El Proyecto de Ley 287 de 2023, que reconoce la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) y reglamenta su coordinación con el sistema de justicia nacional, continúa su trámite en el Congreso de la República.
Durante la sesión en la Comisión Primera del Senado, fueron aprobados los 57 artículos que componen esta iniciativa legislativa, un hito que marca un paso decisivo en la construcción de un sistema de justicia verdaderamente plural e incluyente.
Según la cartera de Justicia, esta ley tiene como propósito saldar una deuda histórica con los pueblos indígenas, reglamentando el artículo 246 de la Constitución Política, que desde 1991 ordena al legislativo establecer mecanismos de coordinación entre las jurisdicciones.
Igualmente, destaca que, durante más de tres décadas, la falta de una normatividad clara ha generado conflictos interjurisdiccionales y vacíos que han debido ser abordados por la Corte Constitucional mediante decisiones aisladas, sin procesos de consulta previa.
Al respecto, la viceministra de Promoción de la Justicia, Helen Ortiz Carvajal, afirmó que “el Ministerio de Justicia celebra la aprobación del proyecto de ley que articula la Jurisdicción Especial Indígena con la justicia nacional, en cumplimiento del artículo 246 de la Constitución”.
Igualmente, la funcionaria agregó que “la ley, construida en el marco de una consulta previa en la que participaron más de 5.000 indígenas, reconoce la justicia propia, define competencias claras y principios como mujer, familia y generación. Además, incorpora herramientas como la mediación lingüística, garantizando una justicia intercultural y respetuosa de los derechos de los pueblos indígenas”.
El Ministerio de Justicia y del Derecho y el Consejo Superior de la Judicatura en articulación con las organizaciones indígenas que conforman la Mesa Permanente de Concertación, lideraron un proceso riguroso de construcción participativa del proyecto de ley y adelantó la consulta previa, libre e informada, garantizando así los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
“Con este avance legislativo, el país da un paso firme hacia el fortalecimiento del pluralismo jurídico, el acceso efectivo a la justicia en los territorios y la eliminación de la impunidad, reconociendo el valor de los sistemas propios de justicia indígena y su articulación armónica con la institucionalidad nacional”, enfatizó el Ministerio de Justicia.