La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 032 de 2023, en la que entrega recomendaciones a las autoridades para que actúen debido al accionar y expansión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo) en las comunas 1, 3, 4 y 5 de Valledupar, capital del departamento del Cesar.
Así mismo, el llamado de la entidad se extiende a ocho de sus corregimientos: Aguas Blancas, Mariangola, Villa Germania, Caracolí, Guaimaral, Los Venados, El Perro y La Mesa-Azúcar Buena.
“Hago un llamado a los gobiernos nacional y local para que ejerzan el control basado en los derechos humanos. Las autoridades deben garantizar los derechos de los ciudadanos y no pueden permitir que las AGC ejerzan el control social, fenómeno que, mediante amenazas, extorsiones, tratos inhumanos, entre otras prácticas crueles, tiene afectadas a las comunidades”, expresó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Sobre el particular, el documento, elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la entidad, detalla que en Valledupar y su zona rural se han presentado homicidios selectivos contra personas defensoras de derechos humanos y lideresas y líderes sociales; también, contra población socialmente estigmatizada. Algunos de los actos criminales han sido reconocidos públicamente por las AGC, ya que dejan mensajes en los que se atribuyen su autoría.
“En la Alerta Temprana evidenciamos que este grupo armado ilegal realiza cobros por supuestos servicios de vigilancia y seguridad. El accionar de las AGC ha derivado en desplazamientos forzados; algunos de ellos, intraurbanos”, aseguró Carlos Camargo Assis.
Sobre el particular, la Defensoría recordó que el Gobierno Nacional había establecido, vía decreto, un cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional del que formaban parte las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), el cual inició el primer día de este año e iba hasta el 30 de junio anterior.
Sin embargo, agregó la entidad, el armisticio llegó a su fin en la tercera semana de marzo por orden del presidente de la República, porque, según él, esa estructura armada incumplió con lo establecido en el Decreto 2658 de 2022.
De igual manera, la Defensoría llama la atención en que “para revestirse de un discurso político y social, otra de las acciones que ejerce ese grupo armado ilegal está relacionada con la cooptación de liderazgos. Además, ha realizado acciones propagandísticas para presionar su reconocimiento como actor político beligerante, de cara a un eventual proceso de negociación con el Gobierno central”.
“Si quieren conversar, sean serios, demuéstrenlo con gestos que aporten a la verdadera construcción de la paz. Vulnerar los derechos humanos, ir en contravía de la normativa consignada en el derecho internacional humanitario, ejercer cuantas acciones criminales se les ocurre, no son precisamente acciones merecedoras de tener asiento en una fase de conversaciones”, recalcó Carlos Camargo Assis.
Finalmente, el Defensor del Pueblo destacó que el pasado 14 de septiembre se llevó a cabo la sesión de la Comisión Interinstitucional para la Respuesta a las Alertas Tempranas (Ciprat), en la cual la Entidad presentó la alerta a las autoridades del orden local y nacional con el fin de que se presente un plan de acción para atender las recomendaciones de la Entidad.
Teniendo en cuenta el escenario de riesgo advertido, la entidad hizo 20 recomendaciones a entidades del Gobierno Nacional y autoridades regionales. “Es imperativo que implementen acciones bajo la perspectiva de derechos humanos y según lo establecido en el derecho internacional humanitario”, puntualizó el Defensor del Pueblo.
Respeto a misiones humanitarias
De otro lado, El Defensor del Pueblo rechazó la afectación de un grupo armado ilegal al desarrollo de una misión humanitaria en Arauca, en un hecho sin precedentes en los últimos años del conflicto armado en el país.
“Como Defensor del Pueblo veo con absoluta preocupación la degradación que está sufriendo el conflicto armado en Colombia, de manera particular con lo ocurrido en Arauca a una misión humanitaria liderada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en el que participó la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPPOEA), la Misión de Verificación de la ONU y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz”, aseguró Carlos Camargo Assis.
El respeto a las misiones humanitarias es una regla básica inquebrantable del conflicto armado no internacional, que permite que entidades como el Comité internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo puedan trabajar para la protección de los heridos, los secuestrados y retenidos con la única finalidad de garantizar sus más básicos derechos.
“Lamentamos que una misión humanitaria dirigida a rescatar persona que estaban en poder de las disidencias de las FARC, y que fueron entregadas a un equipo encabezado por el CICR, fuera interceptada por hombres armados que se identificaron como integrantes del ELN y se llevarán a las personas que habían sido rescatadas, bajo el argumento de que pertenecían a sus tropas”, aseguró el Defensor del Pueblo.