El Ministerio de Justicia y del Derecho, con acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, logró un acuerdo para que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, garantice que no se suspenda el suministro de alimentación a las personas privadas de la libertad, que permanecen en las estaciones de policía y en las unidades de reacción inmediata, URI.
La mesa de trabajo, en la que también participaron la USPEC, Asocapitales, Asointermedias, Fedemunicipios, Fedepartamentos, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, acordó que la USPEC prorrogará el actual contrato de alimentación hasta el 31 de octubre de 2023, para garantizar la prestación ininterrumpida del servicio en los centros de detención transitoria.
Igualmente, a dar trámite expedito a un proyecto de ley cuyo contenido se oriente únicamente a otorgar la competencia provisional a la USPEC, para que pueda continuar brindando el servicio de alimentación en los centros de detención transitoria, como lo viene haciendo. La competencia transitoria se fijará hasta el 30 de junio de 2024.
En tal sentido, se indicó que Asocapitales, Asointermedias, Fedemunicipios, Fedepartamentos y la USPEC solicitarán a las autoridades de municipios y departamentos incluir y aprobar en los presupuestos de la vigencia 2024 las partidas necesarias, de tal manera que los nuevos gobiernos locales, en su primer año de gobierno, cuenten con los recursos en materia penitenciaria y carcelaria, en el marco de sus competencias.
Así mismo, a mantener la mesa técnica con la presencia de los diferentes actores, para asegurar la articulación Nación y territorios, frente al sistema penitenciario y carcelario.
El ministro de Justicia destacó que con este acuerdo ninguna persona privada de la libertad se va a quedar un solo día sin recibir su alimentación, y anunció que el mismo será puesto en conocimiento de la Corte Constitucional.
“Simultáneamente, vamos a explicar a la Corte Constitucional por qué los entes territoriales no pueden asumir de inmediato esta competencia, para que el alto tribunal determine un marco temporal transitorio, de tal manera que la USPEC deje de asumir esta obligación, sin que se generen traumatismos para las personas privadas de la libertad y sus familias”.