve vulnerados sus derechos a vivir en paz en razón de las acciones de los grupos armados, refuerza el imperativo de insistir en el llamado a esos actores a que detengan esas acciones que ponen en riesgo a los habitantes de la región. Junto con esta insistencia va nuestro compromiso indeclinable con las víctimas cuya reparación integral constituye la médula de nuestras acciones de atención y apoyo.

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Ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes

El viernes pasado el país amaneció con la noticia de que las comisiones económicas de Senado y Cámara no habían aprobado el proyecto de Ley de Financiamiento. La propuesta ni siquiera pudo discutirse. En ese momento, quienes estamos al frente de los ministerios, comprendimos que íbamos a atravesar un momento de crisis profunda, habida cuenta de cómo se distribuye el Presupuesto General de la Nación (PGN).

La periodista Claudia Morales publicó el domingo en X una tabla del aumento del Presupuesto General de la Nación en los últimos cinco años. El correspondiente a 2025 era de $523 billones con la Ley de Financiamiento y $511 billones sin Ley: ¿cuál podría ser el impacto en una proporción que parece muy pequeña, de 12 billones?

Acá va una breve explicación que creo resume bien el estado en que nos encontramos hoy, antes de saber cuáles serán las medidas del presidente de la República, del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación.

El PGN se divide en tres partes. Si bien parece relativamente baja la no aprobación de los $12 billones extra que pedía el Gobierno, a través de la Ley de Financiamiento, tendríamos que ver que, de esos $511 billones, $112,6 billones están destinados al servicio de la deuda, aumentada por el Gobierno de Iván Duque de manera onerosa, y $327,9 billones para el funcionamiento del Estado.

Esto hace que de esos $511 billones, queden $70,5 billones para inversión. De estos, $57,4 billones (que corresponden al 81 %) son inflexibles y corresponden, entre otros gastos, a los compromisos adquiridos por Gobiernos anteriores a través de vigencias futuras, las rentas de destinación específica y fondos especiales, entre otros.

Eso deja un saldo flexible de $13 billones, aproximadamente, para inversión en todos los ministerios y entidades. El Gobierno pretendía el doble, para poder tener movilidad y honrar los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo.

Esos $13 billones, por supuesto, priorizan las causas principales del Gobierno del Cambio: a saber, la educación, la salud, el agua y, finalmente, la reforma agraria. Es decir, de esos $13 billones, una vez descontadas las prioridades del Gobierno, queda un saldo limitado para los demás sectores como Trabajo, Minas y Energía, Ambiente, Ciencia, Deporte, Culturas, Defensa, Justicia, TIC, Comercio, Industria y Turismo, Presidencia (que lidera las instancias encargadas de implementar el acuerdo de paz), Inclusión Social, Igualdad y Equidad, entre otros.

Culturas había conseguido que se presentara un presupuesto que afectaba por supuesto lo que se había hecho este año, pero que garantizaba, con un recorte del 29% en inversión, la continuidad de todas sus estrategias: Formación artística y cultural; Infraestructuras culturales para la vida; Economías populares; Memorias, saberes y territorios bioculturales; Cultura de paz; y Cultura colombiana en el mundo, en las que se enmarcan todos los programas de las direcciones del ministerio y de sus entidades adscritas.

En el caso de que la ley de financiamiento hubiese sido aprobada, estábamos listos para entender que debíamos hacer una gestión para ampliar recursos. El Gobierno del presidente Petro, ha sido el Gobierno que más ha aumentado el presupuesto de inversión en cultura históricamente, e incluso, en el escenario del primer recorte, era aún mayor que cualquier año anterior.

Al no aprobar una ley de financiamiento que, insisto, se han tramitado con éxito en todos los Gobiernos, la posibilidad de margen en la inversión es mínima, pues este ministerio ha hecho una enorme gestión del presupuesto de 2024: hemos comprometido el 92% de los recursos; tenemos proyectos garantizados a través de vigencias futuras como la recuperación del Hospital San Juan de Dios (13 edificios, urbanismo, Torre Central con MinSalud); el Teatro César Conto, de Quibdó; el Museo Afro, de Cali; el centro cultural Margarita Hurtado, en Buenaventura; entre otros. Estos proyectos representan $77.000 millones para 2025.

Si protegemos el Programa Nacional de Estímulos, se van otros $33.000 millones, para un total de $110.000 millones. Lo cual nos deja un margen de $75.000 millones para repartir entre las direcciones del ministerio, incluidas la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional y el Centro Nacional de las Artes.

Por poner solo un ejemplo: si el Museo Nacional tuvo $19.206 millones este año, solo podría, en 2025, hacer inversiones (que incluye los contratistas) por $1.800 millones.

Entender esto es importante para que no se repita, según lo pude conocer, en chats y conversaciones de sectores a los que no les gusta este Gobierno, que estábamos advertidos desde hace unos meses, y que busco, como ministro, «pescar en río revuelto».

Todo lo contrario, creo que antes de que sea irremediable, hay que alertar a todo el país cultural, incluyendo a quienes opinan de esa manera, que son beneficiarios de dineros públicos para sus proyectos, que se desfinanciará buena parte de las inversiones, y que no buscamos producir nada distinto a que el sector cultural de Colombia conozca cuál es la situación fiscal, y a qué podríamos atenernos si no hay salidas, que son las que está buscando este Gobierno.

Una vez se encuentren esas alternativas, espero poder dar una noticia más alentadora. El cambio es mostrar con claridad lo que ocurre, para que los ciudadanos puedan entender.

Por eso, además, los invito a conocer y visitar www.sinic.gov.co, el nuevo Sistema Nacional de Información Cultural, en el que, cualquier persona, puede saber con exactitud y precisión la ejecución presupuestal del ministerio y cómo y en dónde han sido invertidos los recursos públicos.

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Escritor

Y las cosas eran simples …

Y los tiempos amplios.

Espacios de luz para vivir y de oscuridad para descansar del cansancio de reír hasta cansarnos.

Hasta que aparecieron la formalidad y la seriedad… Y caminaron entre nuestros años con la boca recta y la mirada fija a preguntarnos por qué éramos tan felices.

Trajeron las letras metidas en unos libros… Y los observamos hasta que no aguantamos más la curiosidad.

Los abrimos y estudiamos en mil pedazos.

Ahora no somos ignorantes, pero tampoco felices,

porque ya lo sabemos todo.

Ahora estamos enterados; de que tenemos la certeza de que no sabemos nada.

La verdad divide, es diferente para cada ser.

En cambio, la ignorancia es la misma para todos.

Lo que nos hace reír lo que nos hace vivir …sin el afán de tener.

Tengo esquirlas de letras por todos lados…

Mil cirugías de matemáticas …. Sufro de álgebra crónica, la erudición inflamada

Y moriré de poesía… Es terminal.

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Escritor

Antes del descubrimiento de la rueda ya se había inventado la Línea Recta, pero no le habían puesto nombre. todo esto no hubiera sido posible sin la invención de la ortografía. El desarrollo de estos inventos fue apasionante, veamos:

La ortografía la inventó Telésforo de Salónica

(70-19 A. de C.).

He acá la historia:

Apenas Telésforo empezó a hacer el resumen de “Las Bucólicas” de Virgilio, simultáneamente debía entregar un trabajo sobre “La Ilíada’, para una tesis de la universidad nacional. Entonces tuvo que inventar la manera de parar de leer, porque como no existía el punto, seguía derecho y se pegaba unas confundidas tremendas.

Ya Heráclito el Calvo, primo de Patroclo de Tracia, había señalado que para terminar un párrafo debería escribirse: “Pare aquí”… Pero era muy difícil leer con coherencia porque no se especificaba si había que parar del todo o un momentito.

Lo mismo sucedía con la lectura de los poemas y las hazañas de los héroes; en las ferias del libro de Tesalónica, Bogotá o Delfos, cuando los autores recitaban en voz alta.

Como no había modo de pausar; el poeta se quedaba sin aire… Como le sucedió a Asmo el Griego, poeta esclavo del rey Príamo de Troya. describiendo la belleza de Elena, comparada con la de Afrodita.

Había tanto que decir, y ninguna puntuación, que el orador se quedó sin aire llegando a las nalgas de la diosa.

Desde entonces se implementó enviar cuadrillas de la Cruz Roja en cada feria del libro con una bala de oxígeno.

Todo el mundo leía atropellado y no se sabía a qué hora frenar, empezaban leyendo un libro y seguían con el otro y las novelas no tenían final, ni los versos principio.

La naturaleza fue cómplice. Telésforo, con el matamoscas Aplastó una mosca de las pequeñitas, coincidencialmente al final de un escrito…

No dijo ¡Eureka! porque no era ningún copietas, pero hubiera sido apropiado.

En vez de eso, exclamó:

¡Que mosquero tan berraco… pero aguanta! y

Con la ayuda del matamoscas también inventó desde el asterisco que se componía de una mosca completa, hasta el punto que se ponía arrancándole la cabeza.

La Coma se diseñó con una pata de zancudo, al igual que la Tilde.

Para los puntos suspensivos; calculó cuánto son tres moscas, y las puso en línea.

Nota del Autor:

No confundir los puntos en la Ortografía con el punto G.

Este último está referido en el tratado

“Summa de la Cucca.” Escrito por el italiano Giacommo Pajizzo :(1715 -1795) protegido de la corte de María Antonieta hasta 1793. año en que María Antonieta fue decapitada, y Giaccomo dejó de ser Pajizzo porque se cambió el nombre y además ya estaba muy débil.

¡Pero volvamos al invento del punto!

A pesar de que ya existía la tinta, se volvió sumamente popular en esa época el uso del matamoscas, los más efectivos eran los de plástico de cara ancha. Escribir se volvió de lo más divertido, pues al terminar el párrafo el autor soltaba la mosca encima del papel y ¡Suaz! le daba su guarapazo antes de que volara.

Así mismo el punto se volvió tan popular en la cartografía: que con ese adminículo ya fuera aplastado o pintado, se empezaron a señalar los lugares en los mapas, así pudieron inventarse los mapas del tesoro. Esta costumbre de ponerle ortografía a los escritos derivó en colocarle un punto a cada pueblo. o cada sitio cartografiado.

De esta forma, Cucufato “El Navegante”, corroboró que, mirando en el mapa, la distancia más corta entre dos puntos era una línea a la que llamó, Recta… por aquello de que era la ruta correcta.

Es oportuno advertir que no se debe confundir Recta con Recto.

Sobre este término se habla en “Tratado que indica como la espalda pierde su Modesto nombre” donde por primera vez se menciona el culo, de José María Cagajón y Rebollo.  (1725 -1795).

Aunque el recto está ligado al perfeccionamiento del asterisco, íntimamente asociado al invento de la imprenta de Gutemberg, cuando uno de sus ayudantes escaso de nalgas se sentó en uno de los moldes de arcilla de donde se sacaron los “tipos” cuando dejaron de hacerlos de madera.

El invento de la línea recta, “La distancia más corta entre dos puntos”… con la invención del Punto; ya encontró su razón de ser. Le ahorró a la humanidad mucho tiempo, pues la tendencia era caminar en zigzag, por caminos culebreros.

Como lo describe el poeta Juan Andariego Burralbe contemporáneo de Cervantes:

CULEBRERO

“Mirad que va a llover y el camino es culebrero…

Pero fijaos que como me marcho, me pongo mi sombrero.

Apresuraos, coged el sillón y ponedlo a la burrita, coged el machete y metedlo en su vainita

Mirad que va a llover y el camino es culebrero.

Poema – romántico inmortalizado luego en una pieza para piano compuesta por Juan Sebastián Bach. Para el Monarca Austriaco Francisco José Augusto Javier Montagut de Habsburgo y Lorena, apodado “Pacho El breve”.

Como vemos pues, la historia se presenta de maneras insospechadas.

En nuestro próximo escrito analizaremos de manera profunda por qué el papel higiénico no viene impreso sino acolchado y en hoja doble.

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Cirujano Cardiovascular

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Es sorprendente por lo menos, sino deprimente, observar como lo más selecto del cuerpo médico colombiano se debate calculando su futuro peso a peso, como en los días sórdidos de Barba Jacob: “… la noche nos sorprende, con sus profusas lámparas, en rútilas monedas tasando el bien y mal”.

La costumbre moral de otorgar socialmente al médico unos privilegios que siempre tuvieron que ver con su ascendiente como sanador y sabio, derivaron inevitablemente en privilegios financieros en virtud del devenir de la historia que no se puede separar del influjo capitalista; sería necio e inútil hacer el ejercicio.

Pero sí es preciso entender en esta coyuntura cuál es la inspiración del oficio médico, una vez más para dar tal vez una tenue luz en la noche sórdida. El oficio del médico es esencialmente uno de servicio. Eso está consagrado desde el juramento de Hipócrates, pasando por las máximas de asociaciones gremiales mundiales hasta las constituciones políticas de algunos países. En algunos países en los que la salud la hemos definido como un derecho fundamental, la condición de servicio en el oficio médico se erige como un imperativo categórico.

Y como en las sociedades con un alto sentido no solo del servicio, sino del trabajo y del reconocimiento de la ciencia y la tecnología, pero fundamentalmente de la responsabilidad e importancia social, el fundamento de la remuneración económica de dichos oficios y no solo del médico, debe tener el tratamiento digno que representa.

Una sociedad que acepta y mantiene el hecho legítimo de que, por ejemplo, sus más exigidos representantes a cargos gubernamentales tengan un emolumento que se atiene a la magnitud e importancia de su tarea no pueden estar distantes de los de quienes proveen los servicios sociales más exigentes. En ese orden de ideas, la remuneración de todo el personal que garantiza un derecho fundamental tan importante y definitorio de la condición social de un país que se precia de buscarla en su mejor expresión, debe ser acorde a esa inspiración.

No se entiende por qué, precisamente ahora, no estamos hablando y debatiendo sobre establecer sólidamente unas condiciones salariales para todo el estamento de la fuerza laboral en salud de Colombia, comparativas con las del gobierno en sus ramas ejecutiva, legislativa y judicial bajo preceptos de una fuerte seguridad social, derechos de agremiación por profesiones y especialidades, carrera laboral pública, reconocimiento al estudio y entrenamiento calificado y especializado, estratificación por riesgo de responsabilidad civil médico-legal y de exposición a condiciones laborales riesgosas, así como de otras condiciones particulares de todos los oficios de la salud.

Repito, no sé por qué no hemos empezado a hablar de esto y seguimos en el oficio espurio de contar pesos contra manuales de tarifas como mercaderes de bisutería.

Si nosotros entendemos la inspiración y la dimensión de todos los oficios que se relacionan con lo que se requiere para asegurar unas condiciones de salud entendida como un derecho fundamental para nuestra nación, es en el escenario que merece un debate de la altura que se propone. Para qué son las agremiaciones sino para ofrecer este tipo de propuestas en las que siempre se han quedado cortas y respondiendo a otros intereses algunos más nobles que otros.

No creo que es sano caer en el juego interminable del negocio de tarifas e interpretaciones de mercadería.

El gobierno en este momento histórico debe entender que lo que viene de lo más exigido y capaz de su fuerza laboral médica es, en primer lugar, solidario con su pueblo, es digno con su propia condición y es deliberante en el más alto escenario público.

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amerindia@hotmail.com

El legado sustancial de los pueblos originarios de Abya Yala (América), mediando los matices de la diversidad de su pensamiento, radica en la preponderancia otorgada a la Palabra, esto es: asumirla como un órgano-tejedor facultado para orientar, crear y pactar… lo que llevó, durante siglos, a definir el eje social de nuestros pueblos nativos: diálogo, debate y acuerdo; justo es en el Acuerdo en donde se fundan y se estructuran las sociedades. Los mitos de origen y los relatos fundacionales son narrativas de las dificultades y tensiones confrontadas que condujeron a los Acuerdos del origen, que hoy son las plataformas que sostienen sus derechos.

Al interior del pueblo wayuu el proceso que conduce a los acuerdos es nombrado: Painwajirawa, que tiene el sentido lingüístico de “estar juntos para construir con el alma”, esta descripción es lo más cercana para entender la construcción de un Acuerdo. Estar juntos significa encontrarnos y, así, hacer diálogos y debates que puedan conducirnos a un Acuerdo, que es tejer entendimiento entre dificultades y tensiones.

En este punto nos preguntamos: ¿Los distintos Gobiernos Nacionales han establecido un acuerdo con el pueblo wayuu desde el Painwajirawa? Lo dudo, seriamente, dado a lo que tenemos como resultado en las manos: diálogos técnicos que tratan la problemática social desde los efectos visibles y la urgencia manifiesta… acordando un calendario de compromisos puntuales de tipo material, creyendo que una sociedad organizada por unidades familiares, de decisiones colectivas internas, pueda ser representada por líderes y lideresas sociales por encima de sus autoridades naturales; esto ha empujado a los Gobiernos a establecer un modelo de interlocución lineal reducido a una decena de voceros y de accionantes, creando con ello una comunicación disfuncional y una sensación de estar repitiendo la vieja fórmula de élite-privilegio que divide a las comunidades, destruye las expectativas de cambio y contamina la confianza de una alianza por el bien-estar de todos (Anas Akuai’pa Jupushuwa).

A esta dificultad se le suma el comportamiento de “aire superior” de algunos funcionarios del nivel nacional, que les cuesta entender la necesidad de disponer al servicio de sus misiones, dos condiciones claves: una es, desmontar la creencia de estar en un “socorrismo constitucional” y la otra es, ampliar el horizonte mental para la comprensión real de otras maneras de ser… desde el cual se avanza en el propósito de construir nación desde las raíces; un ejemplo de ello es la indicación imperativa de la Corte Constitucional en lo esencial de la Sentencia T-302 de 2017, referente a la implementación de un verdadero Diálogo Genuino. ¿Cómo lograr este tipo de diálogo cuando los interlocutores de siempre fungen como árboles que impiden ver el bosque?

Aún estamos a tiempo para concretar la posibilidad de encontrarnos todos y reconocer, en la acción, que el Diálogo Genuino radica en la función de la cultura, entendida ésta como postura de vida de todo un pueblo determinado; que el Gobierno Nacional, las empresas privadas, los organismos multilaterales, en La Guajira, se permitan constatar, en el día a día, la capacidad de orden y de orientación que tiene la Cultura, testimoniar la eficacia del pensamiento mítico wayuu en las tomas de decisiones legítimas… en donde los relatos de Juyaa y Pulowi inciden en la comprensión de las lluvias y de las sequías… entender la personificación del hambre en la figura de Jamü, el tirador de flechas, o volver a las interpretaciones del relato de Waleker, la abuela araña, que enseñó a tejer a las mujeres wayuu… y palpar el simbolismo del telar donde hilo y palabra se mueven en el tejido de diálogos, debates y acuerdos… es asumir la función de escuchar la memoria de la tierra y desde allí proyectar los indicadores de los Planes de Desarrollo… así de sencillo y desafiante es hacer Acuerdos en La Guajira.

Seguimos esperando la disposición del Gobierno del Cambio hacia una relación democrática con todas las comunidades wayuu… no con las elegidas por los voceros… los invitamos a construir Painwajirawa, desde lo sustancial (Wayuwa), desde el conjunto de principios (Sukuai’pa)… desde el diálogo de las sinceridades, desde el debate de las diferencias y hacia el Acuerdo de las corresponsabilidades.

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Director 6AM Hoy por hoy – Caracol Radio

Los periodistas estamos bajo fuego. Lo hemos estado desde el momento mismo en que el periodismo es periodismo. Pero, como no somos historiadores, hablaremos de la lluvia de obuses que recibimos hoy y que se multiplica con la impunidad implícita del mundillo, o, más precisamente, del “inmundillo” de redes.

La estrategia está servida: desprestigiar al que revela; acabar la honra de quien investiga; calumniar a los que informan. El periodismo no hace formalmente parte de la institucionalidad, porque, si fuera una institución, sería una fundada en no tragar entero la actividad de las instituciones. Pero, en tanto parte de la libertad de expresión, es el periodismo uno de los pilares de la democracia y un bien común, así que los medios y los periodistas son blanco y objeto de mira en tiempos especialmente agitados.

Lamentablemente no el último, sino el más reciente episodio, lo vivimos en esta casa informativa, cuando fue público que el general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca del Ejército, declaraba a investigadores de la Fiscalía que periodistas de La W habían recibido algún tipo de dádiva a compensación por hacerle “buena prensa” a otro oficial, el general John Rojas.

Al hacer acusaciones temerarias, sin prueba alguna, el general Mejía desdice del valor enorme que representa el uniforme que porta. Porque el código de ética institucional que obliga al general en cada una de sus actuaciones privilegia, por sobre todo, el respeto, entendido por el Ejército como la “profunda consideración por las personas y su dignidad”.

Las declaraciones que enlodan a los colegas de La W sin sustento real, en lo que no es algo diferente a una disputa entre oficiales, germinan lejos de la honestidad, lejos de la prudencia, lejos de la transparencia y, en general, señor general, lejos del código de honor del soldado colombiano.

Repugnante la guerra civil en que se comprometen dos generales, dos servidores públicos, pero más repulsivo ver que la libran a costa de principios, y recurriendo al desprestigio de los periodistas y medios de comunicación.

Está en mora el general Mejía de exhibir las pruebas que respalden su atentado a la ética de los colegas de La W o, de inmediato, proceder a la correspondiente rectificación. No porque la pidamos los medios, sino porque la exigen los fundamentos de rectitud que le permiten portar el uniforme.

Llegó, general Mejía, de ponerse firme junto al deber supremo de la verdad.

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