Con el inicio de labores de la Comisión para la identificación de las víctimas de la Unión Patriótica (UP), comenzó el proceso de verificación de identidad y reparación, en el cual se designó a la Unidad para las Víctimas como entidad ejecutora de los recursos por la experiencia en liderar los procesos de atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado.
Al respecto, se destacó que los tres comisionados que integran dicha Comisión oficializarán este martes, 16 de abril, su funcionamiento a través de un acto simbólico, como muestra del camino que han surtido los integrantes del partido político para solicitar por décadas enteras el reconocimiento y la reparación por parte del Estado colombiano.
En esta oportunidad, el espacio contará con la participación de Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas, quien hablará del compromiso de la entidad para cumplirle a las víctimas de la Unid Patriótica y avanzar en sus indemnizaciones.
Por su parte, la comisionada, Ana Teresa Bernal Montañez, y los comisionados, Rubén Darío Pinilla Cogollo y Alejandro Valencia Villa, entregarán información acerca de la operatividad de la Comisión y los mecanismos diseñados para la atención de alrededor de 21.000 víctimas.
En este sentido, se informó que se trata de un número estimado a partir del análisis de los anexos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), documento que da lugar a esta reparación. Adicionalmente, se contará con la participación de delegados de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, representantes de víctimas y beneficiarios de la sentencia.
Contexto sobre la reparación a la UP
El 27 de julio de 2022, la Corte IDH emitió la sentencia en el caso “Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia”. En este fallo, se responsabilizó al Estado colombiano por las violaciones a los derechos humanos cometidas a más de 6.000 víctimas que conformaron la Unión Patriótica (UP) desde 1984 y por más de 20 años.
Esta decisión fue notificada al Estado colombiano el 30 de enero de 2023, impartiendo dos órdenes principales, señaladas en los números resolutivos 25 y 38. En el primero, se dispone la creación y puesta en funcionamiento de la Comisión de Constatación de la Identidad y Parentesco de las Víctimas Listadas en los Anexos II y III (documentos que vinculan a las más de 5.000 víctimas indirectas de la UP, relacionadas a la sentencia).
En el segundo, indica “las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de daños materiales e inmateriales”, y por otros conceptos a favor de determinados integrantes de la familia Díaz Mansilla.
Papel de la Unidad para las Víctimas
En octubre de 2023, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1643 en el que designó al Ministerio de Hacienda como el encargado de disponer los recursos necesarios para darles cumplimiento a las órdenes 25 y 38 de la sentencia emitida para la Corte IDH y realizar los correspondientes traslados presupuestales a la Unidad para las Víctimas, como entidad ejecutora.
Para el pago de las indemnizaciones materiales e inmateriales a las víctimas, la sentencia las diferenció en tres documentos. Por ello, la Unidad para las Víctimas señaló que “viene realizando todas las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a lo ordenado por el Decreto 1643 del 2023 en articulación constante con los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y del Derecho; la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado y la Comisión para la identificación de las víctimas de la Unión Patriótica”.