La Defensoría del Pueblo advierte sobre la necesidad de que sean implementadas acciones planificadas y estructurales a largo plazo, ante un posible desabastecimiento, sobre todo porque la disminución de los niveles no es coyuntural, pese a la flexibilidad de las medidas de racionamiento de agua en Bogotá y municipios aledaños.
Cabe recordar que en la segunda semana de abril pasado la administración distrital puso en marcha ciclos de racionamiento en nueve turnos, pues el nivel de los embalses del Sistema Chingaza en ese momento apenas superaba el 16%,
En esta oportunidad, la institución nacional de derechos humanos reitera su alerta hecha en mayo de este año: si no se actúa de manera planificada y articulada, sus habitantes podrían enfrentarse a escenarios de desabastecimiento de agua que llegarían incluso a ser más agudos.
Al respecto, se destaca que la Defensoría, con el trabajo de su Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente ha venido haciéndoles seguimiento a los niveles en los embalses que abastecen del recurso hídrico a la capital colombiana y poblaciones vecinas,
De igual manera, la entidad enfatiza que es indispensable que las autoridades cumplan con las obligaciones legales de protección del medioambiente, incluyendo la preservación de ecosistemas sensibles, como páramos, ríos y humedales, y conservación de fuentes hídricas para garantizar la sostenibilidad del sistema de abastecimiento.
En tal sentido, se resalta que dicho pronunciamiento se da, aunque la nueva medida, que entró a regir este lunes 01 de julio, obedece a que el nivel de los embalses, con corte al 25 de junio, supera el 42% (la meta a octubre próximo es del 70%), derivado del comportamiento favorable de las lluvias, la medida inicial de racionamiento y el aporte de la ciudadanía en el ahorro de agua potable.
Teniendo en cuenta que el cambio climático genera periodos de sequía y lluvia más intensas y prolongadas, la Defensoría del Pueblo, como llamado general a las autoridades y entes competentes, los insta a buscar soluciones estructurales e integrales que permitan asegurar el acceso equitativo al agua como derecho fundamental, especialmente para las poblaciones vulnerables, conforme a las directrices de la Organización Mundial de la Salud.
Así mismo, les pide a los habitantes de Bogotá y sus inmediaciones continuar implementando un uso eficiente del recurso y medidas de ahorro que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático.