Con 11 hallazgos fiscales por $2.308 millones, 77 hallazgos de carácter disciplinario y 2 con posible incidencia penal, concluyó la auditoría financiera realizada por la Contraloría General de la República al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, correspondiente a la vigencia 2024.
Al respecto, el órgano de control fiscal señaló que los hallazgos fiscales se concentraron principalmente en las regionales del SENA en Santander y Antioquia. Se evidenciaron deficiencias en la gestión fiscal, tales como debilidades en la supervisión y ejecución de contratos, manejo inadecuado de inventarios, problemas en el suministro de tiquetes y transporte de aprendices, así como ausencia de soportes para los pagos realizados, entre otros aspectos.
En tal sentido, se destaca que en el proyecto de ampliación del SENA – Centro Agroecológico de San Gil (Santander), se configuró un hallazgo fiscal por $1.008 millones, correspondientes a recursos entregados a un tercero para la prestación de asistencia técnica y la administración de fondos.
No obstante, 70 meses después de la firma del contrato, la necesidad que se pretendía satisfacer aún no ha sido atendida. A febrero de 2025, el informe de avance de obra presentado por el contratista (Fondo Mixto para la Promoción del Deporte) reportó apenas un 1,5 % de ejecución.
Por su parte, en la Regional Antioquia del SENA, se identificó un hallazgo fiscal superior a $645 millones, derivado de la ausencia de 256 elementos en bodega sin las respectivas resoluciones de baja.
Esto, según la CGR, contraviene la guía para la administración y control de bienes y evidencia una grave deficiencia de control interno, al no realizarse seguimiento a lo estipulado ni cumplirse el Manual de Políticas Contables del SENA.
Resultados
La auditoría financiera, adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector de Inclusión Social, incluyó la revisión de las regionales departamentales del SENA en Antioquia, Arauca, Atlántico, Casanare, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y la Dirección General.
Como resultado de este ejercicio auditor, la Contraloría General no feneció la cuenta del SENA, con base en la opinión sobre la razonabilidad de los estados contables, la gestión y el manejo del presupuesto, así como la eficiencia y calidad del control interno financiero.
La CGR emitió Opinión Negativa sobre los estados contables de la entidad, al no reflejar razonablemente, en todos los aspectos materiales, su situación financiera al 31 de diciembre de 2024. En consecuencia, también se emitió una Opinión Presupuestal con Salvedades.
En tal sentido, se resalta que las principales incorrecciones que afectaron la opinión presupuestal corresponden a la constitución de reservas presupuestales sin el cumplimiento de los requisitos normativos, situación que impidió su refrendación y afectó los recursos de la vigencia 2024.
Estas deficiencias se asociaron a fallas en la planeación, en contravía del principio de anualidad presupuestal. Además, se identificó una falta de seguimiento a la ejecución de las vigencias futuras. Beneficios de auditoría
De acuerdo con el órgano de control fiscal, la auditoría financiera generó impactos positivos en el uso de los recursos públicos por parte del SENA. Producto de las observaciones comunicadas, se lograron beneficios de auditoría por un total de $4.958 millones.
El más representativo corresponde a $4.855 millones, relacionados con el pago de rendimientos financieros establecidos en un contrato de encargo financiero, suscrito para el desarrollo de obras civiles en el proyecto “Actualización de la infraestructura física del Centro Agroturístico de San Gil – Santander”.
En este contrato, además, se evidenció un posible hallazgo penal por contratación sin el lleno de los requisitos legales.
Contratos de obra – Regional Magdalena
La Contraloría General evidenció graves deficiencias en dos contratos suscritos por el SENA – Regional Magdalena, por un valor de $2.493 millones, destinados a la construcción de almacenes en los centros de Gaira y Promoción Ecoturística.
Estos proyectos, iniciados en 2023 y actualmente suspendidos, presentan ausencia de estudios técnicos y topográficos actualizados, fallas en las etapas precontractual y contractual, así como modificaciones no justificadas técnicamente.
Asimismo, se identificó falta de control por parte de la interventoría. Estas deficiencias comprometen la correcta ejecución de los recursos públicos y afectan el acceso a infraestructura educativa adecuada. La CGR hará seguimiento y evaluará posibles responsabilidades fiscales y/o disciplinarias.