El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, luego de un trabajo realizado en terreno, hizo un llamado a las entidades gubernamentales, en particular al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para que destine los recursos que permitan terminar el cuarto módulo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR, en Tunja.
Igualmente, el funcionario solicitó que sean construidas las correspondientes en Cómbita, Oicatá y Tuta, en Boyacá, para disminuir la carga contaminante que llega al embalse La Playa”.
“Nos reunimos con las comunidades que nos solicitaron verificar la contaminación presentada en el embalse; también con los voceros de los cinco municipios del departamento afectados, quienes nos pidieron interceder para que las entidades cumplan con lo ordenado en la acción popular interpuesta hace 23 años”, indicó el Defensor del Pueblo.
En la visita al embalse, se evidenciaron malos olores, mosquitos y zancudos por cuenta de las aguas residuales que llegan de los municipios de Cómbita, Tunja, Oicatá y Tuta. Además, por los vertimientos de agua generados por los centros penitenciarios y carcelarios El Barne y Cómbita, los cuales han generado un escenario de eutrofización. Esto ha causado la proliferación del buchón de agua, que ha invadido gran parte del espejo de agua de La Playa.
“Toda esta situación tiene afectados a cerca de 6000 habitantes de la región, y es oportuno señalar que uno de los factores que genera mayor contaminación en la represa es el no estar consolidados la construcción y puesta en marcha del cuarto módulo de la PTAR de la capital de los boyacenses”, precisó Camargo Assis.
Así mismo, solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) tomar las medidas pertinentes para garantizar que las plantas de tratamiento de las cárceles El Barne y Cómbita cumplan con los límites normativos vigentes y soliciten el permiso de vertimientos para que, de esta manera, no afecten a las comunidades.
“También hago un llamado a Corpoboyacá, a la Agencia de Desarrollo Rural y a Usochicamocha para que adelanten mecanismos que sean técnicamente viables para la descontaminación del embalse, la gestión del buchón de agua, y para que se hagan periódicamente las fumigaciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, a las que se les están afectando sus derechos a un ambiente sano y a la salud”, indicó el funcionario.
En tal sentido, se informó que la Defensoría del Pueblo, como lo ha hecho a lo largo de 20 años, continuará haciéndole seguimiento al caso y acompañando las audiencias convocadas por el Tribunal Administrativo de Boyacá y las inspecciones que se adelanten tanto en la represa como en la PTAR de Tunja.