La Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en su título IV capítulo II, crea un procedimiento legal para restituir y formalizar la tierra de las víctimas del despojo y abandono forzoso, que se hubieren presentado desde el 1 de enero de 1991 con ocasión del conflicto armado interno. El procedimiento es mixto en cuanto se compone de una etapa administrativa (inscripción en el registro de tierras despojadas) y de un recurso judicial (acción de restitución).
En esta oportunidad, en ANP Noticias hemos invitado a tomarnos un café al director de la Unidad de Restitución de Tierras, URT, Rangel Giovani Yule Zape, maestro de sabiduría reconocido por la UNESCO, indígena del Pueblo Nasa, nacido en el Resguardo Ancestral de Huellas, del municipio de Caloto, departamento del Cauca, Psicólogo de profesión de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, quien llegó a la entidad hace 18 meses.
Con él hablamos de cómo encontró la URT, qué se ha hecho en este año y medio de su administración y de los objetivos y metas para este 2024.
ANP: Usted llegó a la Unidad de Restitución de Tierras hace 18 meses. ¿Cómo encontró la entidad?
RGY: Cundo llegamos a la Unidad de Restitución de Tierras nos encontramos con varias preocupaciones. Una de ellas, fue que del total de las solicitudes que habían entrado a la entidad, más o menos unas 150 mil solicitudes, sólo se habían tramitado unas 104 mil y de esas, se habían negado casi el 65%; decir, había una negación sistemática de las solicitudes de todas las víctimas que habían hecho el propósito de presentar sus denuncias en esta institución.
Eso de entrada nos causó una preocupación muy grande porque, además, habían un llamado de atención por la Procuraduría, por la Contraloría y por la Defensoría del Pueblo.
Cuando comenzamos a mirar qué pasaba, encontramos que efectivamente, aquí había un grupo de profesionales, un grupo minero-energético, que cuando entraba la solicitud de la víctima, lo que hacían era una revisión y sí traslapaba un proyecto minero o energético del territorio, entonces la negaban.
Eso quiere decir que prevalecía el poder económico de estos grandes proyectos sobre los derechos fundamentales a que las víctimas fueran restituidas, lo cual, es totalmente un exabrupto, porque esta Institución está esencialmente, para favorecer a las víctimas que han sido despojadas.
De igual manera, nos encontramos con varias situaciones, como son las demandas y un alto número de sentencias sin cumplir. Las sentencias son órdenes judiciales y estaban ahí, guardadas.
Este es un proceso, que es casi un litigio, desde que entra la solicitud. Primero, tomamos la parte administrativa, donde hacemos tode el ejercicio de recopilación de la información, los estudios técnicos, topográficos, catastrales y, después de que probamos que en realidad el predio o el territorio ha sido despojado, en el marco de la Ley 1448, entonces llenamos el registro de tierras despojadas y abandonadas.
Después de llenar este registro, presentamos la demanda ante un juez de restitución y allí, ya ese proceso le corresponde a la rama judicial. Ellos son los que hacen los litigios con los segundos ocupantes, con los terceros ocupantes, los que se oponen.
Después de ese litigio, entonces se da una sentencia, en la que, por supuesto, en la mayoría de los casos, se da la orden de que se restituyan las tierras, los territorios o los predios.
Por lo regular, estas órdenes se les da a varias instituciones: a la Agencia Nacional de Tierras, porque es su competencia en lo que tiene que ver con la expedición de las resoluciones que restituyen los predios, las tierras o las fincas.
También salen sentencias hacia la Unidad para las Víctimas, para que haga la reparación integral de quienes han sido despojados de los territorios; le dan el mandato también al Ministerio de Educación para el tema del derecho a la educación; al De Salud, para todo lo que tiene que ver con el derecho a la salud; al de Vivienda, para que se le haga su vivienda a la víctima restituida.
Las sentencias lo que hacen es decirle a cada institución lo que le corresponde hacer a la víctima beneficiada.
A nosotros nos corresponde coordinar todas estas entidades para que se cumpa las sentencias y, además, también desde acá hay la posibilidad de que ayudemos a hacer con la comunidad o con las familias o con las víctimas unos proyectos de seguridad alimentaria.
Después de las sentencias, vamos a las comunidades, coordinamos y acordamos cuáles son los proyectos de seguridad alimentaria y asignamos unos recursos importantes para estos procesos.
Nos encontramos con muchas sentencias sin cumplir.
ANP: Hoy, dieciocho meses después, ¿cómo está la Unidad?
RGY: En primer lugar, tenemos, por ejemplo, que, de las solicitudes, logramos invertir el porcentaje. De las solicitudes que están entrando a la Unidad, se están aprobando el 72%. Eso quiere decir que hay una desaprobación del 28%; es decir, de cada 10 solicitudes, se están aprobando 7; mientras que cuando llegamos, de 10 solicitudes, se estaban negando casi 7, el 6.5%.
En segundo lugar, hemos visitados muchos territorios con los que logramos tener un ejercicio de coordinación con el movimiento social, con el movimiento campesino, con el movimiento afro, con el movimiento indígena, con los movimientos defensores de derechos humanos.
Hemos tenido una presencia muy importante en el territorio. Nosotros somos hijos del territorio, de los procesos del movimiento social y, en consecuencia, eso le ha dado mucha confianza a la Institución para acercarse nuevamente a estos territorios, a las comunidades y a las víctimas.
En tercer lugar, en estos dieciocho meses, hemos podido avanzar en 51% del número de hectáreas que se han colocado en demanda y, en estos momentos, están en la etapa judicial. Tenemos más de nueve millones setecientas mil hectáreas que están en demanda judicial, de las cuales, cerca de cinco millones se han hecho en este periodo.
O sea, en este año y medio que llevamos en la Unidad, hemos hecho más de lo que habían hecho los anteriores gobiernos, desde el año 2012, cuando se constituyó la Unidad de Restitución de Tierras,
Eso significa que ya le corresponde a la Rama Judicial mirar cómo desembotella todo ese número de hectáreas que han sido demandadas ante los jueces.
Allí tenemos también otros avances. Además de aumentar algunos juzgados de restitución, también logramos que se aprobaran cinco juzgados étnicos, porque en la mayoría de lo que tiene que ver con las tierras que han sido despojadas, ha sido por lo regular a comunidades indígenas, comunidad afro y comunidad de campesinos.
ANP: En ese proceso, ¿qué papel juega la Jurisdicción Agraria, aprobada recientemente?
RGY: La Jurisdicción Agraria va a jugar un papel muy importante porque, por supuesto, todos los temas y todo lo que tiene que ver con la tierra y el territorio van a estar en el marco de una jurisdicción que va a resolver estos asuntos.
Pero como la Jurisdicción Agraria apenas se aprobó en el Congreso, estamos en tránsito de cómo se puede implementar esa norma. Mientras tanto, la restitución sigue desarrollando sus actividades normalmente.
Lo cierto es que nosotros tenemos una prórroga de la Ley 1448 y cuando termine ese plazo, por supuesto, los asuntos que no se han resuelto, pasarán a hacer parte de la Jurisdicción Agraria.
Pensamos, que, para ese tiempo, ya estarían consolidados los juzgados y los jueces y todo lo que tiene que ver con la estructura judicial de esta Jurisdicción.
Eso es lo que estamos pensando y aportando todo lo que sea posible para que la experiencia que hemos tenido en la restitución a nivel nacional, también ayude a dar unos elementos importantes en lo que tiene que ver con los inicios de la implementación de esta norma tan importante, como es la Jurisdicción Agraria.
ANP: Hay unas poblaciones que son de prioridad para el Gobierno del presidente Petro. Las víctimas y desplazados, las mujeres y los grupos étnicos y afro, entre otros. ¿Cómo ha venido trabajando la Unidad hacia estos grupos?
RGY: Nosotros cuando llegamos aquí lo primero que hicimos fue consolidar unos procesos con el movimiento campesino. Logramos desarrollar una gran Asamblea de Organizaciones Campesinas, de tal manera que se constituyó una Mesa Nacional Campesina.
De igual manera, se constituyeron cinco mesas campesinas regionales, para darle fuerza a lo que se venía haciendo, ya que era la solicitud del campesino, en el sentido de que se le reconociera como sujeto colectivo de derechos fundamentales.
Por eso, nosotros apenas llegamos, inmediatamente convocamos al movimiento campesino y sacamos un direccionamiento en ese sentido, Ya hay una dinámica con este sector muy importante.
En el tema étnico, afro e indígena, hay unos decretos que orientan el ejercicio colectivo de lo que es la restitución y allí lo que hicimos fue reglamentar el Fondo. Cuando entramos, el Fondo de Restitución de Tierras solamente beneficiaba a la ruta individual, pero no lo hacía a la ruta colectiva y a la ruta indígena y afro.
Lo que hicimos, fue modificarlo para igualar en condiciones las mismas prerrogativas; para que desde el Fondo se pudieran financiar no solamente proyectos productivos, sino otra serie de cosas que nos permita fortalecer esos planes de vida, tanto de la población afro como en la población indígena.
El año pasado logramos implementar una estrategia de seguridad alimentaria en 13 comunidades étnicas por un valor más o menos de 33 mil millones de pesos. Una cifra muy importante. Trabajamos para que esos recursos lleguen a los territorios, lleguen a las comunidades y a los sectores más vulnerables.
De igual manera, logramos plantear la Política de Mujer y Género. Fuimos una de las primeras instituciones que logramos implementarla, de tal forma que la mujer pasó a ser también, en igualdad de condiciones, sujeto político y que sea beneficiada por la restitución. Por lo regular, a quien se beneficia es al hombre.
Ahora, en el marco de lo que hemos venido construyendo, esta nueva era, en este nuevo propósito del Plan Nacional de Desarrollo, la idea es que igualemos las condiciones y los derechos fundamentales de las mujeres y todo el tema que tiene que ver con género. En esto hemos avanzado y es muy importante.
Así mismo, hemos priorizado a los mayores porque aquí hay procesos donde los mayores llevan mas de diez, ocho, siete o cinco años esperando la restitución y no ha sido posible. Hemos dicho que tenemos que priorizarlo, porque muchos han muerto y no han recibido su derecho a la restitución.
Son sectores que han sido priorizados en el marco de la implementación de este derecho fundamental como es la restitución.
ANP: ¿Y qué papel ha jugado el hecho de que el campesino hoy sea considerado sujeto de derechos?
RGY: Ha sido un tema muy importante porque de alguna manera históricamente el campesinado se mencionaba en la Constitución, pero no tenía un ejercicio de Política Pública. Ya con este derecho fundamental, sabemos que es un sujeto político. Incluso la idea, en cabeza del presidente Gustavo Petro y de todos nosotros del equipo de Gobierno, es que las comunidades campesinas se organicen, que puedan potencializar su ejercicio organizativo, territorial y de esa manera, puedan desarrollar un ejercicio que fortalezca el derecho colectivo.
Entonces, estamos en eso, ya se hizo la Asamblea Nacional Campesina y se han venido haciendo otros espacios. En el marco de la Mesa Nacional Campesina se esta constituyendo lo que ellos llaman una comisión mixta, que es un espacio donde el Gobierno Nacional con el sector campesino avanzan en todo lo que tiene que ver con la construcción de la Política Pública.
ANP: Retomando el tema de las demandas, ¿qué tan viable es el camino de un acuerdo o un arreglo con la persona que posee esa tierra arrebatada, que evite ir hasta esas instancias y entregue voluntariamente las tierras?
RGY: Nosotros hemos venido estudiando varias estrategias. Una primera, es que los procesos que no tengan oposición, en el marco de la restitución, pues reglamentemos la Ley 1448. Es un proyecto que está en el Congreso de la República, ya paso el trámite en la Cámara y ahora pasa al Senado, de tal manera que esos procesos que no tiene oposición los saquemos en etapa administrativa.
De esta manera, agilizaríamos mucho el tema de la restitución porque, un poco en el estudio histórico, nos dimos cuenta que el 70% de la ruta individual de los procesos no tienen oposición. Entonces, un proceso que no tiene oposición para qué se lleva a un litigio ante un juez o ante un Tribunal. Eso no tiene sentido.
La idea es que pueda hacer trámite este proyecto de Ley y ojalá que el Congreso de la República no pueda aprobar esta posibilidad, porque eso agilizaría mucho el tema de la restitución.
Por otro lado, precisamente en estos días, estamos en conversaciones con la ministra de Agricultura, con el director de la Agencia Nacional de Tierras e incluso con el presidente de la República, en el sentido de que las víctimas que han sido despojadas de los territorios, de las tierras o de las fincas, son víctimas que, por naturaleza jurídica, tienen el derecho a la Reforma Agraria.
En consecuencia, estamos tratando de organizar una ruta para que, en el marco de la compra de las tierras que está haciendo la ANT, podamos directamente comprarles tierras a estas personas que han sido víctimas.
Entonces, se les compra la tierra y que el proceso siga. Cuando se haya sentencia, entonces se hace un proceso de equilibrio. Es decir, comprarle la tierra a quien la tiene para entregársela a quienes fueron despojados, precisamente, en el mismo territorio. En este caso, no tendría que surtirse todo el proceso del litigio de la restitución.
Por eso, estamos tratando de organizar una ruta que nos permita, por ejemplo, decir que los que están en el Registro de Tierras Despojadas, automáticamente, se puede comprar las tierras y entregárselas para subsanar esta situación.
Estamos hablando de las víctimas, de quienes han sido despojados, que están en proceso de restitución, pero no han recibido sus tierras porque tenemos que esperar algún tiempo, quizás años, para que salga una sentencia. La propuesta es comprarle una tierra y dársela. ya mismo, sin esperar a que el proceso termine.
Tenemos que aprovechar, porque hay 5.2 billones de pesos en la ANT para comprar tierras. Si las víctimas no entran ahí a ser amparadas, estaríamos perdiendo un tiempo precioso. La idea es restituir a las víctimas rápidamente, en lo que podría ser un ejercicio de reparación temprana, antes de que terminen sus procesos de litigio y de restitución. Esa es otra ruta que estamos organizando.
Además, en esta política de compra de tierras que hace la ANT, estamos en un ejercicio de cruce de información y todas las fincas o los predios que están en proceso de restitución, pues el gobierno no las puede comprar porque son tierras despojadas.
El otro tema, es mirar cómo acabamos de saldar un compromiso que tiene que ver con las sentencias. Cuando llegamos aquí todas las sentencias estaban ahí, amontonadas y no se les había dado cumplimiento. Una sentencia es una orden de perentorio cumplimiento, pero resulta que la institución no había avanzado en su cumplimiento. No solamente esta institución sino todas las instituciones que están involucradas.
Estamos haciendo un ejercicio de hacer un plan choque para mirar cómo le damos cumplimiento a esas sentencias, porque ya hay órdenes judiciales para que se les restituyan los predios a las víctimas.
Eso ha sido año tras año y la verdad, es que da desespero, porque uno que es del campo, que es del territorio, pues quisiera que esos temas se hicieran rápido, pero hay unos procesos y unos procedimientos. Al final, uno dice con tanta demora cuándo vamos a lograr que eso se materialice.
Estamos tratando de mirar por otros lados a ver como le hallamos la forma al asunto y que las víctimas se puedan beneficiar en este gobierno y entrar en un ejercicio de lo que podríamos llamar, una gran reparación colectiva de las víctimas, porque si no hacemos la reparación, cómo vamos a buscar un tema de reconciliación para lograr una paz total.
Tenemos que curar todas estas heridas que nos ha dejado la violencia en toda Colombia.
ANP: ¿Qué viene para este 2024?
RGY: Para este año se viene, precisamente, el año de nuestro Gobierno. Este año 2024 creo que tenemos que mostrar los resultados que están planteados en el Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos unos presupuestos para operativizar ese PND y el tema de la Reforma Agraria y el tema del Ministerio de Agricultura, que es uno de los ministerios que más recursos tiene.
Vamos a mirar como juntamos los esfuerzos de la Unidad de Restitución de Tierras, la ANT para comprarles tierra a todas las víctimas que están en proceso de restitución,
Eso significaría que, además de tener los resultados de la restitución de este año, también tendríamos resultados en compra de tierras para las víctimas que están en proceso. Nos va a permitir mostrar dos resultados: el resultado de la restitución con su proceso normal y también, la compra de las tierras para las víctimas, que sería una noticia muy importante para ellos, en este 2024.
Esperamos colocar toda la estructura, las 16 territoriales. Liderar un proceso muy importante, donde podamos hacerlo expedito, rápido. Ya estamos mirando si se constituiría en un programa especial, porque la idea es darles una atención prioritaria a las víctimas y podría vía decreto, para no enredarnos.
A veces, aunque esté la plata, no se agiliza la compra porque son procesos muy engorrosos
Y por supuesto, el trabajo coordinado con la Unidad para las Víctimas, porque ese ya es un trabajo que tienen las víctimas. Creo que este año vamos a mostrar resultados muy importantes porque hemos estado hablando con la directora, Patricia Tobón, y ahí vamos a mirar como los presupuestos de este año los implementamos en los sectores más vulnerables, los sectores más retirados, los sectores que más han sufrido la violencia y ahorita, están en la posibilidad, de que, desde el Gobierno Nacional, se les pueda hacer una inversión importante para fortalecer sus proyectos y sus planes de vida.
Vamos a seguir restituyendo las tierras y los territorios para armonizar la vida de las víctimas y el cuidado de nuestra Madre Tierra.